Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Hablar de austeridad es tan importante como aplicarla. Por eso los llamados a que se ponga en acción han sido reiterativos, pues la actual crisis no solo está potenciando problemas estructurales, sino que también se ven venir escenarios difíciles social, política y económicamente.
Tras esos augurios una posible solución podría ser la organización, por otro lado, el manejo adecuado de los recursos públicos, focalizándolos y dándole prioridad a inversiones que mitiguen las consecuencias negativas, principalmente en los sectores más vulnerables, es decir, llevar alimento donde no hay, garantizar el acceso a servicios domiciliarios, promover el acceso a los servicios de la salud atendiendo las diferencias estructurales que hay y suscitar que las dinámicas económicas puedan continuar.
“En este momento cualquier gasto que se haga con un presupuesto tan limitado como el que tenemos en Colombia es crucial y puede significar vidas”, aseguró Wilson Arias, senador del Partido Polo Democrático.
Un derroche tras otro
Ante esta realidad han salido varias propuestas para que se dirijan correctamente algunos recursos del gasto público y así solventar las nuevas prioridades que la coyuntura actual plantea.
Sin embargo, esas peticiones han quedado ahí, pues mientras desde las organizaciones sociales y desde los organismos con injerencia en las decisiones públicas se lanzan algunas propuestas, el Gobierno Nacional ha puesto sus esfuerzos en darle continuidad a políticas represivas, a invertir en el posicionamiento de su imagen, y en su seguridad y la de su bancada.
Hace tan solo unos días se informaba acerca de los contratos que el gobierno de Iván Duque había firmado con la agencia Du Brands S.A.S, los cuales vienen desde el 30 de agosto de 2018, hasta el más reciente realizado el 30 de abril por $3.350 millones para implementación de estrategias digitales. Se estima que los cuatro contratos que se han hecho con la compañía rondarían los $8.000 millones.
Además, para financiar dichas estrategias comunicativas se utilizaron recursos del Fondo de Programas Especiales para la Paz, el cual tiene como fin promover iniciativas de paz encaminadas a fomentar la reincorporación de personas excombatientes.
Esto ocurre mientras en los ETCR se exige que se implemente lo pactado, más aún cuando la propagación del COVID-19 afecta de manera crítica los proyectos productivos que con muchas trabas de por medio han logrado establecerse.
Miles de millones para el ESMAD
Por otra parte, también se decidió invertir, en medio de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, $12,000 millones de pesos en la compra de 18 tanquetas para el ESMAD. Estas en una primera compra realizada el 12 de marzo donde se adquirieron 10 vehículos por un total de $7.738.000.000, más otros gastos entre accesorios, mantenimiento, requerimientos para la matrícula, entrega y SOAT que completó la cifra de $7.900.000.000.
En una segunda ocasión, el 31 de marzo, se obtuvieron ocho (8) vehículos por $4.070.400.000 más otros gastos que dieron un total de $4.160.000.000. Es decir, en ambas compras se invirtieron $12.060.000.000. Esto dentro de un panorama paradójico, pues mientras se negociaba y firmaban contratos, la gente bloqueaba las calles, hacía cacerolazos y se manifestaba para que llevaran comida a sus casas, una petición tan básica, que debió primar en la agenda presidencial.
Wilson Arias, senador por el partido Polo Democrático, explicó a Pares que esto es un aprovechamiento político de la pandemia para poder acrisolar la imagen presidencial e infundir miedo. Es muy grave para la sociedad.
“Se preparan contra algo que ven venir”
Más recientemente, el senador Wilson Arias hizo las denuncias advirtiendo que el pasado 20 de abril se inició la contratación para adquirir municiones para el ESMAD, en las habría 47.244 cartuchos de gas de 37 mm para un total de $2.855.332.872, 25.406 cartuchos de gas de 40 mm por $1.482.135.228, 11.411 cartuchos impulsor en los que se invirtieron $272.220.816. Así, en solo estos implementos se gastarían $4.877.224.338.
Por otra parte, se haría una inversión de $4.429.922.742 en la compra de granadas, en donde se incluirían 3.882 granadas de gas con movimiento ($457.501.464), 11.139 aturdidoras ($1.792.287.378), 5.352 granadas multi-impacto ($852.605.712), 3.258 granadas de humo de varios colores ($409.002.804) y 4.677 granadas de gas ($918.525.384). Asimismo, se adquirían 23.775 esferas de paint ball calibre 0.68 mm por $208.696.950. Todo lo anterior por un total de $9.515.844.030.
Cabe señalar que en enero de este año la Procuraduría General le hizo un llamado a la Policía Nacional para que el ESMAD suspendiera el uso de la escopeta calibre 12 y su munición de impacto dirigido, esto luego de que el agente de 003478 de este Escuadrón asesinara a Dilan Cruz el 23 de noviembre de 2019 en el marco del Paro Nacional.
También es necesario nombrar, que, durante el tiempo de cuarentena, el 22 de abril, la Policía asesinó durante una protesta a Jaider Antonio Brochero Hernández (al parecer de 17 años) en el municipio de Codazzi, Cesar. Esto mientras un grupo de cerca 70 persona se manifestaba exigiendo la entrega de atención alimentaria.
Días antes, el 17 de abril en Ciudad Bolívar, miembros de esta misma institución le dispararon en dos ocasiones a Danny Darío Carvajal Castellanos de 23 años, dejándolo gravemente herido y hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Meissen.
Cabe resaltar que el Decreto 563 de 2015, la Resolución 1190 de 2018 y la legislación internacional, ordena que los funcionarios de la Fuerza Pública que contengan escenarios de protesta social no deben portar armas de fuego. Esto también, sin olvidar que desde 1999, año en que se creó el ESMAD se han registrado 34 homicidios perpetrados por este organismo.
Con la coyuntura actual y un agitado momento social en el que, según lo reportó Pares recientemente, tras 47 días de la declaratoria de emergencia sanitaria se han registrado, por lo menos, 173 protestas en 24 departamentos del país.
Esto indicaría que los días venideros y las situaciones que se hacen más críticas, podrían encaminar a un estallido, sobre todo, de sectores populares y con mayor olvido estatal, que son a quienes les ha tocado afrontar las medidas de cuarentena con mayor vulneración a sus derechos, incluyéndose arremetidas del ESMAD con uso desproporcionada de su fuerza y poder.
Por esto, las implicaciones que tendría la compra excesiva de implementos para el Escuadrón, además desviar dinero necesario para atender las situaciones de injusticia que ha acentuado con la propagación del COVID-19, también representa una amenaza para el derecho a la protesta social, pues como lo manifestó el senador Wilson Arias:
“Parece ser que se están preparando para detener una muy importante movilización con una represión violenta contra algo que ven venir. Se preparan para reprimir brutalmente al pueblo”.
Es necesario nombrar que la adquisición de estas municiones se establecería el 29 de mayo, por eso se ha hecho la invitación para presionar y lograr retroceder este negocio y que se logre redireccionar este dinero a los sectores más vulnerables.
El senador del Polo Democrático concluyó diciendo que puede pararse porque se está en un proceso todavía preliminar, y, además, porque de acuerdo con la normativa colombiana no estamos obligados a hacer esas adquisiciones y por eso se pueden suspenderse. Estamos en un momento determinante para lograr que los recursos se reorienten.