Por: Laura Cano. Periodista Pares.
“La cárcel, es hoy una de las manifestaciones más grotescas del pensamiento legal abisal, la creación del otro lado de la línea como una “no-área” en términos legales y políticos, un terreno impensable donde no rige la ley ni mucho menos los derechos humanos.”
Boaventura de Sousa Santos
El pasado 10 de abril las angustias, reclamos, miedos de muchas y muchos privados de la libertad, familiares y organizaciones se materializaron con el anuncio del primer privado de la libertad que había muerto por Coronavirus, como principal causa. Se trataba de un hombre de 63 años, quien el primer día de ese mismo mes había quedado en libertad, luego de permanecer recluido en la Cárcel de Villavicencio, pero tan solo cinco (5) días después el virus le cobraría la vida. El 7 de abril este dato aumentaría, y ya se registraban dos muertes. El segundo era un interno de 78 años de ese mismo establecimiento.
De ahí para adelante, como un mal augurio, todo lo que se había estado alertando empezó a mostrarse de una forma más tangible. El 11 de abril ya había un primer privado de la libertad de las Cárcel de Villavicencio contagiado hospitalizado. Seis días después el INPEC informó sobre su muerte, y al mismo tiempo afirmaron que ya había en ese centro 20 casos más; 13 internos y siete (7) guardias.
Luego, por lo que podría ser responsabilidad de traslados que se hicieron desde la capital del Meta hacia Bogotá, el virus llegó hasta la cárcel La Picota, donde a hoy se tiene información de cinco (5) contagios. En ese mismo contexto un joven de 35 años trasladado de Villavicencio hacia la cárcel Las Heliconias de Florencia también dio positivo. A la fecha en ese establecimiento hay ocho (8) personas diagnosticadas con la pandemia.
Asimismo, y dados los traslados, que estaban restringidos por la emergencia sanitaria, el 22 de abril se conoció el caso de un privado de la libertad de la Cárcel de Guaduas que también portaba el virus. El 24 del mes pasado también se confirmó que un funcionario del INPEC de la Cárcel de Leticia estaba contagiado. Al día siguiente el reporte de la cárcel Picaleña de Ibagué llegó, advirtiendo que allí un interno que, en las últimas semanas había llegado trasladado de Villavicencio, estaba enfermo a causa de COVID-19. De esta forma, ya son seis cárceles en las que hay privados de la libertad y guardias contagiados. Llegando a un total de 657 personas con el virus, de 06 establecimientos carcelarios.
Políticas equivocadas
Esta situación es el resultado, como se ha recalcado en ocasiones anteriores, de unas políticas pensadas desde lo punitivo y no restaurativo, en donde las condiciones inhumanas cada vez se recrudecen, y con el virus se hacen más notorias y representan una mayor amenaza para los internos que están y han estado sin los mínimos de garantías que protejan la vida.
En Colombia no hay un sistema de salud pensado desde los problemas estructurales que hay en las cárceles, no hay acceso a implementos y abastecimientos básicos, no hay procesos de resocialización efectivos y ahora, con la coyuntura actual, ni siquiera hay voluntad política de protegerles con lo mínimo. En cambio, lo que sí hay, es una sobrepoblación que supera el 50%, donde estructuralmente se tiene capacidad carcelaria para 80.763 personas, pero hay 120.667 privadas y privados de la libertad.
Con este panorama y un “Estado de Cosas Inconstitucional” declarado por la Corte Constitucional hace más de 20 años con la sentencia T153/98; en la que se reconocían las vulneraciones a los derechos humanos que había en ese momento y continúan en las cárceles del país, la situación con el virus y las medidas pocos efectivas, excluyentes, sin focalización y diferenciación que se han tomado para atender la emergencia, terminan, como lo expresa de Sousa Santos, “reforzando la injusticia, la discriminación, la exclusión social y el sufrimiento inmerecido”.
La cárcel de Villavicencio: el foco de los contagios
La situación es cada vez más alarmante en la Cárcel de Villavicencio, la que se ha convertido en el tercer foco con más contagiados. Esto luego de una ciudad tan grande como Bogotá y el departamento del Valle del Cauca, donde se registran 3.272 y 1.135 casos, nombrados respectivamente.
Esta situación llama la atención, porque solo en población la diferencia, por lo menos con el primer foco, es crítica. Habiendo así en Bogotá 7.412.566 personas, mientras que en Villavicencio habitan 531.275 según lo informado en el análisis del DANE del 2018.
Sin embargo, lo más grave es que del total de contagios en la capital del Meta, la mayoría de estos se concentran en la cárcel de la ciudad; registrándose 657 contagiados en el establecimiento y un total de 717 en el Departamento; 36 en la capital, 15 en Acacías, cuatro (4) en Granada, tres (3) en Restrepo, dos (2) en San Juan de Arama, uno en Mesetas y otro en Puerto Gaitán.
Tras esto, los llamados para que se tomen medidas no han cesado, sobre todo con la población privada de la libertad de esta cárcel, donde tan solo en 26 días la cifra ha subido indiscriminadamente llegando a 657 contagiados, de los 1.778 internos que hay allí, lo que representa que un 32% son portadores de COVID-19. Vale la pena resaltar que este centro carcelario tiene una capacidad para 900 internos, es decir, hay 878 personas más.
