Por: Laura Cano, periodista Pares.
Este martes se informó que Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del exjefe paramilitar conocido como ‘Jorge 40’, sería el nuevo director de Víctimas de Ministerio del Interior. Este hecho ha generado el rechazo de varios sectores, pues como lo afirmó Camilo Enciso, socio de Pares y director del Instituto Anticorrupción: “se tiene un conflicto de interés insuperable. Chocan en él el interés del hijo, que defiende una visión de la historia de Colombia que exculpa al padre, con el interés de las víctimas en ser reparadas por sus victimarios, entre los cuales están los líderes paramilitares, uno de los cuales es Jorge 40”.
A esto se agrega que quienes fueron víctimas del Bloque Norte de las AUC; del que ‘Jorge 40’ fue jefe y al que se le acusa de 333 masacres entre 1996 y 2005, en los departamentos de Cesar, Magdalena, Atlántico y La Guajira, las cuales dejaron cerca de 1.573 víctimas y 768 personas desaparecidas, rechazan este nombramiento, afirmando que el proceso reparación integral se verá afectado con esta decisión.
Asimismo, se señala el riesgo revictimizante de esta elección, pues, aunque se ha aclarado que no hay delitos de sangre y que los esfuerzos deben estar enfocados en la reconciliación, esto genera muchas dificultades y trabas dadas por el negacionismo en el que podría caer Jorge Rodrigo Tovar, quien años atrás afirmaba que su padre era un prisionero político, a quien no se le habían demostrado pruebas en contra.
“He oído hablar de Jorge Rodrigo Tovar como víctima del conflicto armado, lo dicen funcionarios del gobierno, abusan del lenguaje, retuercen las palabras, para justificar sus decisiones, Jorge, si se propone, puede aportar a la reconciliación, pero está lejos de ser una víctima”, señaló León Valencia director de Pares.
El rechazo de las organizaciones de víctimas
Tras esto y la petición de cerca de 400 organizaciones de víctimas y DDHH para que se dé reversa a esta decisión o para que Jorge Rodrigo Tovar renuncie a su cargo, desde el Ministerio del Interior se ha defendido el nombramiento de Tovar argumentando la preparación profesional que éste ha tenido, demostrando que al ejercicio de memoria, que debería interpelarnos todos los días, le está ganando las relaciones de poder en las que la institucionalidad siempre ha querido posicionar sus discursos.
En este punto es necesario resaltar el planteamiento que se hacía en el artículo del CIEP El uso político y público de la memoria y la verdad: reflexiones frente al contexto de las víctimas del conflicto armado colombiano.
“Esta negación u ocultamiento del conflicto armado que ha vivido y sigue viviendo el país por más de 50 años no es inocente ni fortuita y nos remite a un problema estructural pero constantemente invisibilizado: el uso político y público de la historia y de la memoria, que juega un papel protagónico en la relación pasado-presente, pues como Todorov menciona en su libro “Los abusos de la memoria” no es el pasado el que modifica el presente, sino que a partir de este presente al pasado se le da el uso que se prefiera. Pero en el marco de un conflicto armado que está aún vigente, jugar con la memoria y crear una “verdad oficial” que corresponde a la del gobierno de turno es un juego peligroso en el que de nuevo salen perdiendo las víctimas”.
Los juegos con la historia y los favores al olvido
La lucha por la memoria en Colombia ha sido inagotable, incluso cuando por ésta se han callado voces a través de intimidaciones que muchas veces terminan en asesinatos o desapariciones. Cuando pareciera que las víctimas son la última prioridad en la agenda ejecutiva, cuando además desde esta esfera se respalda la afirmación que el nombramiento de Tovar “es un espaldarazo del Gobierno a todas las víctimas del conflicto armado”.
¿Realmente es un espaldarazo para las víctimas? En este punto resulta útil hacer un recuento de algunos hechos de los que se le acusa a ‘Jorge 40’, esto para que la pregunta anterior pueda plantear un debate más amplio, en el que también se analicen las implicaciones de que el hijo de uno de los excomandantes de las AUC sea ahora el encargado de la dirección de víctimas del Ministerio del Interior.
Narcotráfico
En noviembre de 2015 el exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, ‘Jorge 40’, fue condenado a 16 años y medio de prisión por el delito de narcotráfico, condena que cumple en la cárcel Allenwood Low en Estados Unidos. Esto luego de que en reiteradas ocasiones se intentara llegar a acuerdos que implicaban el reconocimiento de su actividad delictiva en el tráfico de drogas, además de contar cómo era la operación, las rutas (Atlántico, Magdalena y La Guajira), en dónde quedaba el dinero de estas operaciones comerciales ilegales, etc. Estos hechos no fueron admitidos por Tovar Pupo, quien en su momento afirmó que no era narcotraficante, pero que de allí sí había salido dinero para financiar las AUC.
El exjefe paramilitar había sido extraditado desde 2008 al país norteamericano, por lo que ese tiempo en prisión y el tiempo que estuvo privado de la libertad en Colombia fue tenido en cuenta al momento de dictar la sentencia, lo que terminó quedando representado en la condena de cinco años, la cual en junio de este año terminaría.
Asimismo, en junio de 2015 ‘Jorge 40’ fue excluido del proceso de Justicia y Paz por incumplir con sus compromisos judiciales, en los que se incluía garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación de las victimas y la asistencia a las diligencias programadas por la Fiscalía durante el proceso de reconocimiento e investigación.
