Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Los trapos rojos del hambre siguen izados, demostrando, entre otras cosas, que las medidas implementadas no han sido suficientes y no han llegado a la totalidad de hogares que requieren que se creen mecanismo que contemplen las distintas necesidades por las que pasan los sectores más vulnerables, tras el decreto de aislamiento preventivo obligatorio a causa del Covid-19.
Ante esto, varias organizaciones y sectores han decidido a través del trabajo colectivo generar acciones que permitan llevar diferentes tipos de ayudas a las zonas más afectadas, sin embargo, ha sido advertido en reiteradas ocasiones que este tipo iniciativas no podrán cubrir todos los hogares y que tampoco son sostenibles por mucho tiempo.
Asimismo, en una reciente entrevista con Iván Jaramillo, docente e integrante del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, se recalcó, como también lo han hecho otros sectores, en “abrir el debate de sobre la renta básica universal”.
Una propuesta de la bancada de la oposición
Hoy se dará vía a esa discusión por medio de una propuesta presentada por la bancada de oposición del Congreso que se dio a conocer a través de una rueda de prensa y que será radicada en la Cámara y el Senado.
En esta se invita a un gran consenso nacional sobre un Mínimo para la Vida, el cual iría dirigido a todas las personas que están en situación de vulnerabilidad socioeconómica, laboral y de ingresos, priorizando madres cabeza de familia, víctimas del conflicto armado, trabajadores informales, personas con discapacidad sus cuidadoras y cuidadores, personas reincorporadas, y a su vez teniendo en cuenta un enfoque de género y étnico.
Este Mínimo para la Vida permitiría dar liquidez en las familias para cubrir necesidades básicas en vía de asegurar la vida digna en cada hogar, en donde se tengan recursos para solventar gastos de alimentación y pagos de servicios públicos domiciliarios. Esto sería implementado durante el tiempo en el que se mantenga la emergencia sanitaria y por lo menos por los tres meses siguientes.
Esta medida sería efectuada por medio de un ingreso económico en cada familia de un salario mínimo legal vigente ($877.212), además de un incremento que se determinaría con la cantidad de personas que conforman el hogar, las variables de vulnerabilidad y los enfoques de género y étnico, lo que daría un máximo de $2.200.000 mensuales por hogar, variando a través de las características que sean evaluadas.
Este apoyo llegaría a cerca de 11 millones de familias, lo que representa alrededor de 32 millones de personas. Además, implicaría destinar, según el senador Julián Gallo del partido de Farc, casi 19 billones mensuales, los cuales saldrán, ente otras medidas, a través de la unificación de los programas sociales que se están brindando como Adulto Mayor, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario y la devolución del IVA creado por la Reforma Tributaria.
¿De dónde saldrían los recursos?
Además de la unificación de las ayudas que se están entregando por parte del Gobierno Nacional, las cuales, para la Representante a la Cámara, María José Pizarro, son dispersas, ineficientes e insuficientes. Por lo tanto, nuestra propuesta lo que permite es unificarlas, reduciendo los costos administrativos, los costos transaccionales y los problemas de corrupción que se han presentado, también se implementarían otras medidas para poder responder económicamente con esta iniciativa.
Estas fuentes serían la refinanciación de la deuda pública colombiana, operaciones de financiamiento a favor del Estado y medidas monetarias a través del Banco de la República con los recursos de reservas internacionales o compra de bonos del tesoro. Lo cual, precisó el senador Julián Gallo, representaría “la declaración de una moratoria en el pago de la deuda externa, más un préstamo del Banco de la República, apelando al 10% de las reservas internacionales que tiene Colombia que hoy en día que abarcan 213 billones de pesos.
También es posible que el Gobierno apele a la posibilidad que brinda la Constitución para que en el marco de una emergencia de este tipo se puedan imponer nuevos impuestos, y en ese caso estamos hablando de grandes patrimonios de personas naturales y jurídicas. Hay modificar el sistema tributario con impuestos temporales, y colocar una sobretasa, por ejemplo, al impuesto de renta para el sector financiero.
