Por: Lina Macías. Coordinadora de Proyecto Mecanismos de Protección y Seguridad Pares.
Este domingo 3 de mayo, el Instituto Nacional de Salud y el Instituto Departamental de Salud de Nariño publicaron el último reporte del COVID-19 para el departamento, el cual revela unos datos preocupantes frente al alcance que ha tenido esta pandemia principalmente en tres municipios: Pasto con 26 casos de contagio, Tumaco con 60 y sólo en Ipiales 95 casos.
Hay un total de 199 casos confirmados a nivel departamental, contando los municipios de Cumbal, Contadero, La Unión, Cumbitara, Túquerres y Cuasup que oscilan entre 1 y 10 casos. La gran conclusión que se puede inferir de estas cifras es que más del 50% de los casos confirmados se encuentran en Ipiales, municipio fronterizo con la República del Ecuador, que actualmente se posiciona como uno de los tres principales países de Latinoamérica con el mayor número de contagios y decesos por COVID19, después de Brasil y Perú, que ya suman 24.675 casos confirmados, 883 muertes.
Esta situación pone en alto riesgo no sólo a los habitantes de este municipio sino a la población migrante venezolana, colombiana e incluso ecuatoriana que se desplaza continuamente de un lado a otro de la frontera por múltiples razones, ya sea para buscar su sustento, comercializar productos o buscar refugio, exponiéndose a atravesar algún punto de los llamados pasos irregulares o ilegales que conectan a los dos países en sus 600 kilómetros de frontera.
Tres factores que explican la situación en Ipiales
Las preguntas que surgen son: ¿Qué está sucediendo? ¿Cuáles son las razones por las cuales a pesar de que el gobierno local cerró las fronteras a partir del 17 de marzo del presente año en vez de bajar el número de contagios, por el contrario viene en aumento? ¿Qué responden las autoridades locales y como se adelantan acciones para enfrentarlo? ¿Cuál es la circunstancia que se ha identificado como el origen de esta situación?
En las investigaciones adelantadas por la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, con sus enlaces locales y algunas entrevistas con funcionarios, funcionarias y autoridades territoriales, se han identificado tres factores centrales que inciden en la situación actual del municipio y, en parte, explican dicho fenómeno, hipótesis que cobran fuerza dentro de la sociedad nariñense:
1. Coordinación nacional-local frente al COVID-19: Tanto el gobierno local de Ipiales y como la gobernación de Nariño hoy día enfrentan con poco acompañamiento del gobierno nacional el COVID-19, el cual aún no comprende que este municipio requiere un especial tratamiento para la aplicación de medidas de emergencia, ya que la estrecha dinámica social de intercambio y dependencia económica que existe entre municipios de frontera como Ipiales, Tumaco, Cuasup en Colombia y Carchi, Sucumbíos y Esmeraldas en el Ecuador no se detiene de un momento a otro.
Para ponerlo en marcha se requiere en lo inmediato, el incremento sustancial del control policial, militar y migratorio en los pasos irregulares de la frontera y en el corto plazo, un plan de choque para articular medidas de protección con los gobiernos nacional y local fronterizo del Ecuador, acciones urgentes para proveer bienes y servicios básicos así como un ejercicio permanente de pedagogización sobre los protocolos y los impactos de la pandemia en la protección de la vida de los ciudadanos.
Esta situación se refleja en la enorme dificultad que ha surgido para manejar los pasos irregulares entre Colombia y Ecuador, donde ni el aumento de pie de Fuerza Militar ha podido controlar la movilidad de personas o la propagación de contagios.
2. Corredores humanitarios y seguimiento a protocolos de bioseguridad: La implementación de los corredores humanitarios desde principios de abril entre Colombia – Venezuela y las negociaciones que se vienen adelantando para desarrollar próximamente un corredor entre Ecuador – Colombia – Venezuela para trasladar población venezolana que voluntariamente desea regresar a su país, es un proceso que si bien las autoridades locales han venido adelantando con toda la disposición y responsabilidad.
No obstante, esta es una actividad que requiere del control y apoyo estructural del Gobierno Nacional, el cual debe garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y el traslado en condiciones dignas para esta población. Existe la percepción de que este proceso se ha recargado a los gobiernos locales y que de no manejarse rigurosamente, puede convertirse en el vehículo para la propagación del COVID-19 en el municipio y, de paso, en el resto del país.
