Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Pocos días pasaron luego de que se decretara el aislamiento preventivo obligatorio el 25 de marzo, para que las denuncias de arbitrariedades de la policía contra las y los ciudadanos comenzaran a ser conocidas. En este punto es necesario aclarar que según el Decreto 457, con el que se implementa esta medida, hay 34 excepciones para las restricciones de movilidad, en las que se incluyen trabajadores relacionados con bienes de primera necesidad, personal del sector de la salud, trabajadores de entidades bancarias, transportadores, entre otros.
También se debe puntualizar que aunque se pueden impartir sanciones, que incluso podrían generar de cuatro a ocho años de prisión, según el artículo 368 del Código Penal, y multas contempladas en el Decreto 780 de 2016, no es permitido llevar a las personas a Centros de Traslado por Protección (CTP), a menos que se cumpla con alguno de los motivos establecidos en el artículo 155 del Código de Policía y Convivencia:
“Por deambular en lugares públicos en estado de indefensión o bajo los efectos del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas, cuando la persona esté involucrada en riñas o presente comportamientos agresivos, cuando la persona esté en peligro de ser agredida y el traslado sea el único medio disponible para evitar el riesgo a la vida, cuando no haya una persona allegada que asuma la protección de la persona o cuando no sea posible trasladar a la persona a su domicilio”.
Cuestionamientos al actuar de la Policía
Un día después del inicio de la cuarentena se denunció a través de Twitter del primer abuso policial. Se trató de un hombre que, al momento de sacar a su perro, uno de los permisos que concede la medida de aislamiento, fue capturado por aproximadamente siete policías quienes lo tenían en el piso y luego de abusos y malos tratos a él y su esposa (quien puso la denuncia por medio de la red social), fue trasladado a un CAI. Según reporta, durante el camino golpeado por los agentes. María Camila, quien dio a conocer el caso, también afirmó que él fue obligado a firmar un acta de buen trato.
El 27 de marzo un nuevo hecho se registró en el Portal del Tunal. Se trató de una mujer que indignada cuestionaba a los policías que se encontraban en este punto, pues al parecer le estarían poniendo un comparendo, aun cuando ella argumentaba que trabajaba en un hospital y además tenía los documentos que soportaban esta afirmación.
La mujer a pesar de esto fue esposada. Ese mismo día una médica del hospital Simón Bolívar denunció que también se le impuso un comparendo por ir en su vehículo. Dos días atrás se conoció otro abuso a personal de la salud, cuando a un funcionario de Coopidrogas lo capturaron y además le rompieron el carnét y la carta con la que el trabajador argumentaba porqué debía salir a trabajar.
El 30 de marzo una nueva denuncia fue conocida, esta vez se trató de una mujer, que al igual que en el caso anterior estaba sacando a su mascota, cuando policías la detuvieron cerca al barrio Bosa Laureles. Tras esto la subieron a un bus de la Institución y como lo dio a conocer en entrevista en Caracol Radio, “en el camino me piden dinero para dejarme libre y me dicen que -también les podía dar otra cosa-”.
La quisieron llevar a un CTP, pero dadas las irregularidades del caso no permitieron el ingreso de la mujer a este establecimiento, por lo que en ese momento la dejaron libre.
Más adelante un bus de la Policía la retuvo de nuevo, y como lo comentó en el medio de comunicación: “(…) después de que bajan a todos los muchachos que iban en el bus, uno de los policías se me acerca y me dice que le entregue todo lo que tenga, luego me hizo quitar la ropa. Yo tenía 100.000 pesos en los senos, me los quitó y me dice que -tenía los senos muy lindos-, yo estaba tan asustada que tuve que vomitar”.
La mujer denunció a miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá que operan en los cuadrantes del CAI de Bosa Laureles y en las instalaciones de la Estación Séptima de Policía de la localidad de Bosa por violencia sexual, robo y extorsión.
Desnudamiento en vía pública
El 04 de abril Temblores ONG denunció que en el CAI de Lourdes siendo la 1:40 p.m., policías desnudaron a una persona en vía pública y le dispararon chorros de agua. La organización aclaró que “los desnudamientos en vía pública son tratos crueles, humillantes y degradantes que constituyen una forma de tortura. En ninguna circunstancia pueden se justificados con un robo o con una necesidad fisiológica”.