Así, Tovar Pupo quedaba en manos de la justicia ordinaria en donde las acusaciones no solo son por narcotráfico, sino también por ejecuciones extrajudiciales, homicidios, parapolítica, participación en masacres, desaparición y desplazamiento forzoso.
Su paso por las AUC
Finalizando los 90 ‘Jorge 40’ se convierte en el comandante del Bloque Norte, esto a petición de Salvatore Mancuso. Desde ese momento, hasta su desmovilización, en el 2006, estuvo a cargo de alrededor de 5000 integrantes del grupo paramilitar.
Bajo su mando superior en las AUC y su responsabilidad se le acusa de cerca de 333 masacres, en las que se incluye la del Salado (2000), Bahía Portete (2004), Villanueva (1998), Dibulla (2006), Monguí, Cesar (2005) y Playón de Orozco (1999). Cabe señalar que en varios de estos hechos hubo participación, complicidad y apoyo de parte la Fuerza Pública.
Tras lo anterior, es necesario nombrar que el exmilitar Adolfo Enrique Guevara, alias ‘101’, quien ejercía como lugarteniente principal del paramilitar ‘Jorge 40’ aceptó la responsabilidad que tiene el Ejército Nacional en los hechos de victimizantes realizados por las AUC.
Complicidad en la que se incluye la información que manejaban altos mandos como Mario Montoya y Édgar Iván Quiñones Cárdenas, a quienes se les relaciona con los hechos de ejecuciones extrajudiciales cometidas durante los periodos presidenciales de Álvaro Uribe.
“Mi comando (Jorge 40) me mandaba las tropas de él de autodefensas, y yo las pasaba como tropas de Ejército. Iba al combate con la guerrilla dirigiendo unidades de autodefensa. (…) Todo el mundo lo sabía. En ese momento yo era teniente y un teniente no es una rueda suelta”, dijo Guevara en el 2014 en entrevista con el periodista Gonzalo Guillén.
Otros de los delitos por lo que se le acusa al exjefe paramilitar es por los homicidios de: el sindicalista Ricardo Orozco Serrano, vicepresidente de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud (Anthoc) (2001); el sociólogo y sindicalista de la empresa de energía Electricaribe, Adán Alberto Pacheco (2005); Elías Enrique Durán Rico, presidente del sindicato de Metrotránsito (2004); el profesor Alfredo Correa de Andreis y de su escolta Edelberto Ochoa Martínez; Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, miembros del sindicato de trabajadores de la multinacional Drummond (2001).
Los dineros que se movieron con el Bloque Norte
Aunque se ha insistido en la reconstrucción de relatos que permitan evidenciar cuáles fueron las dinámicas económicas que permitieron financiar la las AUC, pero también los sectores que se han visto beneficiados con la actividad ilegal del grupo paramilitar, esto se ha visto trancado por la negativa de varios exparamilitares con contar la verdad, entre ellos ‘Jorge 40’.
Por ejemplo, a las Autodefensas Unidas de Colombia, más exactamente al Bloque Norte, se le relaciona con contrataciones en Magdalena y Atlántico, en las que resaltan nombres como el del empresario William Vélez, involucrado con los negocios de las basuras en Santa Marta, Barranquilla y Soledad. También se implica al grupo paramilitar con el manejo del dinero de la salud en municipios como Soledad y Sitio Nuevo.
Adicionalmente, se ha nombrado la relación del Frente Juan Andrés Álvarez (JAA), creado por ‘Jorge 40’ en 1999, con la multinacional Drummond, empresa que operaba los municipios de Bosconia, El Paso, La Paz, Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibírico, Chiriguaná y San Diego, a donde el Frente llegaba desplazando forzosamente a los campesinos de estas zonas para poder realizar las acciones extractivas. A esto se agrega que el grupo también cumplía un papel de ‘seguridad’ con la compañía minera, lo que los ponía en disputa con el Frente 41 de las Farc y del ELN.
Por otra parte, en un mapeo por las relaciones políticas del exjefe paramilitar se podría hacer referencia a personalidades como a Jorge Gnecco, Trino Luna Correa, Francisco Zúñiga, Dieb Maloof, Álvaro Ashton, Luis Eduardo Diazgranados y Guillermo Hoenigsberg. Además que en las acciones de masacres, desapariciones, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales se ha nombrado que quien daba la ordenes era el Presidente del periodo en que se registraron más hechos victimizantes por parte de las AUC: Álvaro Uribe Vélez.
Tras esto, se resalta que estos son solo algunos hechos en los que se vio implicado ‘Jorge 40´ agregándose que en la búsqueda de la verdad, en la que queda mucho por recorrer, es necesario reconocer la importancia de las victimas como eje de las decisiones que se tomen respecto a ellas, esto por encima de los intereses políticos y de la falta de voluntad de algunos sectores.
Así, es necesario retomar el texto del CIEP para concluir que: “es importante hablar y problematizar los ejercicios de memoria, verdad y justicia en Colombia; pues estos pueden hacer la diferencia entre reparar a las víctimas o revictimizarlas; entre la solución dialogada del conflicto o la agudización de la guerra; entre ejercicios de justicia o la impunidad, entre la centralidad de las víctimas en la narrativa del conflicto o la centralidad de los discursos de gobiernos y sus relaciones de poder”.