3. Migrantes venezolanos, xenofobia y coronavirus: El creciente aumento de la discriminación y xenofobia hacia la población migrante venezolana durante los últimos dos meses viene en aumento, debido a un rumor infundado entre la comunidad de Ipiales que el aumento de casos de contagio se debe a la presencia de esta población, situación que ha generado agresiones, desalojos, instigación para el retorno y abandono de la protección municipal, aún sin tener pruebas oficiales de contagio.
Las autoridades y profesionales del departamento han expresado con gran preocupación que de no realizar un adecuado seguimiento en salud y ayuda humanitaria mínima a esta población, las familias y los distintos grupos migrantes podrían entrar en situación de habitante de calle, aumentando exponencialmente el contagio del virus dentro del municipio.
Coordinación nacional-local frente al COVID-19
En entrevista con el personero municipal de Ipiales, Manuel Revelo, una de las percepciones que tienen sobre cuáles son las razones que explican el aumento de contagios, es que gran parte del crecimiento de esta cifra se debe a la dificultad de crear cultura ciudadana frente al cuidado y la autoprotección de los habitantes de Ipiales y los municipios fronterizos:
“Hay que entender que un municipio de Ipiales la gente vive del intercambio de productos con el Ecuador y muchas personas colombianas estuvieron el fin de semana anterior al cierre de frontera en unas fiestas o feriado del vecino país; asimismo mucha población ecuatoriana debido al alza de 4000 mil pesos del dólar estuvo en esos días en Ipiales comprando productos esenciales obviamente sin tener la más mínima protección de bioseguridad. A esta situación, se suma la dificultad de controlar el cruce de manera irregular de puntos ilegales de paso de frontera por cruce de colombianos que viven en el Ecuador hacia Colombia y viceversa, explican el aumento exponencial de casos de contagio”.
Sobre el tema de cierre de fronteras, le preguntamos qué tanta responsabilidad encontraba en la ampliación del contagio por la demora del cierre de frontera por parte de las autoridades locales y el débil acompañamiento nacional a esta gestión inicial. Sobre esto afirma:
“El problema de cierre de fronteras a mi parecer tiene dos fases: la primera es cuando se decreta la medida por decreto presidencial, disposición que se cumple de manera inmediata, es decir, se cierra el único paso fronterizo oficial que es el puente de Rumichaca. Pero, no hubo una planeación o no se dimensionó la posibilidad de un cruce irregular en zona de frontera, en una frontera tan amplia, como la que tiene Ipiales con más de 100 kilómetros de frontera y con otros municipios como lo es Cumbal, Cuaspud Carlosama o como lo es hasta el propio municipio de Tumaco.
Entonces, continúa explicando el funcionario, el que no se haya realizado un análisis de la posibilidad que había que cuando se cerrará la frontera con Ecuador se iba a intensificar la problemática de los pasos irregulares, sí generó una mayor posibilidad de contagio en el municipio. Si bien se han reforzado las medidas, el acompañamiento del ejército y pie de fuerza de la policía en las fronteras, en esencia no generan el impacto que debería tener porque todos los días se observa una apertura nueva para hacer el cruce irregular de estos pasos fronterizos.
Rosita Guevara, diputada de la asamblea departamental de Nariño, expresó que el cierre de la frontera en gran parte se debió a la insistencia que realizó el gobierno de Nariño con el acompañamiento de las instituciones públicas, gremios económicos, organizaciones sociales para hacer un frente común a la pandemia, insistiendo al gobierno sobre el cierre y que se diera un trato especial al departamento.
En ese sentido, señala Guevara, si no se apoya y se fortalece la gestión del gobierno departamental, se corría el peligro de que el contagio se expandiera hasta ciudades como Popayán y Cali, cuyos gobernantes han expresado públicamente que es en Nariño donde se le está permitiendo el paso a los ecuatorianos que vienen a salvar su vida, solicitando incluso un cerco “epidemiológico en diversos puntos de Ipiales.
Si bien la diputada expresa que es totalmente entendible que familias y comunidades busquen refugio en cualquier departamento de Colombia, la realidad es que aún no se cuenta con los instrumentos necesarios para afrontar una crisis de esa magnitud.
