Por: Laura Cano, periodista Pares.
Un Mínimo para la Vida es una propuesta realizada por la bancada de oposición del Congreso compuesta por más de 50 parlamentarios. La propuesta tiene dos ejes. En un primer escenario se plantea poder entregar un subsidio por el valor de un salario mensual en el que se incluyan todas las prestaciones sociales, lo que equivaldría a $1.409.000 que serían entregados a trabajadores y trabajadoras que ejercen de manera formal e informal y que sus actividades hacen parte de los sectores más afectados. De esta forma se verían impactadas 3.5 millones de personas.
Esta iniciativa es la respuesta a un confinamiento que demostró que este sistema económico, político y social siempre pone sus consecuencias en la misma gente; quienes primero se quedaron sin qué comer, los que primero perdieron sus empleos, los se quedaron sin dónde dormir, los que no tenían un hospital al cual acudir, y otros escenarios en los que se mostró que cada una de estas personas respondía a una misma clase, clase que, además, mantiene este sistema de pie.
Los congresistas que realizaron la propuesta pertenecen a los partidos Farc, MAIS, Colombia Humana, Cambio Radical, Lista de la Decencia, Polo Democrático, Liberal, Alianza Verde y el Partido de la U. Explicaron a través de un comunicado que esta es una Propuesta Económica donde el Estado es garante de la vida digna de la población y el sostenimiento de la economía.
Un salvavidas para garantizar la vida digna
La propuesta tiene dos ejes. En un primer escenario se plantea poder entregar un subsidio por el valor de un salario mensual en el que se incluyan todas las prestaciones sociales, lo que equivaldría a $1.409.000 que serían entregados a trabajadores y trabajadoras que ejercen de manera formal e informal y que sus actividades hacen parte de los sectores más afectados. De esta forma se verían impactadas 3.5 millones de personas
Cabe señalar que recientemente Fedesarrollo informó que luego de que se abrieran unos sectores el pasado 27 de abril, otros seguían con ‘bajas capacidades de adaptación’ lo que significaba que verían muchas más dificultades para solventar su estabilidad económica, lo que terminaría significando despidos de empleados y desaparición de empresas. Así, también se alertó que 22 millones de trabajadores son los que se verían más afectados, esto teniendo en cuenta la diferencia de oficios y también de tipos de contratación.
También se informó que los trabajadores más afectados serían los pilotos, ingenieros de vuelo, oficiales de cubierta, maquinistas-navegación marítima y fluvial; comerciantes, propietarios; jefes de ventas, compradores; agentes de venta, representantes comerciales, comisionistas; vendedores, ambulantes, de loterías, periódicos, mercaderistas y otros sin clasificación; directores de hotel, bares, similares; gerente-propietario de hotel, bares, restaurantes; cocineros, camareros, barman, meseros; empleados domésticos, niñeros, camareras; lavanderos, limpiadores, planchadores; peluqueros, especialistas en tratamientos de belleza y trabajadores asimilados; guías de turismo, policía de turismo; empresarios de pompas fúnebres, embalsamadores; recibidor de apuestas en casino, garitero; trabajadores sexuales; ajustadores, montadores e instaladores de maquinaria; relojeros y mecánicos; electricistas de vivienda y automotriz, instalador y reparador de teléfonos; y contadores.
En un segundo escenario, y siguiendo lo propuesto en un Mínimo para la Vida, en donde se hablaba de un redireccionamiento de recursos y esfuerzos que permitieran dar liquidez en las familias para cubrir necesidades básicas en vía de asegurar la vida digna en cada hogar.
La propuesta pretende que el Estado asegure la alimentación y los pagos de servicios públicos domiciliarios, dirigido a todas las personas que están en situación de vulnerabilidad socioeconómica, laboral y de ingresos, priorizando madres cabeza de familia, víctimas del conflicto armado, trabajadores informales, personas con discapacidad sus cuidadoras y cuidadores, personas reincorporadas, y a su vez teniendo en cuenta un enfoque de género y étnico, se responde a ese mismo interés y se establece la entrega de un salario mínimo ($877.000) a 31 millones de personas, lo que representa 9.5 millones de hogares con más riesgos y vulneración a derechos durante el tiempo en el que esté presente el virus.
Los recursos
Lo anterior, que iría encaminado a garantizar la vida digna y al sostenimiento de la estructura productiva, se implementaría por tres meses y en total, con ambos ejes, beneficiaría a cerca de 34.5 millones de personas, el 71% de la población colombiana. Por otra parte, tendrían que invertirse alrededor de $40.5 billones.
Este dinero saldrá desde la implementación de varios frentes. Por una parte, la unificación de los ingresos que se están entregando a través del Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y el Ingreso Solidario.
Además, se plantean como medidas inmediatas la ampliación del impuesto al patrimonio; la reasignación de los gastos del presupuesto nacional; la reducción de gastos de funcionamiento que no sean indispensables; redireccionar los recursos de proyectos aplazables y cancelados; el dinero disponible en el FOME; el recaudo del impuesto solidario COVID-19, creado mediante el Decreto 568 del 2020; la suspensión de los beneficios tributarios aprobados en la Ley 2010 de 2020 (Ley de Crecimiento Económico); y hacer la solicitud de un crédito directo al Banco de la República, garantizando las reservas internacionales.
“Estamos seguros de que, si hay voluntad política por parte del Gobierno, se puede conseguir estos recursos. Por ejemplo, congelando proyectos como la compra de armamento para el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD); no hacer grandes inversiones en publicidad y posicionamiento de imagen; redireccionar recursos del presupuesto; acabar las excepciones que se aprobaron en la Reforma Tributaria que suman más de $11 billones; hacer un préstamo del Banco de la República; y acudiendo al impuesto solidario que recauda un buen número de dinero. Así, estamos seguros que hay de dónde”, afirmó el senador Carlos Lozada del partido Farc a través de Twitter.
Adicionalmente, y como propuesta relevante para los escenarios venideros en el país, se plantea la urgencia de que a mediano plazo se establezca una reforma tributaria estructural, “progresiva, equitativa y eficiente, como lo ordena la Constitución, que elimine beneficios tributarios injustos e innecesarios, aumente el impuesto al patrimonio, los dividendos y la renta de personas naturales con mayor riqueza.
Asimismo, que contemple la creación de una sobretasa a los sectores beneficiados durante la emergencia, servicios domiciliarios, supermercados, etc. De otro lado, es necesario avanzar en el trámite de créditos con la banca multilateral y la refinanciación de la deuda pública”. Esto aparte de necesario, son las respuestas que se necesitan, tanto por la crisis que ha detonado el COVID-19, como por la deuda histórica que el Estado tiene con la gente y los territorios más olvidados. Como muchos solicitan: Renta Básica Ya.