Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares
En la subregión de Bajo Cauca Antioqueño, en las últimas 48 horas, han sido asesinados dos líderes sociales. La Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (ASOCBAC) dio conocer que el pasado miércoles 13 de mayo, en horas de la tarde fue asesinado el líder social Julio César Hernández Salcedo. De acuerdo con las comunidades, el cuerpo del líder fue encontrado en cercanías al corregimiento de La Caucana, en el municipio de Tarazá. Según ASOCBAC, el líder era miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Antonio del municipio de San José de Uré (Córdoba).
Asimismo, en las últimas 48 horas también las comunidades del Bajo Cauca han denunciado la circulación de panfletos, presuntamente, de Los Caparros en los que se amenaza de muerte a las personas que ingresen sin ‘autorización’ al municipio de Tarazá. Asimismo, el panfleto amenaza a la comunidad del municipio que esté en la calle después de las 7 de la noche.
Las comunidades han solicitado a las autoridades competentes para que se hagan cargo de la situación del municipio, puesto que en el mismo señalan comprendan que una persona de bien y de sociedad no tiene nada que hacer en la calle a altas horas de la noche y más sabiendo cómo está el orden público en la región.
Si bien, el panfleto que se atribuye a Emiliano Alcides Osorio Macea, comandante del Bloque Virgilio Peralta Arenas; las autoridades policiales de la región no han podido determinar no han podido determinar la “autenticidad” del mismo y, por tanto, de quién estaría detrás de la acción victimizante.
Cabe recordar que el pasado 12 de mayo las comunidades denunciaron el asesinato del líder social Teylor Cruz Gil. El hecho ocurrió en el municipio de Cáceres, en la subregión de Bajo Cauca Antioqueño. De acuerdo con la comunidad, hombres armados arribaron hasta su casa y con armas de fuego acabaron con la vida del líder.
El pasado 11 de mayo, también en el municipio de Cáceres, cinco uniformados del Ejército Nacional resultaron heridos tras un ataque con granada. Los militares afectados por el artefacto explosivo pertenecen a la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles que opera en la subregión del Bajo Cauca Antioqueño.
De acuerdo con versiones del general Juan Carlos Ramírez Trujillo, comandante de la Séptima División del Ejército, sostuvo que estos hechos podrían atribuírsele al Clan del Golfo como una suerte de “retaliación” debido a que durante el 2020 el Ejército habría neutralizado 458 integrantes del Clan del Golfo a lo largo de los departamentos de Chocó, Córdoba y Antioquia.
Disputa en Bajo Cauca
Es importante señalar que a la subregión de Bajo Cauca el copamiento criminal llegó casi inmediatamente luego de la salida de los Frentes 36 y 18 de la antigua guerrilla Farc. La tardía llegada del Estado generó el fortalecimiento del Clan del Golfo y del ELN en los municipios de Tarazá, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí y Zaragoza. Fundamentalmente, el recrudecimiento de la violencia viene por cuenta de la disputa de por las rutas del narcotráfico y minería ilegal.
Ahora bien, este panorama de violencia, se suma la presencia de los Caparros, precisamente, del Bloque Virgilio Peralta Arenas. Asimismo, en el territorio hacen presencia GAPF, del frente 18.
Esta subregión del Bajo Cauca Antioqueño hace parte de la región del Nudo de Paramillo, con las subregiones de Norte y Nordeste Antioqueño y Sur del Córdoba. De acuerdo con las investigaciones de la Fundación Paz y Reconciliación, esta zona se han convertido en un clúster de mercados ilegales, aprovechadas por las estructuras armadas y élites ilegales en tanto que allí encuentran las materias primas de mercados ilegales, como la coca o el oro; también se da el procesamiento y desde allí son comercializadas hacia el interior y fuera del país, puesto que conectan con Medellín, con la costa Caribe y con el Urabá.
Asimismo, A este panorama se suma la incapacidad del Estado local y central para generar un ambiente de gobernabilidad y legalidad; una dificultad que se debe no sólo al aspecto técnico y de infraestructura institucional, sino también a la facilidad que tienen las estructuras armadas ilegales para permear la institución.
En ese mismo sentido, las estructuras armadas ilegales se han mantenido en el territorio porque élites legales e ilegales han contratado sus servicios criminales. Esto ha conllevado a que en esas tres regiones se reciclen violencias periódicamente y que las afectaciones a los DD.HH. queden en la impunidad.