Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares
La Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) y la Coordinadora Municipal de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) denunciaron este lunes el asesinato del campesino Emérito Digno Buendía Martínez a manos de uniformados del Ejército colombiano. De acuerdo con ASCAMCAT, el hecho ocurrió a las 6:30 a.m. cuando hombres del ejército abrieron fuego en contra del asentamiento campesino ubicado en la vereda Tutumito, zona rural de Cúcuta (Norte de Santander).
A su vez, ASCAMCAT señaló que en el ataque que fue perpetrado por militares pertenecientes al batallón Hermógenes Maza, tres campesinos resultaron heridos: Miguel Hernández, Juan José Orozco y Jimmy Alberto González, quienes fueron trasladados al centro de salud del corregimiento de Agua Clara.
Pares habló con Juan Carlos Quintero —directivo de ASCAMCAT y coordinador del eje de paz, implementación y DD.HH.— para conocer el contexto de la situación que se vive en la subregión del Catatumbo y en la zona rural de la capital del departamento de Norte de Santander.
Catatumbo: una crisis humanitaria desatendida
De acuerdo con Quintero, el Ejército ha manifestado que las operaciones de erradicación forzada provienen de una orden presidencial y que, de hecho, las operaciones seguirán extendiéndose por el territorio. Por ejemplo, cuenta que ellos en una reunión del pasado viernes del Comité de Justicia Transicional, en Cúcuta, anunciaban que la erradicación ‘va porque va’ y será ampliada geográficamente por el Catatumbo.
“Esto nos pone en una situación muy compleja, en el marco de la crisis social por cuenta del Covid19, los dos paros armados que se han dado en el Catatumbo en 2020 y con esta erradicación forzada; lo que hay hoy en la región es una crisis humanitaria desatendida. Nosotros hemos dicho que entramos a Asamblea, porque si Duque no está en cuarentena e incumple sus propios actos administrativos pues nosotros no podemos estar en cuarentena para exigir nuestros derechos”, señala Quintero.
Por ejemplo, hoy como respuesta de las comunidades, en el lugar del asesinato del campesino se registró una captura ciudadana de un subteniente de dicha patrulla, quien estuvo bajo custodia de los campesinos.
Ante el delito de flagrancia posterior, la ciudadanía puede ejercer ese derecho y ahí está como un elemento de prueba para cuando lleguen las autoridades competentes para determinar la responsabilidad del uniformado retenido. Al lugar llegaron el Defensor Regional del Pueblo, una delegación de la alcaldía y de la Fiscalía General de la Nación.
Además, Quintero cuenta que justamente hoy se cumplen nueve (9) semanas de haberse iniciado las erradicaciones forzadas y violentas que arrancaron el 11 de marzo por parte del Ejército. Inicialmente en el municipio de Sardinata, nosotros nos movilizamos en un bloqueo que tuvo paralizada la vía entre Cúcuta y la Costa Atlántica entre el 15 y el 18 de marzo. En medio de esa tensión se decretó la emergencia social por cuenta del Covid-19.
La violencia por cuenta de la erradicación forzada
Esta erradicación violenta no solo ha cobrado la vida de Emérito, sino que, el pasado 26 de marzo, cuando el Ejército ejecutó extrajudicialmente a nuestro compañero Alejandro Carvajal, en la vereda Guayacanes en zona rural de Sardinata. Posteriormente, el 25 de abril, se extendieron esas erradicaciones a Tutumito y Vigilancia, justamente, en donde se registró el asesinato de este lunes.
Los hechos victimizantes por parte de las FF.MM. profundizan la crisis por el incumplimiento de la implementación del Acuerdo de Paz. Foto: ASCAMCAT
Los hechos victimizantes por parte de las FF.MM. según Quintero, profundizan la crisis por el incumplimiento de la implementación del Acuerdo de Paz. Acá se han pronunciado en estos dos meses públicamente: el alcalde de Cúcuta, el gobernador del departamento, la Asociación de Personeros del Catatumbo, los 11 alcaldes, la Iglesia Católica, todos rechazando la erradicación forzada. Desafortunadamente, el Presidente no los escucha a ellos, no escucha ni siquiera a las autoridades regionales.
