Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares
Hace dos años, el 28 de abril de 2018, se presentó un deurrumbe que bloqueó un túnel de desviación del proyecto HidroItuango que afectó al río Cauca, el segundo afluente más importante de Colombia que alimenta el territorio desde la lengua del Buey —en el Macizo Colombiano— hasta llegar al Brazo de Loba cerca del municipio de Pinillos, en Bolívar. Las implicaciones de este proyecto han sido contra del medio ambiente, en contra de los procesos que adelantan familiares en la búsqueda de personas que desaparecieron en el río y contra miles de colombianos que históricamente han subsistido de las economías que se desprenden del afluente. Hoy, las comunidades siguen en esta lucha contra una monumental catástrofe social y la impunidad que la ha cobijado.
El río Cauca podría perder el 20% de su caudal y todos los colombianos tendríamos que asumir, no solo este crimen ambiental de proporciones incalculables, sino el inmenso descalabro financiero de un proyecto fallido. En la investigación realizada por la Contraloría General entre el 4 de marzo y el 17 de julio de 2019, se pudo determinar que la gestión de la gerencia y control del proyecto Hidroituango no solo ha incumplido los objetivos que se propuso en materia de resultados físicos y financieros, sino también los principios de eficiencia y eficacia, en este último caso generando una destrucción de valor.
En noviembre de 2018, cientos de familias de la región denunciaron que se sienten amenazados por los reclamos que adelantan y que los ejercicios de memoria en busca de los desaparecidos se han visto truncado. Recordemos que —según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica— en los 17 municipios que rodean el río Cauca en Antioquia se han perpetrado alrededor de 110 masacres.
Políticos salpicados por Hidroituango
La Contraloría, para noviembre de 2019, declaró que hubo manejos irregulares en el proceso del megaproyecto paisa’. Dentro los 34 nombres salpicados por el detrimento patrimonial y a los que se les abrió un proceso de responsabilidad fiscal se encuentran los exgobernadores de Antioquia Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo; Federico José Restrepo, representante legal de EMP y miembro de la junta de Hidroituango; Alejandro Antonio Granda, miembro principal de la junta directiva de Hidroituango, Fabio Alonso Salazar Jaramillo, exalcalde de Medellín, el actual gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria; y exgerente de EPM, Juan Esteban Calle.
Tal como había advertido Pares, de acuerdo con la Contraloría, la suma del detrimento patrimonial es de cuatro billones setenta y cinco mil seiscientos ochenta millones de pesos 4.075.680.000.000, por los cuales deben responder. Sin embargo, los reflectores apuntan a Sergio Fajardo, Aníbal Gaviria y Juan Esteban Calle quienes llevaron a cabo el denominado “Plan de aceleramiento” para que el proyecto cumpliera la ambiciosa apuesta que se habían planteado como fecha.
Dicho plan, entre otras cosas, cambió los diseños originales del proyecto y conllevó a la construcción de un túnel de desviación auxiliar que, debido a la falta de loza de cemento no aguantó, desprendiendo suelo de roca. Resultado del plan de aceleración: derrumbe y una ‘contingencia sin precedentes’. De hecho, de la cifra de dos billones novecientos setenta y un mil cuatrocientos millones de pesos ($2.971.400.000.000) que concierne a las inversiones realizadas no justificadas, que llevaron a que se diera una pérdida o destrucción del valor del proyecto.
El billón ciento cuatro mil doscientos ochenta millones de pesos ($1.104.280.000.000) restante, es por concepto de los recursos dejados de percibir por el Estado como consecuencia de la no entrada en operación de la hidroeléctrica en las fechas planeadas originalmente.
En 2013, en entrevista con Teleantioquia Fajardo señaló que la aceleración del proyecto era una tremenda inversión la que estamos haciendo, es una responsabilidad política que nosotros asumimos, una inversión social. Vamos a generar riqueza para Medellín, para Antioquia. ‘En Antioquia la más educada’ y en ‘Medellín un lugar para la vida’ que son las expresiones que expresan lo que significa nuestro Plan de Desarrollo en el Proyecto Integral de HidroItuango estamos haciendo un salto gigantesco de la mano de EPM y del IDEA…”.
Fajardo, dos años después de lo ocurrido, declaró que será nuevamente candidato presidencial esta vez con miras a 2022. En entrevista con El Tiempo, sobre las críticas que pesan sobre sus hombros por su gestión como gobernador y frente al tema de la Contraloría señaló: Hacen todo lo posible por alejarlo a uno de la contienda política, y una de las formas que utilizan es póngale demandas, por eso por primera vez en la historia de Antioquia un gobernador ha sido demandado por la Contraloría, ¿por qué? pues porque el señor contralor de Antioquia en conjunto con el gobernador tienen la estrategia ‘vamos a fregar a Fajardo.