Como los casos anteriores, según la ONG, al martes 14 de abril se habrían registrado por lo menos 22 hechos de abusos de fuerza y autoridad por parte de la Policía Nacional en todo el país.
Esto entendiendo que los abusos se dan tanto por desconocimiento de los miembros de esta institución que ponen comparendos pasando por encima de las excepciones que se plantean en el Decreto 457, pero también por abusos que terminan en maltrato en los procedimientos de retención, comprendiendo, a su vez, que muchos hechos no son dados a conocer, por amenazas y hostigamientos por parte de agentes de la Policía.
A esto se le agrega que las investigaciones cuando se dan en estos hechos son lentas, incluso muchas quedan archivadas por falta de pruebas o porque se brindan beneficios judiciales a los Policías o se encubren sus acciones. Esto no es nuevo, pero sí es necesario advertir que bajo las condiciones que da el aislamiento preventivo obligatorio no se pueden legitimar los abusos de la Policía y peor aún cuando en estos tiempos es más difícil contar con entes que hagan veeduría de estas acciones en las calles.
Ante el hambre, represión
Desde la noche del 14 de abril las calles volvieron a ser el escenario de pronunciación de la gente ante el hambre y la ausencia de respuestas en los barrios de las periferias de Bogotá, durante las medidas que se han tomado en el marco de la emergencia sanitaria que ha provocado la propagación del Covid-19. Uno de estos puntos fue la localidad de Ciudad Bolívar, en donde en varios de sus sectores se registraron cacerolazos. Al día siguiente éstos continuaron solicitando prontas soluciones, y bajo el legítimo derecho a la protesta social, decidieron bloquear varias calles de esta zona de la ciudad.
Estos hechos se presentaron en barrios como Brisas, Los Alpes, Potosí, Canadá, Arabia, Arborizadora Alta, El Recuerdo, Candelaria la Nueva (al frente de la Alcaldía Local), Caracolí, El Paraíso, Nuevo Milenio, Alto de la Cruz, entre otros. El llamado en ese momento era claro y lo sigue siendo; la gente necesita comer y el hambre no da espera.
Sin embargo, en horas de la noche y tras casi 24 horas de protestas, llegaron las respuestas institucionales, y no fueron justamente las que se estaban esperando. A estos barrios lo que llegó fue la presencia del ESMAD y de la Policía, quienes, a través del miedo, correrías en las angostas calles de estos barrios, humillación y violencia, respondieron a la parada política y organizada de las gentes de estas zonas, quienes reclamaban por sus causas justas, y quienes viven esta situación ahora, con la propagación del Covid-19, como resultado de un olvido estatal y distrital en el que han estado las periferias.
Gases en los tejados de las casas; personas ahogadas, entre ellas niños y ancianos; intentos desesperados por grabar lo que sucedía en las calles; helicópteros sobrevolando la localidad 19 de Bogotá hasta la madrugada del 16 de abril, golpes, denuncias y por su puesto arbitrariedades, todo por parte de la Policía Nacional junto al ESMAD, fue lo que se vivió esa noche.
https://twitter.com/BabiloniaMauro/status/1250660986203394048?s=20
No obstante, la afirmación al otro día por parte de la Alcaldía es que la presencia de los uniformados había sido por un intento de saqueo, que de ser cierto entraría en cuestionamiento si la presencia del ESMAD y la represión que este escuadrón supone, era realmente necesario ante un hecho como el que planteó la alcaldesa. Asimismo, después diría que estas manifestaciones estaban ‘orquestadas’ por políticos de oposición. Alcaldesa, la organización barrial ha sido histórica, desconocerla es deslegitimarla, es pasar por encima de lo que se le está exigiendo y por los procesos que se adelantan en las periferias para el fortalecimiento del tejido social.
Herir e intimidar: soluciones para el hambre
“Tipo 7 p.m. subió al sector de Brisas un camión y tres patrullas de policías a dispersar los bloqueos pacíficos que se venían realizando. A las 7:45 p.m. llegó el ESMAD. En ese momento yo pasé por la parte de atrás de donde se estaban parqueando; ya que por ahí hay una subida directa a donde iba. Yo iba con una amiga, cuando un policía sacó su arma de dotación, preguntándonos qué hacíamos y para dónde íbamos. Le dije que no estábamos haciendo nada, que íbamos para la casa. Lo que él nos respondió fue: – que sea para la casa porque si lo veo arriba lo reviento- “, contó Andrés López, líder comunitario del barrio Brisas. Como lo cuenta Andrés, el uso de las armas de fuego fue uno de los actos que resaltó esa noche y las que siguieron en el marco de las protestas contra el hambre de la cuarentena en Ciudad Bolívar.
