Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares
![](https://static.wixstatic.com/media/e7c20b_b8723211015d40b9b6d42bfc7a5506c6~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_481,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/e7c20b_b8723211015d40b9b6d42bfc7a5506c6~mv2.jpg)
El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), ha tomado la determinación de enviar un documento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido al asesinato selectivo. Tras la firma del Acuerdo de Paz —24 de noviembre de 2016— han sido asesinados 196 personas en proceso de reincorporación.
Cabe señalar que, en las horas de la noche de este jueves 7 de mayo fue asesinado el firmante de paz Wilder Daniel Marín Alarcón. El Cuerpo del excombatiente fue encontrado en el barrio Caballas en el Municipio de Bello. Wilder era estudiante del SENA de técnica de Auxiliar Contable y hacía parte de la Cooperativa Multiactiva Tejiendo Paz (COOTEPAZ). Tan solo en Antioquia han sido asesinados 27 exguerrilleros, tras la firma del Acuerdo.
Diego Martínez, abogado de FARC, señaló ante la opinió pública que “Hemos decidido acudir al Sistema Interamericano y también ante Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Solicitaremos la intervención de la Comisión Interamericana y una visita in loco (visita de campo) al país para constatar que está ocurriendo un exterminio sistemático contra excombatientes”.
Según cifras del Consejo Nacional de Reincorporación FARC, desde el 24 de febrero, fecha en que el riesgo para Colombia de COVID-19 ascendió a moderado, han sido asesinadas 12 personas en proceso de reincorporación, de ellas siete (7) desde la expedición del decreto de emergencia sanitaria (22 de marzo). En 2020 se han registrado 25 asesinatos de firmantes de paz en Colombia.
De acuerdo con Farc, se busca solicitar la visita de la Corte Interamericana para que investigue esta situación como exterminio, dada la sistematicidad de los asesinatos, y se presente un Informe al Sistema interamericano. Esto en medio de 679 casos de riesgo (Amenazas, Atentados, Desplazamientos forzados, Persecución, Extorsión), a febrero, que la propia ARN tiene conocimiento y tendría que ayudar a tramitar con las entidades pertinentes, entre ellas la UNP.
Según datos del Sistema de información SIPARES, los tres departamentos más victimizados por la violencia letal en contra de firmantes de paz son: Cauca, Nariño y Antioquia. Asimismo, más del 80 % de los casos las autoridades no han podido determinar el agente perpetrador.
![](https://static.wixstatic.com/media/e7c20b_565e71536e924ce2b068dac72b1fab99~mv2.jpeg/v1/fill/w_446,h_670,al_c,q_80,enc_auto/e7c20b_565e71536e924ce2b068dac72b1fab99~mv2.jpeg)
Indolencia
Las solicitudes del Partido FARC han sido una constante durante el año y medio de gobierno. Posterior a la firma del Acuerdo solicitaban medidas de protección a los cerca de 13 mil hombres y mujeres que le apostaron al proceso de paz. Sin dudas, desde la posesión de Iván Duque, la exigencia del partido ha sido la implementación del Acuerdo y, fundamentalmente, las garantías para la vida de los y las miles de firmantes de paz.
El Acuerdo de Paz está bajo amenaza de muerte, con la mirada tolerante del gobierno del presidente Iván Duque, como lo han venido señalando los comunicados de Farc desde que se acrecentó la violencia letal en plena emergencia sanitaria del Covid-19.
![](https://static.wixstatic.com/media/e7c20b_15bbd2a4defa48c28c8587298ddbc3ca~mv2.jpeg/v1/fill/w_653,h_670,al_c,q_85,enc_auto/e7c20b_15bbd2a4defa48c28c8587298ddbc3ca~mv2.jpeg)
Mapa de víctimas que corresponden a personas en proceso de reincorporación asesinadas después de la firma del Acuerdo de Paz. Mapa: Pares.
Asimismo, cómo lo señaló en un comunicado FARC, tras el asesinato del jueves pasado de Wilder, en el marco de la pandemia y la emergencia que ha generado, no paran los asesinatos en contra de líderes sociales y los reincorporados de FARC y no nos cansaremos de repetir que la paz no nos puede seguir costando la vida”.
Esquemas colectivos: una apuesta especial
Cabe señalar que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para finales de abril decidió estudiar de oficio medidas cautelares de protección colectiva para la población en proceso de reincorporación. Si bien no hay nada definido, el tribunal especial avanza hacia una alternativa que permita hacer frente a la violencia selectiva.
Asimismo, la magistrada de la Sección de Casos con Ausencia de Reconocimiento —Reinere de los Ángeles Jaramillo—; ha explicado que estas acciones de protección colectivas pretenden garantizar el cumplimiento de los derechos de las víctimas en el marco de las garantías de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición.
Esta acción, emprendida por JEP contempla a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación , la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Consejo Nacional de Garantías de Seguridad y los ministerios de Interior y Defensa.
Sergio Marín, representante de FARC en el Congreso, se han solicitado acciones concretas del Gobierno Nacional, puntulamente se ha dirigido a la Ministra de Interior, Alicia Arango, en el debate de control político»Ministra ¿Cuál es la propuesta POLÍTICA, con mayúsculas, de gobierno frente al Diálogo Nacional que proponemos no sólo para sacar las armas de la Política, si no para enfrentar el no funcionamiento del congreso?»
De igual forma, Marín precisó no podemos cansarnos de insistir en la necesidad de que se avance seriamente en medidas que conduzcan a evitar la continuación del desangramiento. Creemos firmemente en la Paz de nuestro País. Estamos absolutamente seguros que quienes activan los gatillos no son los principales responsables, detrás de esas personas hay quienes dan las órdenes y a uno le sorprende que nos hayan realmente resultados en las investigaciones.
La estigmatización: un lastre en esta violencia
Por otra parte, resulta importante insistir que la población en proceso de reincorporación le han manifestado a Pares, con preocupación, la estigmatización a la que han sido expuestos por discursos del Gobierno Nacional o de la institucionalidad sobre su vinculación a las disidencias o a economías ilegales.
Es importante recordar que, acuerdo con el investigador nacional Javier Alejandro Jiménez, desde Pares se han formulado tres hipótesis que intentan dar cuenta del asesinato de los y las firmantes de paz:
· “La primera de ellas está ligada a la resistencia de la población en proceso de reincorporación para sumarse a las Estructuras Armadas Ilegales. Ante dicha negativa, son asesinados”.
· La segunda esta ligada con temas de venganzas por parte de grupos armados en las zonas en las que los y las firmantes de paz adelanatan su proceso de reincorporación.
· La tercera tiene que ver con venganzas de personas debidos a abusos o hechos que haya cometido la extinta guerrilla de las FARC- EP contra la población civil en su momento.
«La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»
Comments