Por: Laura Cano, periodista Pares.
Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte; pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba.
Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada.
Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos.
Los nadies. Eduardo Galeano
Como fragmentos salidos del poema de Galeano, así han sido los días de quienes habitan el barrio Altos de la Estancia, en los cerros del sur de la capital. La implementación de aislamiento preventivo obligatorio ha mostrado las caras de los barrios populares, sus gentes, sus paisajes y sus resistencias. Lamentablemente esta ventana abierta para las zonas de periferia no responde a nada diferente sino a las injusticias, que aun en medio de una cuarenta y bajo políticas que supuestamente pretenden preservar la vida y el bienestar, solo han terminado agitando las problemáticas sociales que han acompañado históricamente a estos puntos de la ciudad.
Quienes primero se levantaron ante unas dinámicas de cuarentena que no respondieron de manera diferencial a una población altamente vulnerable, fueron justamente los sectores populares, los mismos que primero se quedaron sin qué comer, sin trabajo, los que hoy no tienen cómo atender a las dinámicas virtuales (mientras les dicen que pidan los auxilios económicos y sociales por allí), los que no tienen un hospital cercano, quienes primero se quedaron sin dónde pasar los días.
Nos saturaron con la consigna de Quédate En Casa, sin embargo ellos son quienes están en las calles como lugar de pronunciación, no solo de protesta porque no quedó otra alternativa que salir a rebuscarse lo del día a día.
Desalojos en medio de la pandemia
Desde el pasado 02 de mayo se ha estado alertando de los desalojos que se han realizado en Altos de la Estancia, en los que han tenido participación la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, la Personería Local, el ESMAD, la Secretaría de Seguridad, el IDIGER, la Secretaría de Hábitat, la Policía Nacional e Integración Social.
Institucionalmente se ha actuado bajo el argumento que el terreno, en el que actualmente se ubica el Parque Altos de la Estancia, tiene alto riesgo de deslizamiento, situación que ha sido alertada desde 1997.
Por otro lado, también se ha insistido en la ilegalidad de los predios, un escenario que no es nuevo, y que incluso se ha constituido como uno de los principales problemas de las periferias bogotanas: por un lado, con los llamados ‘tierreros’, y por otra parte por la cantidad de barrios que después de años no han sido legalizados, lo que implica que no sean tenidos en cuenta en las planeaciones de los gobiernos distritales.
Si bien, este viernes en medio de una rueda de prensa el alcalde local, Jaime Flores, aseguró que la intervención fue hecha mediante un protocolo de la manera más tranquila, con el diálogo siempre prevaleciendo, y que, aunque se ofrecieron albergues y servicios de transporte para llevar los trasteos, desafortunadamente las personas no aceptaron la propuesta y por eso la Policía tuvo que proceder. Ellos pedían que fueran censados y que se iban en medida que encontraran un lugar diferente, lo que se ven registrados en las redes sociales indica que la situación es distinta para estas familias desalojadas.
La actuación de estas instituciones frente a esta realidad deja varios cuestionamientos: ¿era realmente necesario hacer el procedimiento en medio de una pandemia? ¿los desalojos son más efectivos que cualquier otra medida para atender el problema de los ‘tierreros’? ¿el olvido histórico con los barrios populares piensa ser resuelto con represión? ¿realmente solo brindar la alternativa de los albergues es la forma de mediar con personas que por años se han esforzado por construir sus casas ‘con lo que hay y pueden’?
La historia del otro lado
Desde el 02 de mayo por redes sociales comenzaron a circular videos de una presencia intimidante de agentes del ESMAD, quienes antes de mediodía habían provocado que muchas personas salieran de sus casas, precisamente no mediante diálogo como se ha insistido, sino por medio de la utilización de gases, aturdidoras y en general un uso excesivo y abusivo de la fuerza por parte del Escuadrón.
Estos hogares estaban ubicados allí, por lo menos desde hace ocho (8) años, aunque entendiendo la coyuntura, en efecto, este terreno también se había convertido en la alternativa de habitabilidad para muchos. Según lo informado por la edilesa de Ciudad Bolívar, Luceris Segura y la habitante del Altos De La Estancia, Yenny Camelo, en esta zona entre 300 y 400 personas habían construido sus viviendas.
Los desalojos se han extendido durante doce (12) días, demostrando la forma en que llega la institucionalidad a las periferias, en donde se ha gestionado para hacer ruedas de prensa, para llegar con retroexcavadoras, pero no para hacer ofertas más allá de los albergues.
Además, también se han concentrado los esfuerzos para que durante las últimas dos semanas hubiera presencia constante de agentes del ESMAD en el Parque. Situación que ha desencadenado en una reiterativa violación de derechos humanos a las personas de Altos de la Estancia. Gracias a los reportes de la misma gente del barrio, se ha podido registrar que allí además de los desalojos ha habido humillaciones, destrucciones de las viviendas sin mediación, golpes; heridos, afectados por los gases, en especial menores de edad y adultos mayores. En general un ambiente de miedo, tristeza y pérdida.
https://twitter.com/Col_Informa/status/1259277435125800963?s=20
En este punto es importante señalar dos cosas. Por un lado, los reclamos que hacen algunas de las personas que han sido sacadas de sus casas es que han sido desplazadas de la violencia y ahora son desplazadas por el actuar de la Alcaldía.