Uno de estos casos y de los más graves que dejaron los abusos policiales, se registró el 16 de abril, mientras en el barrio El Recuerdo la comunidad esperaba las ayudas del Distrito. “Todo fue por un supuesto camión que llegó con ayudas. En medio del hambre, las familias salieron a recibir las ayudas, de repente el camión se devolvió, lo cual despertó la furia de la gente. Hubo un forcejeo con la policía, que hacía presencia en la zona”, se afirmó a través del medio de comunicación alternativo El Parche Crítico.
En este hecho los policías le dispararon a Danny Darío Carvajal Castellanos de 23 años, quien luego de ver cómo uno de los agentes agredía con una pistola eléctrica a su hermana, quien está en estado de embarazo, respondió a los policías y estos le dispararon con arma de fuego en dos ocasiones; una en su estómago y otra en su mano.
En el hecho los policías se fueron, mientras que los vecinos fueron quienes trasladaron a Danny hasta el Hospital de Meissen, donde permanece hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos con pronóstico reservado. Cabe señalar, que además del delito que cometió este policía, que aún no se ha hecho público quién es, aunque la Institución reconoció la responsabilidad del uniformado, también él y los demás uniformados que allí estaban incurrieron en el delito de omisión de socorro, establecido en el artículo 131 del Código Penal.
Horas después del hecho el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, se pronunció diciendo que: “Condeno la actuación del policía que admitió haber usado su arma de dotación en las circunstancias conocidas. En un Estado Social de Derecho ningún miembro de las fuerzas armadas puede hacer un uso desproporcionado de la fuerza. En este caso, claramente, se vulneró este principio fundamental.
La investigación deberá adelantarse con celeridad y de cara a la ciudadanía”, además afirmó que a Danny Darío Carvajal y a su familia se le estaba brindando acompañamiento jurídico a lo largo de las investigaciones.
Pero, a diferencia de las afirmaciones anteriores, el 18 de abril la madre del joven desmintió las declaraciones de Luis Ernesto Gómez, pues en un video cuenta que hasta ese momento solo había recibido las ayudas del alcalde de la localidad, quien le había dado $60.000, además de algunos implementos de salud y aseo. Igualmente, se han denunciado amenazas por parte de policías contra la familia de Danny Carvajal.
Estos hechos no han cesado en la localidad, en las últimas horas se recibieron denuncias desde el barrio Brisas, en donde vecinos del sector fueron víctimas del uso de armas de fuego por parte de la Policía, esto como forma de intimidación y sin ningún organismo de control que vele para que quienes están en la calle manifestándose gocen de garantías que protejan la vida de los habitantes de estos barrios, quienes además de estos hechos han tenido que aguantar la persecución en las calles, incluso cuando se sale por las razones permitidas durante la cuarentena.
Sin casa, pero con miedo
El 15 de abril en el sector Bella Flor, en Ciudad Bolívar la rabia ante el hambre también se hizo sentir. En esta zona las vías se cerraron pidiendo presencia de entidades distritales que respondieran por el olvido en esta zona durante el periodo de cuarentena. En este punto las respuestas fueron más rápidas, pues solo horas después de iniciados los bloqueos el ESMAD llegó.
Allí no solo se afectó a la gente con gases y aturdidoras, también se destruyeron los ‘hogares provisionales’ o de ‘invasión’ en los que varias familias estaban intentando hacer caso al #QuédateEnCasa.
Con esto es necesario señalar que 18 millones de personas no tienen condiciones dignas de habitabilidad. Además, que las invasiones y las problemáticas que han desatado los llamados tierreros en varios puntos de las periferias han sido alertados desde años atrás y sin embargo sigue siendo una situación constante en los barrios de las localidades del sur de Bogotá.
Hoy, a un día de cumplirse una semana en manifestaciones, las protestas continúan en varias zonas de Ciudad Bolívar. El llamado sigue siendo a la Alcaldía porque el hambre es motivo suficiente para organizarse y pronunciarse, claro, el interés es político, pero si se entiende que todas y todos somos sujetos políticos.