Cada una de estas situaciones termina agudizando los problemas que atraviesan la Cárcel de Villavicencio, y por esto se ha hecho el llamado a que se evalúe desde la Corte Constitucional el Decreto 546 del 2020, el cual “adopta medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19.”
Pero a su vez, como lo afirmó recientemente en entrevista con Pares, Gloria Silva, integrante del Equipo Jurídico Pueblos, no genera el impacto que se está previendo de deshacinar de manera extraordinaria y rápida las cárceles como medida de protección. Esto porque tiene una lista excesiva de excepciones, incluso, exclusiones que son más rigurosas que las que establece la ley ordinaria.
Por otro lado, ante la emergencia, la Alcaldía de Villavicencio también se pronunció con la elaboración de un protocolo para atender a los internos, a las personas excarceladas y al personal del INPEC. En éste se establecen las medidas que se implementarían para la toma de muestras, aislamiento, seguimiento médico, definición de casos y monitoreos domiciliarios.
En estos procedimientos estarían relacionados, además del INPEC, el ESE municipal, el Laboratorio de Salud Departamental del Meta, el Laboratorio Colcan (contratado por el Consorcio Fondo de Atención en Salud Fiduprevisora S.A -PPL), la Secretaria de Gobierno, la Oficina de Alta Consejería para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana para la paz, el EAPB y la Secretaria Municipal de salud de Villavicencio. Es necesario recalcar, que este como otros documentos, puede quedar en letra muerta si no hay otras medidas estatales que atiendan la crisis carcelaria de forma focalizada, efectiva y urgente.
Llamados al Gobierno ante la gravedad de la situación
Las organizaciones sociales, incluso con las restricciones de movilidad que ha habido durante la cuarentena, no han parado de hacer denuncias y reclamos al Gobierno Nacional para que cumpla con su obligación de proteger la vida de todas y todos.
Esto, en relación con el Covid-19 y la población privada de la libertad, por lo menos se viene realizando desde mediados de marzo, cuando internos de diferentes centros carcelarios alertaron que no se les estaba dando los implementos de protección, y que, por otra parte, los funcionarios de las cárceles no estaban cumpliendo con los protocolos establecidos para que se evitara la propagación del virus.
Esta situación ha llevado a que desde ese mismo mes se estén realizando constantemente actos de protesta, tanto por parte de las privadas y privados de la libertad, como por sus familiares y distintas organizaciones sociales. Es importante recordar, que en medio de estos actos asesinaron a 23 internos de la cárcel La Modelo el pasado 21 de marzo, además que 83 fueron heridos de gravedad. De varios de estos, como se informó hace poco en Pares, no se conocía información respecto a su estado de salud y paradero.
Más de un mes después de la masacre, el Congreso de los Pueblos informó que algunas de las personas no han recibido la adecuada atención médica. Este es el caso de Luis Hernando Rico (herido en la rodilla), Diego Armando Novoa (sondado) y Yesid Andrés Zapata, quienes, aunque se conoce que están en sus patios, no se les ha permitido el ingreso y administración de medicamentos. Situación similar pasa Luis David Rivera, herido en el brazo y sin ninguna atención hasta la fecha indicada.
Por otra parte, al día de publicación del Informe, se desconocía el estado de Fredy Mauricio Cárdenas, Robinson Andrés Martínez, Marco Roberto Parra y Carlos Alonso Tocancipá. Esto, mientras que de Pedro Wilmer Abreco y Juan Sebastián Prieto no se ha recibido ningún reporte, ni de dónde se encuentra, ni de su situación luego de lo ocurrido en la cárcel.
Crisis carcelaria en la región: ONU
Cabe señalar, que entidades como la ONU han alertado que estas situaciones son transversales en varios países de América Latina, donde el desinterés por los derechos humanos de la población carcelaria es comparable con lo que se evidencia en Colombia.
Lo que ha resultado con esto es que, en prisiones de países como Venezuela, Perú, Argentina, Chile, Brasil y México, las protestas y manifestaciones también están siendo la vía de reclamo, mientras, por otra parte, los medios siguen informando sobre esto como intentos masivos de fuga. Es necesario resaltar que de esa misma forma fue tipificado lo que sucedió en la cárcel La Modelo.
Igualmente, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU ha solicitado que estos hechos se investiguen con rigurosidad, pues los motines que se registraron en estos países, al igual que lo sucedido en Colombia, es la respuesta al miedo y la angustia de los privados de la libertad por contagiarse de Covid-19.
Este miedo se potencializa con los problemas de hacinamiento que hay en las cárceles de estos países, el uso indiscriminado uso de la fuerza por parte de la Fuerza Pública, la escasez de material sanitario y las precarias condiciones en la atención médica y garantías de salubridad y alimentación. Así, que con todo esto es necesario que las resoluciones de excarcelación eficaces sean un punto de encuentro en los países latinoamericanos, así como lo está siendo la crisis carcelaria.