Este reclamo no es vano, pues Ciudad Bolívar es la localidad en Bogotá con mayor población desplazada por la violencia. Según lo informado por el Observatorio Distrital de Víctimas y el Centro de Memoria Paz y Reconciliación, en 2019 en la capital había 347.294 víctimas del conflicto armado, de estas 29.130 se ubicaban en la localidad 19 de la ciudad.
Por otra parte, la población que sufrió los desalojos exigía un plan de reubicación claro. Adicionalmente, aunque se reclamaba la identificación de los funcionarios, como parte de control político, éstos evadieron a la gente diciéndoles que si se tenía algún reclamo podían pasar un derecho de petición por escrito.
Aquí venden lotes a diestra y siniestra aprovechando la necesidad de la gente. Por más que las comunidades denuncian lo que pasa no hay investigaciones reales. La gente pone en conocimiento las situaciones, quienes están detrás del negocio, las otras dinámicas que hay como el microtráfico, pero no pasa nada, explicó la edilesa Segura.
Yenny Camelo aseguró que todavía quedan las personas que tienen los ranchos en pie y a las que se los han tumbado se han tenido que ubicar en otros lotes de otros compañeros, donde también hay confinamiento, pues tres o cuatro familias se están teniendo que meter en una sola casa.
Asimismo, se debe señalar que en las denuncias también se ha alertado sobre censura a la prensa que ha estado cubriendo los desalojos. El medio alternativo Colombia Informa comunicó el pasado 10 de mayo que no se les estaba permitiendo el ingreso a los periodistas y que limitaban decir que los desalojos estaban autorizados por la Alcaldía Mayor.
“Uno de los corresponsales de Colombia Informa, Carlos Javier Jiménez, no llevaba con él su identificación. Así, uno de los patrulleros que lo detuvo llamó a la Agencia y efectivamente confirmó que se encontraba realizando un cubrimiento periodístico bajo la figura de colaborador. A pesar de esto, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol -Dijin- llegó al lugar y le quitó la cédula y la cámara a nuestro corresponsal. Todas las personas encargadas de prensa fueron retiradas de la zona excepto Carlos Javier Jiménez, quien fue retenido sin informar previamente a este medio”.
Ganó la represión
Aunque en la mañana de este viernes el secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez, encabezó una rueda de prensa intentando aclarar lo que ha estado pasando, los argumentos siguieron siendo los mismos que se han dado: lugar de alto riesgo e ilegalidad de los predios.
Por su parte, Yenny Camelo aseguró que en esa rueda de prensa en la que manifestaban que ellos que ellos estaban en una actitud conciliadora ni siquiera dejaron bajar a ninguna persona de ese terreno para que se pudiera acercar y hablar de la verdad de lo que está sucediendo. Además, salen a decir que la gente los ha recibido con machete y eso realmente no ha pasado, hemos salido a decir que qué van a hacer con nosotros, que nos colaboren. Nosotros no tenemos la intención de quedarnos con el terreno, pero que entiendan nuestra situación, no tenemos otras vías”, aseguró.
También llama la atención que no hay alternativas de solución y que la administración siempre ha estado como proponente sin permitir un diálogo horizontal en el que los habitantes tengan la posibilidad de plantear opciones y que estas sean escuchadas. Lo que queda hoy es un terreno en el que ganó la represión y la falta de medidas que atiendan en realidad las necesidades de la población, una población de la que se ha hecho uso político para ganar campañas, para aprobar contratos, para ganar popularidad, pero muy pocas veces para garantizar la dignidad, la cual se seguirá exigiendo.
“Este lugar está amparado gracias a la organización de la gente, por la que se dio el Decreto 489 de 2012, el cual dicta que las entidades del Distrito deben brindar recursos a través de un plan de acción para esta zona. Asimismo, en la Resolución 0983 de 2015 se implementan unas fases para la intervención del terreno el cual tiene 72.8 hectáreas, con esto se lograron ubicar cerca de 5000 familias en ese momento, pero quedaron otras y luego por el abandono de la administración de turno (Enrique Peñalosa) el terreno se vuelve a poblar, aclarando que en este periodo se construyeron nueve hectáreas del Parque, pero porque ya estaba adjudicado un contrato desde antes”, aseveró Luceris Segura.
Seguramente hay otros medios para atender la situación, en los que debería primar el bien común por encima de la propiedad privada, de los intereses políticos e individuales. Si bien, el terreno puede presentar fallas geológicas, es deber de los entes estatales y distritales promover que a la gente que allí habita se le garanticen cada uno de sus derechos y esas garantías no vienen de la mano de un organismo represor e intimidante como el ESMAD. En las decisiones en las que se afectara a la gente no hay nada que deba priorizarse más que la propia gente, lo que conocen del lugar en el que viven, sus experiencias y sus intereses.