Por: Pares Pacífico
Fotografía: Óscar Iván Pérez.
El equipo de investigación de Pares Pacífico presenta su último informe: Los conflictos socio-ambientales en el Pacífico. La existencia y expansión de diversas economías ilegales, entre ellas, la explotación ilícita de oro, ha afectado de manera sustancial las cuencas hidrográficas, ha causado la pérdida de bosques y ha alterado los ecosistemas que contienen, según Naciones Unidas, la biodiversidad más importante del mundo. (UNODC, 2016). Por otro lado, la presencia de cultivos de uso ilícito, la utilización de plaguicidas y agroquímicos, con la subsecuente búsqueda de erradicación forzada, ha degenerado los suelos y ha perjudicado cultivos ancestrales que ponen en riesgo la seguridad alimentaria y salud de los habitantes del sur del departamento del Chocó.
Si realmente se pretende erradicar los cultivos de uso ilícito para acabar con el narcotráfico, es justo y necesario empezar con programas sociales reales que permitan a estas comunidades desarrollarse y vivir conforme sus propias ideas de bienestar y desarrollo.
Descargue aquí el informe completo :
La población y territorios de la cuenca Alta y Media del río San Juan tienen su propia dinámica económica alrededor de la extracción del oro desde tiempos coloniales. Esto ha reforzado el papel que en esta región tiene Istmina. Los territorios aledaños a la cuenca media del San Juan en gran medida mantienen relaciones fuertes con esa centralidad que está ubicada en la cabecera municipal de ese municipio, que es el centro urbano más importante de esta subregión del Pacífico colombiano.
El mayor peligro en esta zona del país es que la situación de orden público se agrave e impacte aún más a la población civil. Esto es posible si los acuerdos que mantienen los grupos armados ilegales en la zona del Medio San Juan dejan de operar, posibilidad real que existe si se agrava la situación de la minería del oro, pues las rentas de las que se beneficiaba las AGC han disminuido de forma sustancial. También si las disidencias de las FARC toman mayor fuerza y consiguen disputar el control al ELN en ciertas zonas, de forma especial en el Bajo San Juan, donde ya hacen presencia.
Esta situación ya se vive en el Departamento en la zona del Medio Atrato desde el año anterior, donde las AGC y el ELN se disputan los corredores para desplazarse hacia el Océano Pacífico y el Mar Caribe.
Estructuras armadas y economías ilegales
La grupos armados ilegales que hacen presencia en el sur del Chocó son tres, el ELN, las Autodefensas Unidas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo y, según últimos acontecimientos, las disidencias de las FARC-EP. Después de un estudio de seis meses los resultados señalan una crisis de la minería mecanizada ilegal que ha sido una de las fuentes de ingresos más importantes de estos grupos en la zona.
Los golpes a la minería ilegal por parte de las autoridades han sido menos pero han sido significativos: se hizo notar el que tuvo lugar en Tadó en abril, pero después las noticias no volvieron a señalar golpes a esas estructuras. Además desde el año anterior se han dado dos golpes a los esquemas que utiliza el sector minero para legalizar el oro, en el que sobresale uno en el que está involucrado los entables que hoy hay en San Miguel, Medio San Juan, donde aparece involucrada gente del Consejo Comunitario de esa comunidad. Este cambio, que es subrayado en toda la región, permite apreciar los cambios que están acaeciendo respecto al orden público.
En lo que respecta a las AGC la percepción es que están en búsqueda de nuevas rentas en la minería, lo cual puede llevar a enfrentamientos con el ELN. El caso donde esto es más evidente es en San Miguel, un corregimiento en el municipio de Medio San Juan. En esa comunidad hoy se encuentra una de las zonas de extracción minera más importante en la región, que es hoy territorio eleno.
A pesar de esa situación, el Clan del Golfo está exigiendo pagos por las labores mineras que allí se llevan a cabo, pedido al que la organización insurgente no se ha negado, sino que ha dicho que “alcanza para todos”, en un claro mensaje permisivo para que el otro grupo también realice su extorsión. Este pedido está en relación con la disminución de la minería en la zona de “Carretera” Suruco, zona de dominio paramilitar, donde hoy la minería está muy venida a menos.
A pesar de la crisis de la minería, algunos testimonios señalan que aún existen entables que llevan a cabo la minería, pero con mayores cuidados frente a las autoridades. En horarios nocturnos y zonas alejadas o escondidas a la mirada indiscreta de la gente que se moviliza por los ríos principales. Esta dificultad para llevar adelante la minería en la región donde mayor control ejerce el Clan del Golfo, refleja parte de las dinámicas económicas en las que está involucrada esta organización.
Después del gobierno colombiano haber gastado miles de millones de pesos en aspersiones con glifosato, con los cuales pudo haber tratado los problemas sociales, el olvido y pobreza histórica en los que ha permanecido el Pacífico Nariñense, causa fundamental de la presencia de cultivos de uso ilícito y narcotráfico, con seguridad esta lucha habría dado mejores resultados, puesto que haciendo un análisis retrospectivo se puede observar que contra todo lo esperado, los cultivos de coca crecieron en medio de las fumigaciones.
El glifosato, no es el gran enemigo de los cultivos de uso ilícito, sino de la vida humana, sino de la tierra, de la fauna y flora, de las fuentes hídricas y del mar. Es además enemigo de la dignidad humana, de los derechos humanos y responsable de los grandes éxodos que se han producido a lo largo del presente milenio. El glifosato, visto desde esta subregión conformada por negros e indígenas, es pensado como una estrategia perversa del Estado Colombiano de exterminio y expulsión de sus ocupantes ancestrales.