Comunidades en Antioquia sufren grave crisis humanitaria

19 mayo, 2020

Comunidades en Antioquia sufren grave crisis humanitaria

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares

Detrás de los titulares sobre los casos de contagio de Covid-19 en el departamento de Antioquia —543 a corte de 18 de mayo según el ministerio de Salud— existe una emergencia humanitaria por cuenta de amenazas y asesinatos a firmantes de paz, desplazamiento y confinamiento de comunidades indígenas; campesinos que denuncias acciones violentas de las FFMM de erradicación forzada que amenaza con desplazamientos; y asesinato de líderes y lideresas.

El partido Fuerza Alternativa Revolucionario del Común (FARC) en su último comunicado a la opinión publica señaló que, el pasado 17 de mayo, grupos armados ilegales que operan en la región antioqueña amenazaron a la población exguerrillera que se encuentra adelantando su proceso de reincorporación en el ETCR Román Ruiz de la vereda de Santa Lucía, en el municipio de Ituango.

De acuerdo con el comunicado, la situación no solo afecta a los y las firmantes de paz, sino que afecta a la población de la vereda quienes tienen que desplazarse forzosamente. Según el comunicado de FARC:

Si el Ejército y la Policía no abandonan la zona que comprende esta vereda en un plazo de siete (7) días, tanto los campesinos como las personas en proceso de reincorporación junto con sus familias deberán desalojar no solo el ETCR sino además la vereda entera, generando así un acto violatorio de los derechos humanos y el desplazamiento forzado de todos los habitantes”. Cabe recordar, que según datos de la Agencia Nacional de Reincorporación (ARN)—a corte de 29 de febrero de 2020— en el ETCR Román Ruiz se encuentran viviendo 87 personas exguerrilleros.

La paz bajo fuego

Por otra parte, cabe recordar que hace tres meses la población del ETCR Román Ruiz señaló que debido a la difícil situación por cuenta de los hechos victimizantes tendrían que desplazarse. Cabe recordar que, de los 25 asesinatos a firmantes de paz en 2020. De los 196 asesinados tras la firma del Acuerdo de Paz, 27 han ocurrido en suelo antioqueño.

Asimismo, de los casos del 20202, cuatro (4) han tenido lugar en el departamento antioqueño. Hober Arias Giraldo en Dabeiba, el 16 de enero y César Darío Herrera en Ituango el 28 de enero. Pues bueno, meses después la situación no ha sido atendida por el Gobierno Nacional y, los más recientes, Rigoberto García en Urrado y Wilmer Marín en Bello, el pasado 7 de mayo; fueron víctimas de esta violencia selectiva ignorada.

Comunidades indígenas confinadas

Por su parte, la Organización Indígena de Antioquia (OIA), denunció que más de 275 familias se encuentran en confinamiento por cuenta de enfrentamientos entre miembros del ELN y el Clan del Golfo. Estos hechos suspenden en el Resguardo Río Murindó, en el Urabá antioqueño. De acuerdo con el comunicado en esta zona, hombres armados al margen de la ley, se disputan el control territorial de la zona.

Justamente, la OIA advierte que esta situación no es aislada y que, desde el año pasado, vienen denunciando las violaciones a los Derechos Humanos que sufren las comunidades en el departamento antioqueño, ante un sordo Gobierno Nacional.

Ahora bien, según un informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de abril de 2020, en el municipio de Murindó hay 2.129 personas confinadas debido a la violenta acción de los grupos armados en la región.

Cabe señalar que, según el informe este municipio es el que mayor número de personas registra como víctimas de confinamiento a nivel nacional, hecho que se registró el 7 de abril y el 18 de mayo continúa la crisis humanitaria en el Murindó. Asimismo, para el caso antioqueño, en el municipio de Urrao cerca de 200 personas han sido desplazadas de manera forzada.

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (OEAMAPP) se sumó a las voces de denuncia sobre la situación de confinamiento forzada de las 275 familias de las comunidades indígenas en Isla y Coredó.

Por su parte, la Comisión Interclesial de Justicia y Paz, señaló que desde el 9 de mayo se vienen presentando incursiones de paramilitares de las AGC en la comunidad indígena Embera de Isla. De acuerdo con el informe, “la comunidad indígena de Chimiadó se negó a dar apoyo manifestando a los AGC que ayudarles les involucraría en la guerra. Y ellos como población civil ya están sufriendo las consecuencias por las fuerzas militares, las AGC y el ELN”.

Estos hechos, de estas ultimas semanas, ha desembocado en amenazas por parte de integrantes del ELN ya que, de acuerdo con el informe de la Comisión, que un joven ingresó a las filas de las AGC. Gracias a sus protocolos de intervención la comunidad de Bachidubi lo rescató y lo traslado a otro sitio para protegerlo.

Asimismo, resulta importante resaltar que de acuerdo con la Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (Coalico), se dio a conocer que en 2019 el departamento con mayor registro de eventos de conflicto armado que afectaron de manera directa a niñas, niños y adolescentes (NNA) fue Antioquia, con 40 eventos. Asimismo, Antioquia es el departamento más victimizado por la vinculación de NNA por parte de grupos armados. También es el segundo departamento con mayor registro de hechos sobre bloqueo a suministros básicos, después de Chocó.

Por otra porta, las se registrarin incursiones armadas de paramilitares, como sucedió en el resguardo Chimiadó, cuando diez hombres amedrentaron la población, según el informe de la Comisión.

Incursiones de las FF.MM.

La erradicación forzada que está adelantando el Gobierno Nacional, está a punto de desplazar a campesinos del municipio de Campamento, ubicado al norte del departamento antioqueño. Esta situación producto de la incursión de más de 500 militares en once veredas de Campamento. Las comunidades han denunciado que no se está llevando a cabo la implementación del Programa Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS).

Por el contrario, según las comunidades, —al igual que en las subregiones como el Bajo Putumayo o Catatumbo— se han adelantado acciones de erradicación forzada por parte de uniformados del Ejército. Son 1.200 familias del municipio de Campamento que dependen de la siembra de cultivos ilícitos, porque no se ha llevado una acción integral que permita alternativas en la región.

Omar Restrepo, representante a la Cámara por el partido FARC, ha señalado en los últimos días que ante la continuidad de los operativos de erradicación forzada; las familias de Campamento “son presas de la incertidumbre y el miedo, porque el estado no cumple sus compromisos y solo hace presencia con la bota militar.”

Marcha Patriótica, a su vez, ha denunciado que tropas del Ejército y Policial en nuestro territorio realizando erradicación forzosa manual a familias que se encuentran por fuera del PNIS en las veredas de Tenches en Dos Bocas y en la vereda Solano, La Plancha, poniendo en riesgo a las comunidades.

Finalmente, el senador de la Colombia Humana, Gustavo Bolívar denunció que al “le dieron solo el 3% de lo que necesita para cumplir a campesinos q sustituyen Coca. Entre tanto los carteles mexicanos pagan de contado.”


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Artículo por: Sergio Saavedra @_SergioSaavedra | Publicado: Hace 2 semanas

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