Asimismo, según Quintero, hemos observado una operación militar de gran envergadura en el Catatumbo y en la zona rural de Cúcuta. Hemos dicho que el Ejército puede ser potencial portador del virus del Covid-19, a pesar de ello, esta semana a la región llegaron cerca de 500 uniformados que no estaban en el territorio, llegados de otras partes del país.
Nos invitan al funeral del PNIS
El Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitio (PNIS) está agonizando, a nosotros nos están invitando al funeral de ese programa del cual nosotros seguimos creyendo. Buscamos que se cumpla lo escrito en el Acuerdo de Paz. Hay incumplimiento por parte del Gobierno Nacional, en Sardinata, por ejemplo, nosotros hicimos un acuerdo de sustitución y el gobierno mandó las medidas de fuerza, sin caracterizar a todas las familias que habían manifestado colectivamente participar en ese acuerdo.
Esta situación deja en la desprotección de las familias campesinas debido a que no hay un tratamiento penal diferencial, no existe ni un solo PISBA en el país, mucho menos en el Catatumbo, y cerraron todas las posibilidades de inscribir nuevas familias en nuevos municipios. De los 14 municipios con cultivos de uso ilícito, en Norte de Santander solo involucran dos (2) a los que no les han cumplido.
Deudas aplazadas para el Catatumbo
De acuerdo con Jhon Freddy Cabrera, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación para la subregión del Catatumbo el PNIS fracasó por la poca celeridad en el cumplimiento del Acuerdo Colectivo de Sustitución de Sardinata suscrito el 13 de septiembre de 2017.
Este acuerdo estaba respaldado por la firma y compromiso de mil quinientas (1.500) familias que dependían en ese momento del cultivo de la planta de coca en el territorio, y tenía como siguiente instancia la individualización de las familias para avanzar en la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.
Como consecuencia del incumplimiento estatal, según Cabrera, en el avance en la preinscripción de Acuerdo Individual solo estuvieron seiscientas quince (615) y en la inscripción final trescientas dos (302) familias de las mil quinientas (1500) familias del acuerdo colectivo; es decir, en un primer momento se fracturó el acuerdo con el 59% de las familias firmantes y en el momento de la inscripción para iniciar la sustitución voluntaria de los cultivos solo se contaban con el 20% de las familias del acuerdo colectivo.
Ahora bien, en el plano nacional según el informe Pares El tráfico de Cocaína de Colombia hacia el mundo en los primeros días del mes de marzo de 2020 se conocieron los datos de cultivos de 2019, los cuales mostraban un leve incremento con respecto a 2018, se pasó de 208.000 hectáreas a 212.000 hectáreas. Es decir, el discurso de que el aumento era producto de la mano blanda era falso. Durante el 2019 Duque llevó a cabo una estrategia agresiva de erradicación y los datos, aun así, no cayeron. El año pasado se llegó a la cifra más alta de cultivos de hoja de coca en la historia del país.
Por otra parte, según el informe No. 19 de Monitoreo a la implementación del Plan de Atención Inmediata — componente familiar del PNIS, hecho por UNODC, señaló que de los compromisos adquiridos por el Gobierno con las familias beneficiarias, se estableció un componente de transferencia económica condicionada denominada por el programa como Asistencia Alimentaria Inmediata correspondiente a pagos mensuales en efectivo por $1.000.000 durante 12 meses, para el sostenimiento económico de las familias vinculadas al programa:
“Los departamentos con menores porcentajes de familias con pagos recibidos son Norte de Santander (62,8%) y Cauca (71,6%). En 55 municipios de 14 departamentos, 38.525 familias ya recibieron la totalidad de los pagos, que representan el 46,8% de las familias cultivadoras y no cultivadoras.”
Juan Carlos Quintero sostiene que hay un patrón, que lo que hay es un Ejército que está abriendo fuego de manera indiscriminada contra los campesinos que llevan estos meses tratando de que no les quiten su sustento. Esto es como si en medio del Covid-19 a la gente le cancelaran su contrato, sin posibilidad de ingreso. Estos campesinos están defendiendo la única economía que les genera ingresos a sus familias.