El fantasma de la contratación
La Fiscalía General de la Nación a comienzos de 2019 reveló detalles acerca de estas irregularidades que se presentaron en el año 2011, tiempo en el que Fajardo empezaba su periodo como gobernador de Antioquia.
La Fiscalía General anunció en ese momento que citaría a indagatoria sobre este mismo asunto de irregularidades en la contratación del proyecto a Álvaro Villegas Moreno, Ana Cristina Moreno Palacios, Hugo Alejandro Mora Tamayo, Juan Felipe Gaviria Gutiérrez, Jesús Arturo Aristizábal, Maximiliano Valderrama Espinosa, Luis Javier Vélez Duque— en calidad de gerente EPM Ituango— y Juan Esteban Calle Restrepo —gerente de EPM E.S.P—.
Según lo dio a conocer la entidad, Hidroituango abrió una licitación pública que se configuraba como una convocatoria para empresas internacionales con experiencia en construcción de hidroeléctricas. Para 2010 las cosas transcurrían sin mayores contratiempos, hasta que, sin ningún aviso previo, en marzo del mismo año se suspendió el proceso que posteriormente fue adjudicado de forma directa a EPM E.P.S.
Dentro de las seis empresas que estaban participando del proceso de licitación: Consorcio Kepco, empresa encargada de suministrar el 93% de energía en Korea, China Three Gorges Corporation, una de las empresas más grandes del mundo y que, entre otras cosas, construyó la hidroeléctrica más grande del mundo; Three Gorges Dam.
A pesar de ello, de acuerdo con la Fiscalía, hubo “una sesión extraordinaria de asamblea de accionistas de EPM ITUANGO, Empresas Públicas de Medellín, con el 99,4% de las acciones, votó favorablemente la proposición de ceder a EPM el contrato para construir, mantener y operar la Hidroeléctrica Ituango, resultado que le permitirá tomar todas las decisiones por un periodo de 50 años. El proceso de contratación culminó el 19 de enero de 2013, EPM Ituango S.A. E.S.P (cedente – contratista) y EPM E.S.P. (cesionario)”.
Panteones del olvido
En redes sociales, a propósito de los dos años de la contingencia, EPM se ha explayado con información que habla sobre avances en términos de la obra pues su pretensión de suministrar el 17% de la energía del país en 2021. Sin embargo, muy poco se ha hablado de la vinculación formal que le hizo la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP, en el proceso que adelantan el tribunal sobre las personas dadas por desaparecidas en la zona de influencia del proyecto de Hidroituango a EPM y a la empresa Integral S. A., el pasado 10 de marzo de 2020.
A raíz de eso, entre el 8 y 9 de octubre de 2019, se realizó la Audiencia de la Jep sobre el caso Hidroituango, en el que se le solicitó a EPM (al igual que a la Fiscalía y a la Gobernación de Antioquia) la entrega de información de los lugares de influencia del proyecto de la hidroeléctrica en relación a la desaparición forzada.
Por ejemplo, sobre la exhumación realizada por EPM y la Fiscalía General de la Nación, quienes trasladaron más de 300 cuerpos que, entre otras cosas, ni EPM ni la Fiscalía pudieron determinar si se trataban de víctimas de desaparición forzada. Así las cosas, tuvieron que pasar cinco (5) meses para que la JEP vinculara a EPM de manera formal, por no cumplir con los requerimientos del Tribunal Especial.
Esta vinculación formal fue expedida por la Sección de Ausencia de Reconocimiento que le solicitó a EPM entregar toda la información que tenga sobre dichos cuerpos exhumados y trasladados del cementerio del corregimiento de Barbacoas en el municipio de Peque, al norte del departamento, en Orobajo en el municipio de Sabanalarga y La Fortuna en el municipio de Buriticá, ambos al occidente del departamento.
Llama la atención que el 5 de marzo de 2018 EPM dijo, entre otras cosas, sobre la exhumación y el traslado de cuerpos: este procedimiento, que no tiene antecendentes en Colombia, se lleva a cabo con los estándares nacionales e internacionales (…) con rigurosidad y de manera coordinada con las familias de las comunidades. Sin embargo, miles son las familias que no saben dónde están sus muertos por cuenta de la desaparición forzada.
Cabe recordar que el 29 de agosto de 2018, nueve peticionarios —dos representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y siete familiares de desaparecidos—le solicitaron a la JEP tomar medidas cautelares anticipadas sobre 17 lugares del país, en los cuales «se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto armado». Justamente, una es la zona de influencia del proyecto Hidroituango.
