Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Durante la cuarentena han sido varios los problemas sociales que se han agudizado y han sido alertados. Entre estos el olvido y poca atención con las familias indígenas, quienes en reiteradas ocasiones, desde la aplicación de la medida de aislamiento preventivo obligatorio, han hecho el llamado de atención ante la escalada de violencia que se vive en algunos territorios, y por otro lado, tras la ausencia de medidas que permitan acatar la cuarentena en condiciones dignas.
Este contexto ha dejado, a partir del último informe de la ONIC, cuatro comunidades directamente afectadas por el virus: los Pastos con tres casos, los Yukpa con dos contagios, los Zenú, quienes han registrado un caso en territorio y uno más en Bogotá,y los Ticuna con un enfermo a causa de coronavirus. A esto se agrega que hay 52 casos por confirmar, cuatro recuperados, un fallecido del pueblo Yanacona y cerca de 535.111 familias indígenas en riesgo de una crisis humanitaria.
Esta preocupación también hace parte de la agenda de las comunidades indígenas ubicadas en Risaralda, principalmente en los municipios de Pueblo Rico, Mistrató y Belén de Umbría, donde habitan cerca de 28.000 indígenas, quienes manifiestan que no tienen las garantías para pasar este tiempo de aislamiento, pues hay problemas, principalmente, de inseguridad alimentaria y económicos que agravan otras enfermedades y situaciones presentes en la zona, y a su vez, los deja en una alta vulnerabilidad de contagio de COVID-19.
Una alerta a autoridades nacionales y departamentales
Estas comunidades han advertido que ante la falta de medidas contundentes y con un enfoque étnico iniciarían un desplazamiento hacia los cascos urbanos de sus municipios, exigiendo que se realicen entregas de implementos de protección, alimentos, agua potable, además de visitas de personal y brigadas de salud. Argumentan que desde hace más de un mes no se realizan estas jornadas y hay graves problemas de fiebre, diarrea, vómito y dolor de cabeza. Situaciones que pueden hacerse más críticas con la emergencia sanitaria que se vive.
Por otra parte, a través de Caracol Radio el gobernador mayor del Resguardo Unificado Emberá Chamí, Willington Queragama afirmó: nos dieron 400 tapabocas para el total de indígenas que somos, eso no nos hizo ni cosquillas y es preocupante por ese lado. También estamos muy preocupados por la economía porque la mayoría de jornaleros ya están sin con qué mercar. La Gobernación nos envió una ayuda con unas bolsas de harina y dos tacos de galletas y nada más, es una cosa penosa.
De esta forma otro de los reclamos con los que exigen prontitud al Gobierno Nacional y a la administración departamental, es con la entrega de alimentos que respeten los estándares de seguridad y soberanía alimentaria, para así contrarrestar los problemas de salud que se presentan en el territorio.
Asimismo, las comunidades aseguran, que como lo han hecho en ocasiones anteriores, también podrían cerrar las vías, esta vez no por la cantidad de gente que circula en sus territorios en medio de la cuarentena decretada, sino por la ausencia de personal administrativo y de salud que propongan soluciones conjuntas para las problemáticas que se viven en esta zona del país.
Aunque en la mañana de este miércoles, la Gobernación de Risaralda hizo presencia en el Resguardo Unificado Embera Chamí, los esfuerzos deben responder al total de la población, además atendiendo a las necesidades precisas y urgentes de la comunidad.
Cabe señalar que un desplazamiento masivo de estas familias se sumaría a los más de 10.000 hechos que se han presentado en el 2020, además y más precisamente, a los que han sido provocados por las pocas medidas efectivas para atender el COVID-19, situación que ha causado escenarios similares en Belén de los Andaquíes (Caquetá), Cumbitara (Nariño) y Mapiripán (Meta).