Quintero señala que el Gobierno Nacional continúa impulsando lo que denominaron Zonas Futuro o las Zonas de Intervención Integral que no es más que la consolidación militar en los territorios y, el piloto; es la zona del Catatumbo. Ellos lo han denominado ‘Catatumbo sostenible’, en el marco de un PDET que también fue desnaturalizado.
Ecos de la violencia
La situación para las comunidades, campesinos, líderes y lideresas que buscan la implementación del PNIS es caótica, explica Quintero. Por ejemplo ASCAMCAT, completa actualmente 16 asesinatos, la mayoría a manos de la Fuerza Pública, dos en lo que va corrido del 2020. En la región hay unos sectores claramente definidos que nos están persiguiendo por defender el Acuerdo de Paz, incluidos por sectores del Ejército, sentencia el líder regional.
De hecho, explica, nosotros estamos en la lista de organizaciones que aparecimos perfiladas en la lista que publicó el Ejército Nacional en su cuenta de twitter. Nos matan gente nuestra en la zona más militarizada de Norte de Santander que es el municipio de Tibú.
El año pasado, Revista Semana publicó unas conversaciones del comandante Diego Villegas de la Fuerza Tarea Vulcano del Catatumbo en las que dice lo siguiente:
«El Ejército de hablar inglés, de los protocolos, de los derechos humanos se acabó. Acá lo que toca es dar bajas. Y si nos toca aliarnos con los Pelusos nos vamos a aliar, ya hablamos con ellos, para darle al ELN. Si toca sicariar, sicariamos, y si el problema es de plata, pues plata hay para eso.«
Imagínese. Si eso lo hacen con grupos armados ilegales, violando la Constitución, porqué no pueden hacerlo con nosotros que mantenemos reclamando los derechos de los campesinos acá en el territorio, señala el líder.
Zanahoria y garrote
La ruta es ‘zanahoria y garrote’, tal como lo denomina Quintero. Fíjese, se hacen anuncios de danza de millones, que son las inversiones normales que hacen los gobiernos para arreglar carreteras y escuelas, pero por el otro lado meten 15 mil soldados, matan campesinos, hacen ejecuciones extrajudiciales, bombardean veredas. No es más que el reencauche de la política de consolidación militar y de la seguridad democrática de los periodos del expresidente Uribe y el primer gobierno de Juan Manuel Santos, precisa
El Plan Colombia de Pastrana fracasó, y después con Uribe, dice Quintero nos metieron la seguridad democrática. Al interior de esta se creó una acción interagencial por medio de los Centros de Atención de Intervención Integral. Luego, en el primer gobierno Santos, se inició un plan que denominó ‘Plan Consolidación” bajo la estrategia de ‘Espada de Honor III” que fue combinar las acciones que le corresponden a las autoridades civiles con las militares.
Ahora bien, tras el Acuerdo de Paz se buscó dejar esas estrategias de guerra por medio de unos mecanismos e instrumentos de transformación territorial. En este caso el PDET, en el Gobierno Duque se cogió ese instrumento —que es para la transformación territorial para la paz— y lo convirtió en un instrumento para la guerra. Es decir, sin cambiarle el nombre, le cambió el énfasis y ahora lo llama, según el decreto 2278 de 2019; las zonas futuro.
Una política de guerra
A pesar de las erradicaciones, precisa Quintero, decidimos retornar a las veredas y seguir bajo una figura de protección que nosotros llamamos “asentamientos campesinos”, que son una forma de protesta para que sea implementado los acuerdos entre el Gobierno Nacional y nosotros.
Precisamente, los asentamientos campesinos tienen como principio cuidar el mínimo vital de la gente. El mínimo vital son las garantías mínimas para vivir. Las exigencias de que el gobierno genere políticas públicas para los campesinos y el gobierno no atiende al llamado, no tiene una política de paz, tiene una guerra.
Finalmente, cabe recordar que, según cifras de Pares, en lo que va corrido de 2020, han sido asesinados ocho (8) líderes y lideresas en el departamento de Norte de Santander. Asimismo, de acuerdo con las investigaciones de Pares, uno de los perfiles de liderazgos más victimizados a nivel nacional es, precisamente, quienes buscan la implementación de la sustitución de cultivos de uso ilícito.
A corte de febrero se muestra la presencia de grupos armados ilegales en el departamento que recrudecen los hechos victimizantes. Mapa: Pares.
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