La verdad de las víctimas busca salir a flote
Precisamente, la zona en la que se encuentra el proyecto —según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica— en los 17 municipios que rodean el río Cauca en Antioquia hay 2.345 víctimas de desaparición forzada.
De los 17 municipios, de acuerdo con el CNMH, en Valdivia se registraron 25 masacres (164 víctimas), 12 en Ituango (71 víctimas) y 10 en Tarazá (81). Sobre los cementerios de los municipios en los que se realizaron exhumaciones, en Peque se registran cuatro masacres (28 víctimas), en Buriticá cuatro masacres (18 víctimas) y en Sabanalarga siete mesacres con (31 víctimas).
De hecho, tan solo yendo a las cifras de 2018 y 2019, según el Registro Único de Víctimas -RUV, en el departamento antioqueño se han registrado 24 casos de desaparición forzada, cabe recordar que uno de los repertorios de violencia usado por los grupos armados es desaparecer cuerpos en los ríos.
Evolución de las desapariciones y masacres en la zona de influencia de HidroItuango. Mapa elaborado por JEP.
Asimismo, en aquella Audiencia Luis Gabriel Salas —geógrafo del Grupo de Análisis de Información de la JEP—; señaló la existencia de fosas comunes en seis municipios de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Hidroituango.
Frente a estos hechos, y contrario a las evidencias de las masacres y los casos registrados de desaparición forzada, El Espectador reveló que EPM en un comunicado le dijo a la JEP que las características propias de la zona del embalse del proyecto demuestran que, a lo largo de sus 79 kilómetros, son pocos los lugares donde es probable que permanezcan cuerpos o restos humanos susceptibles de ser inhumados, y que en los lugares donde, por condiciones técnicas y humanas era posible encontrar restos humanos, la Fiscalía General de la Nación ha llevado a cabo su labor, encontrándose agotada la información disponible.
De todas formas, la JEP a través del auto 030 de 2020 declaró improcedente la posición de EPM puesto que a la JEP no le ha sido enviado documento alguno de la Fiscalía General de la Nación que certifique, establezca o señale que se han realizado un proceso de búsqueda, prospección, recuperación y exhumación exhaustivo en la zona de influencia del proyecto de Hidroituango (especialmente el área inundada) y/o que no subsisten lugares de inhumación o cuerpos de personas víctimas del conflicto, en especial de desaparición forzada, en dicha área.
“Los muertos tienen mucho por decir”
Es por ello, que organizaciones como el Movimiento Ríos Vivos continúan bajo la premisa de que Los muertos tienen mucho por decir y continúan exigiendo verdad pues, a dos años de lo ocurrido, señalan que EPM será recordada por inundar a los desaparecidos, por arrasar el Bosque Seco, por arrebatar la vida del río Cauca y por afectar para siempre la estabilidad de la zona.
Vale la pena recordar que, a principios de noviembre de 2019, la JEP decretó el sellamiento parcial y temporal del Laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia en busca de la protección de los cuerpos que se encontraban allí y que fueron trasladados desde los cementerios.
Aún hay muchas pesquisas sin resolver, por ejemplo, Pares ha venido advirtiendo desde el año pasado que entre los restos que provenían de Orobajo habrían varias cajas contenedoras de cuerpos esqueletizados con el rótulo de ‘DISPERSOS’. Cajas que contienen partes de cuerpos que corresponden a varios individuos, pero sin que exista registro alguno con nivel de certeza, del número de individuos a los cuales pertenecían.
El pasado 21 de abril, la JEP rechazó el pedido de aclaración hecho por la Universidad de Antioquia debido a que, de acuerdo con la JEP, este tribunal especial tiene plena competencia para vincular, requerir e incluso imponer medidas cautelares que afecten a terceros. Misma respuesta que le dio a EPM quien habría insinuado que el tribunal no tenía potestad.
Pescadores en el olvido
Pares habló con Libardo Arias, líder de pescadores en el Bajo Cauca antioqueño quien ha asegurado que no han recibido ninguna ayuda por parte de EPM, ni municipal, ni tampoco departamental. De hecho, de acuerdo con el líder, frente al abandono los pescadores nos hemos visto en la obligación de pasar trabajos para no morir de hambre.
Hay 3824 familias afectadas Puerto Valdivia, Cáceres, Caucasia, Nequí, MonteBello, Bagre y Zaragoza; desplazadas de nuestra actividad pesquera. «Hidroituango nos dejó con una mano adelante y la otra atrás”, señala Libardo.