Por otra parte, Revelo señala que la presencia institucional nacional y el ejercicio de consolidar estrategias de bioseguridad a nivel local, lo siguiente:
“La presencial institucional que conozco principalmente de las autoridades municipales y departamentales, a través diferentes mesas municipales de trabajo para atender el tema del COVID-19. Pero hay que tener un dato en cuenta: en el departamento de Nariño y principalmente en Ipiales desde el año 2016 hasta el 2020 hicieron tránsito de frontera hacia Ecuador y otros países más de 1.600 mil personas venezolanas. Si te pones a ponderar esa cifra de personas y piensas que estas mismas personas que hicieron el tránsito por Rumichaca se devuelvan hacia Colombia de manera irregular por la frontera, claramente genera una alarma y una crisis por parte de la administración puesto que existiría una imposibilidad para brindar los elementos mínimos para que estas personas puedan estar en Ipiales.
Por parte del Gobierno Nacional sí hubo acercamientos del viceministro de defensa para verificar la situación. En ese momento la decisión fue aumentar el pie de fuerza en zona de frontera, pero algo si es claro es que el mayor problema es la permeabilidad de la frontera. La frontera es muy porosa para tener el control efectivo por parte de las autoridades. Es muy difícil de controlar. Tendrías que desplegar más de 10 batallones, indica Revela.
Se conoce de distintos llamados a los parlamentarios del Departamento de Nariño, para que en ejercicio de su función de control político, reclamen del gobierno nacional la implementación de las medidas aludidas; sin embargo, hasta el momento, no se conoce acción significativa alguna de estos funcionarios.
Una muestra de la difícil empresa que es controlar este virus en la frontera fue el contagio de 18 soldados del Grupo de Caballería Mecanizado Número 3 ‘General José María Cabal’ en la labor de vigilar los 37 senderos ilegales que las autoridades han detectado en zona rural de Ipiales, Nariño. Si bien se realizó rápidamente el debido aislamiento, es claro que el control de la propagación necesita mayores esfuerzos.
Corredores humanitarios y protocolos de bioseguridad
Los corredores humanitarios son un proceso que se viene adelantando la alcaldía local junto a la gobernación desde principios de abril, en coordinación con Migración Colombia y la oficina de migración de Venezuela donde el objetivo es trasladar población venezolana que exprese la voluntad de retornar a su país y las autoridades locales brindan las condiciones mínimas para llevar a cabo este proceso. Sobre este proceso, Revelo nos cuenta:
“Desde Ipiales se han remitido o se ha brindado ayuda humanitaria para que las personas migrantes de nacionalidad venezolana a través de un corredor humanitario lleguen a su país, entendiendo que cuando se hizo el cierre de frontera, algunos de ellos vivían principalmente de la economía informal que se da entre Colombia y Ecuador y al no poder continuar esta actividad, su condición de vida cambia y por ende se intensifica su situación de vulnerabilidad. A esto se suma los comportamientos de xenofobia del vecino país a esta población, por lo cual ellos toman la decisión de volver a su país Venezuela, manifestando también muchos de ellos habrían dejado a padres, hermanos y abuelos, quienes actualmente son los más afectados por el virus y esto generó la voluntad de volver a su país para cuidar de ellos”.
Para evitar que este retorno se dé en condiciones críticas como la de caminar familias enteras por todo el territorio nacional y evitar los contagios, se adelanta este trayecto con el acompañamiento del Ejército y la Policía Nacional con unos protocolos de debido aislamiento preventivo en albergues en la mayoría de los casos, luego la ocupación de buses y un monitoreo telefónico con las autoridades locales y migración, y su posterior llegada a algunas de las fronteras con el vecino país: Cúcuta o Arauca. Se han realizado hasta el momento dos corredores de la siguiente manera:
El destino no lo informan cuando migración ya ha verificado el lugar de recepción de los migrantes, generalmente el mismo día del viaje, enfatiza Revelo. La personería ha participado en dos viajes: el primero (abril 8) con dos buses con destino a Arauca (oscila entre 70 u 80 personas trasladadas) y el segundo (23 abril) de 6 buses hacia Cúcuta (228 personas). La autoridad municipal le informa el destino a la persona voluntaria, para que acepte o no llegar a ese punto fronterizo. Si dado caso no acepta, debe reubicarse a un albergue.
Como se observa en las anteriores declaraciones, este proceso lo ha asumido principalmente las autoridades locales y departamentales, pero requiere de un mayor control por parte de Migración Colombia y acompañamiento de las entidades de salud correspondientes, no solo desde la salida de este corredor sino durante todo el proceso, principalmente en el punto de llegada. Si estos controles de aislamiento se cumplen a cabalidad y como lo ha expresado el gobernador de Nariño en diferentes escenarios, es clave contar con urgencia pruebas rápidas para hacer diagnósticos.
