Por: Isaac Morales Pérez. Coordinador de la línea de seguridad urbana y crimen organizado, Pares.
El Ejército Nacional se constituye como aquella fuerza del Estado cuya misión principal es defender la soberanía nacional, la independencia y la integridad territorial. Sus acciones deben estar dirigidas a generar ambientes de paz, seguridad y que permitan el desarrollo del país; sin embargo, el Ejército Nacional ha estado permeado por muchos escándalos que permanecen en la memoria reciente del pueblo colombiano.
Desde la macabra orden dadas por superiores para que mandos medios y rasos obtuvieran beneficios por bajas de guerrilleros muertos en combate, lo que causó el mal llamado fenómeno de los Falsos positivos o como se debería llamar: ejecuciones extrajudiciales, lo que provocó que militares retuvieran jóvenes de zonas deprimidas por la pobreza para luego ser asesinados y en un escabroso escenario fueran disfrazados de miembros de las FARC para después cobrar un bono o unas vacaciones por buenos resultados.
No podemos olvidar otro escándalo relacionado que salió a la luz en 2014. En ese momento se tenía información sobre una serie de contrataciones fraudulentas para la compra de testigos de acusados por ejecuciones extrajudiciales, un hecho que en su momento llevó al presidente Santos a pedir investigación por parte de la Fiscalía para determinar responsables; el General Barrero, entonces comandante de las Fuerzas Militares, aseguró no tener conocimiento de esta práctica; un escándalo más que se suma a la lista.
Recientemente en el Gobierno de Iván Duque, o la nueva cara del uribismo, se acudió a una estrategia muy similar. Altos mandos pedían resultados y se establecieron formatos o planillas para que se hiciera seguimiento a esos “logros” en combate, un escándalo que no tuvo consecuencias claras ni responsables con nombre propio, acaso ¿el General Nicacio Martínez no sabía que sus mandos medios hacían esto? Si algo es claro es que así no se genera seguridad ni paz: inventándose enemigos y cobrando bonos que benefician a unos cuantos no es una buena manera de operar.
A finales del 2019 y en lo que va corrido del 2020 se han conocido otros escándalos que involucran al Ejército Nacional. Varias de sus unidades y mandos, se supo, que seguían haciendo interceptaciones ilegales a miembros de la oposición, periodistas, opinadores e incluso a jueces de la República, se había destapado el primer capítulo a finales del 2019, se conoció todo un aparataje tecnológico, logístico y operativo dedicado a interceptar comunicaciones de ciertas caras visibles del país que además operaba desde guarniciones militares, quizá con la intención de no levantar sospechas.
Eso aceleró la salida del General Nicacio Martínez del mando en el Ejército, sin reconocer alguna responsabilidad o conocimiento sobre la situación, aduciendo a razones personales para finalizar su carrera militar.
Recientemente el segundo capítulo de esta novela de espionaje fue destapado por la Revista Semana, que asegura tener información que comprobaría la interceptación y perfilamiento de periodistas extranjeros en Colombia y otras personalidades.
Llama la atención que toda la actividad de espionaje involucra a los Batallones de Ciberinteligencia (Bacib) que pertenecen a las brigadas de inteligencia militar y al Batallón de Contrainteligencia de Seguridad de la Información (Bacsi), ambos dependen orgánicamente del Comando de Apoyo de Inteligencia Militar (Caimi) y del Comando de Apoyo de Contrainteligencia Militar (Cacim), como lo reseña la Revista Semana en su primera entrega sobre este escándalo a principio de año.
No cabe duda que muchas de estas actividades son órdenes de altos mandos y que existe un comportamiento sistemático para perseguir e identificar personas que no representan una amenaza real para el país, ¿qué sentido tiene espiar a periodistas y opinadores?
Muchos interrogantes quedan a propósito, ¿quién ordenó interceptar comunicaciones? ¿quién ordenó perfilar a periodistas? ¿cuál es la amenaza que el Ejército considera existe desde el papel de estas personas? ¿cuál es el resultado que se espera tras identificar a los chuzados? ¿qué se hace con la información recopilada en los informes? No existe una justificación clara y mucho menos razonable para comprender estos hechos.
Y la cereza del pastel la puso el CENAC-Regional de Medellín (Central Administrativa y Contable), cuando se conoció que su Director, firmó el contrato de compraventa No. 044 de 2020 cuyo objeto es la adquisición de elementos de protección e higiene para prevenir la COVID-19, con una empresa recientemente creada y con dudosa credibilidad, en este contrato se presentaban sobrecostos entre cuatro y cinco veces mayor a los precios normales en los mercados mayoristas; tapabocas, gel antibacterial, hipoclorito de sodio y jabón de manos fueron adquiridos con precios inflados.
Es decir, además de estar en la lupa de la opinión pública por desviar sus labores naturales de inteligencia, se ubican en la perversa moda de la corrupción que azota a todo el país en medio de una pandemia como la que vivimos.
Con el fin del conflicto armado con las FARC, el Ejército entró en una etapa de transformación orientada a participar en otros frentes de acción como la atención de desastres y la protección de las fronteras terrestres; sin embargo estos hechos dejan ver otra cara del Ejército, un cuerpo armado que pareciera no tener control de la autoridad civil y que se desvía de sus fines misionales, no se debe generalizar porque seguramente tendrán efectivos íntegros que respeten a la institución y al país, pero es claro que varias manzanas podridas siguen dando ordenes que nada tienen que ver con la naturaleza de dicha institución.