Redireccionar los recursos para la guerra
Igualmente se aclaró que es necesario redireccionar varios gastos de la Nación, por ejemplo, el de la guerra, el cual abarca cerca de 8 billones de pesos. Adicionalmente, el senador del Polo Democrático, Wilson Arias, aseguró que en medio de esta pandemia “se adquirieron 23 camionetas por 9.600 millones de pesos, lo que representaría cerca de 96.000 mercados de $100.000 para familias de cuatro personas. A eso agregándosele la compra de 10 tanquetas para el ESMAD, lo cual significa otros 7.900 millones que en estos momentos de emergencia no se justifican”.
Por otra parte, la senadora Partido Coalición Lista de la Decencia, Aída Avella, enfatizó en que también hay que abrir el debate sobre los aportes y responsabilidades que el sector privado tiene en la coyuntura, pues si bien algunos empleados de entidades públicas deben aportar de sus ingresos el 20%, 15% o 10%, aún no se tiene claridad de cómo se verían implicadas en esta emergencia las grandes empresas privadas y empresarios.
“¿Dónde está, por ejemplo, el presidente de Federación Nacional de Cafeteros que gana 105 millones de pesos al mes? ¿Dónde están los altos funcionarios de Ecopetrol con sus salarios de casi 63 millones mensuales? También hay llamar a las cámaras de comercio, donde los altos mandos ganan cerca de 80 millones de pesos, y los de Neiva y Montería 40 millones. Por ejemplo, las cámaras de comercio cogen el registro mercantil y en términos corrientes eso representa casi 1 millón de pesos al año. Hay necesidad de decirles a estos sectores ¿qué están aportando? El llamado deber ser a empresas como Fedegan, Acueducto, Energías Eléctricas, Hidroituango, entre otras”, señaló.
A esto se le agrega que esta iniciativa permitiría una dinámica cíclica de los recursos, en la cual las personas más afectadas económica y socialmente por el virus podrían permanecer en sus hogares, pero con la tranquilidad de la seguridad alimentaria y a condiciones de habitabilidad dignas.
Asimismo, permitiría que estos recursos reactivaran la economía, generando a su vez nuevos ingresos. De esta forma se mitigarían las consecuencias y desigualdades que la propagación del Covid-19 ha acentuado y además se atendería a los sectores que, hace más de un mes, están esperando respuestas y soluciones efectivas, y a su vez exigiendo que se respeten los derechos fundamentales.
Aportes del sector financiero
Tras esto, los congresistas aseguraron que los recursos existen y que el Gobierno está en la capacidad de implementar el Mínimo para la Vida, sin necesidad de darle prioridad de liquidez al sector financiero, mientras se sacrifica a las gentes del común a través de los créditos que se les ofrece, los cuales a corto plazo agudizarían la problemática generando deudas mayores en las clases más empobrecidas y en la clase media.
“En estos momentos buena parte de los recursos se están yendo a financiar el consumo de crédito en los hogares, eso es una tragedia. El año pasado la economía creció por remesas y crédito del consumo de los hogares, y ahora básicamente por refinanciación de tarjetas de crédito. Esto es muy peligroso para cualquier sociedad”, aseguró Wilson Arias.
“(…) Es inadmisible que a los pequeños negocios los llamen para hacer unos préstamos y que éstos tengan intereses. Necesitamos que la clase media tenga realmente un estímulo y ese estímulo tiene que ser un préstamo sin intereses, eso lo hacen muchos países. ¿Por qué en Colombia solo se les llenan los bolsillos a los banqueros? indicó Aída Avella.
Adicionalmente, se informó que para poder llevar este Mínimo para la Vida a los hogares que lo exigen se tomarán los registros del Sisbén y el DANE, pero que igualmente se realizarán otras focalizaciones con el contexto de hoy, el que se permita evaluar nuevos factores, como, por ejemplo, las personas que se quedaron sin empleo y las que basan su actividad económica en el trabajo informal. Por otra parte, se hizo la invitación a los sectores, organizaciones y personas con injerencia en las decisiones nacionales para evaluar el documento y así poder instalar una mesa de concertación.