Atender estas preocupaciones será clave a la hora de emprender otra experiencia de este orden: según nuestras fuentes locales, actualmente se adelanta un corredor humanitario Ecuador-Colombia-Venezuela, el cual se encuentra en negociaciones y se espera la firma de las autoridades ecuatorianas para su implementación.
Como se mencionó, Ecuador presenta una de las tasas más altas de contagio y si no se lleva un control riguroso de los protocolos de bioseguridad de las instituciones nacionales, nos enfrentaríamos a una amplia exposición de contagio interna.
Migrantes Venezolanos, xenofobia y coronavirus
Para finalizar, uno de los más graves impactos que ha generado el aumento de contagio en el municipio de Ipiales, ha sido el creciente aumento de conductas xenofóbicas hacia la población migrante venezolana.
La personería municipal expresó que no existe ni un solo caso confirmado de infección del COVID-19 proveniente de esta población, sin embargo, al interior del municipio se refuerza esta idea que son estos migrantes los responsables de la elevación del contagio al interior del municipio.
Por el contrario, se ha sabido por la Policía Nacional que las personas que han sido sorprendidas en los pasos irregulares son personas ecuatorianas y connacionales colombianos e incluso chilenos, no solo población venezolana.
Fuentes territoriales expresan que se han creado grupos de WhatsApp incentivando el odio hacia la población migrante, desalojos de familias dentro del municipio y se sospecha, aún sin claras investigaciones, posibles agresiones y asesinatos a venezolanos en condición de calle.
Ejemplo de este último, fue el asesinato de una menor de 16 años debido a que un hombre colombiano disparó indiscriminadamente a un cambuche de 14 venezolanos, dos más resultaron heridos, se encontraban cerca de la terminal de transporte de la ciudad de Ipiales. La policía dice que este grupo tenía vínculos con microtráfico, pero se sabe que estas personas estaban allí porque no lograron acceder a un cupo en el albergue esa noche.
A este panorama se suma que la administración local de Ipiales no ha querido activar la mesa de población migrante y refugiada, desentendiendo los compromisos que se tienen con este sector. La Personería y la Defensoría ha enviado varios requerimientos oficiales para activarla y apenas hace unos días dieron a lugar una reunión, pero se desconoce la apropiación de las recomendaciones hechas para avanzar a la atención y protección de esta población.
También se conoce que la Policía sale en las noches a informar con bocinas en camiones que se van a hacer los traslados, los inscriben en listas un día antes del viaje y los suben al bus. Se supone que este no es el protocolo: debe realizarse un censo de la población, identificar quienes están con interés del tránsito una semana antes del viaje, desarrollar su periodo de aislamiento y luego incorporarlos a este corredor hacía Venezuela.
Una situación dramática
La situación de frontera es bastante grave e Ipiales se convierte poco a poco en una bomba de tiempo tanto para el departamento de Nariño como para el resto del país. Es urgente que el gobierno nacional atienda las demandas del departamento para incrementar el pie de fuerza, establecer el cordón humanitario con bioseguridad y un plan de sostenibilidad socioeconómica para las familias que dependen del comercio interfronterizo.
El COVID-19 no solo ha alterado la vida de los habitantes del municipio sino que ha develado la profunda problemática de vulneración de los derechos de las personas migrantes y la aparición de conductas xenófobas hacia estas comunidades. El Estado colombiano pese a que hace tres o cuatro años viene atendiendo este fenómeno, no ha logrado consolidar una política pública de migración clara que responda con medidas estructurales y establezca los criterios esenciales para proveer la atención en condiciones de dignidad.
Es fundamental que los gobiernos locales consoliden sus estrategias y planes para la protección y seguridad de los habitantes del municipio de manera articulada, pero sobre todo con una fuerte presencia de las instituciones públicas del nivel nacional donde se ofrezcan los instrumentos y garantías necesarias para desarrollar esta compleja labor y es clave que la sociedad colombiana haga un llamado al gobierno nacional para que cumpla a cabalidad sus compromisos según el derecho internacional y sobre todo, que entienda que el sur del país requiere de los más urgentes esfuerzos para combatir una pandemia que no da espera.