«El Gobierno mantiene sus obligaciones con la reincorporación»

23 mayo, 2020

«El Gobierno mantiene sus obligaciones con la reincorporación»

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares

«Cuando le han preguntado a la Fiscalía ¿quiénes están matando a los excombatientes? ellos han dicho que la mayoría de esos homicidios son en contra de hombres de zonas rurales en donde hay narcotráfico, donde hay disputas por corredores del narcotráfico. Asimismo, ha dicho que los principales causantes de esos homicidios han sido los mal llamados disidentes, el ELN y el Clan del Golfo. La Fiscalía afirma que mayoría de los homicidios no son en razón de su condición de excombatientes.» 

Pares habló con José Emilio Archila Peñalosa. Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Archila es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Financiero de la Universidad de los Andes, especialización en Derecho para el Desarrollo del International Development Institute en Roma, Italia, y máster en Jurisprudencia en Derecho Comparado de la New York University, Estados Unidos.

Fue director de Derecho Económico en la Universidad Externado de Colombia, ejerció como presidente de la Asociación de Comisionistas de Bolsa, y se desempeñó igualmente como Superintendente de Industria y Comercio en 1998.

Pares: Teniendo en cuenta que, según cifras FARC, en 2020 han sido asesinados 25 firmantes de paz ¿Qué acciones se están llevando a cabo para enfrentar el asesinato a las personas en proceso de reincorporación?

José Emilio Archila: Es necesario señalar que uno de los elementos que hace diferencia tiene que ver con el sitio en que estén ubicados los excombatientes, las particularidades de la región. Nosotros tenemos en este momento alrededor de —las cifras las voy a redondear— 3.000 excombatientes que están en los 24 antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).

Justamente, para estos antiguos ETCR tenemos un cuerpo de la Policía Nacional y un cuerpo del Ejército. Cuerpos especializados cuya misionalidad es que el proceso de la implementación del Acuerdo de Paz, en nuestro caso, la implementación de la política de ‘Paz con Legalidad’ salga bien. Con ello los uniformados velan por la seguridad del ETCR y sus alrededores.

En estos espacios liderados por el Ejército y, ahora que va a ser liderado por la Agencia Nacional de Reincorporación (ARN), tenemos la estrategia de ‘Carpa Azul’ que fue pensada —principalmente— como un sitio en donde se compartía la información que pudiera ser relevante para efectos de seguridad. Esos esquemas de seguridad en los antiguos ETCR vencían su período de vigencia. El Presidente, directamente —estando en uno de los ETCR— se comprometió en que íbamos a mantenerlos y así ha venido ocurriendo.

Al interior de los antiguos ETCR se han registrado dos (2) homicidios, los cuales han sido en el mismo ETCR y ambos casos han sido investigados, analizados y resueltos por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Pares: ¿Qué sucede con las personas en proceso de reincorporación que están por fuera de los ETCR?

J.E.A: El resto de los excombatientes están en todo el territorio. El estimativo que tiene la ARN es que están en más de 500 municipios. En esos municipios también hay una dedicación de Fuerza Pública. Los cálculos que se han hecho es que puede ser alrededor de un (1) miembro de la Fuerza Pública—entre Policía o Ejército— por cada 16 excombatientes. Esto está muy por encima del número de efectivos que cuidan a los colombianos.

Hace alrededor de unos nueve (9) meses, el Presidente dio la instrucción de que todas las entidades que desarrollan temas de seguridad de los colombianos trabajáramos coordinadamente y se creó una Mesa Interinstitucional.

Las cabezas de todas las entidades que participan en dicha mesa nos reunimos una vez al mes. Allí revisamos las medidas que ya se han adoptado y cómo se debe hacer la adecuación de las medidas a las nuevas y cambiantes condiciones territoriales.

Pares: ¿Qué medidas se han adoptado?

J.E.A: Se han adoptado por lo menos 35 medidas. Éstas van desde temas de capacitaciones en autoprotección, ejercicios para la no estigmatización; mejoramiento de las medidas dentro de los antiguos ETCR; verificación; creación de un puesto de inteligencia unificado; coordinaciones entre las autoridades locales y las nacionales; coordinaciones entre la Unidad Nacional de Protección, el Ejército y la Policía.

Por ejemplo está la de un ‘Cartel de los más buscados’ en dónde están no solo los autores materiales, sino también los cabecillas de los grupos que han sido identificados como perpetradores. Esas medidas las hemos ido territorializando.

Antes de la pandemia, estábamos yendo a los municipios donde se presentan el mayor número de estas amenazas para conocer en detalle las condiciones en las cuales está el proceso de reincorporación para adecuar las medidas.

Un ejemplo de ello fue lo que alcanzamos a hacer en Ituango, en donde estuvo el Consejero de Seguridad Rafael Guarín, la viceministra de Defensa y los generales del Ejército que tienen operaciones en esas zonas. Estuvimos revisando con la Fiscalía y excombatientes cuáles son las circunstancias, en las cuales se habían dado las amenazas y los homicidios. Así perfeccionamos las medidas, para poderlas ajustarlas al contexto de lo que ahí estaba ocurriendo.

Es importante dejar claridad, que ninguna de las acciones se ha suspendido durante este tiempo de la pandemia. La mesa técnica ha venido funcionando, así como el ‘Cartel de los más buscados’. Durante este tiempo, han caído dos de los cabecillas de esas organizaciones, uno de ellos hacía parte de este cartel.

Pares: ¿Cómo han reaccionado frente a las amenazas que se presentan contra los hombres y mujeres en proceso de reincorporación?

J.E.A: Cuando tenemos conocimiento de amenazas, estas son analizadas en una mesa técnica, en una subdirección de la UNP. De hecho, yo presido esa Comisión que está compuesta principalmente por excombatientes. Ellos fueron capacitados en el análisis y la identificación de riesgos y, además, así aseguramos que sean personas en la que ellos tengan confianza. En este momento no tenemos ningún caso pendiente de decidir en la mesa técnica.

«Hemos decretado más de 200 medidas de protección tanto colectivas como individuales, eso cubre a más de 300 excombatientes. Ninguno de los excombatientes que esté bajo protección ha sido ni muerto ni secuestrado. Vamos a seguir trabajando en esa línea.» Foto: Pares.

Cuando se dan los atentados o las muertes, estos no son investigados por la Fiscalía en abstracto, sino que existe una Unidad Especial de la Fiscalía. Esa Unidad ha logrado un avance en el número de casos que los exguerrilleros mismos han identificado.

Son cifras de la Fiscalía, no del Gobierno. Ha habido 26 condenas y 31 personas han sido vinculadas a 19 casos que se encuentran en etapa de juicio. Alrededor de 110 fueron imputadas y recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Cuando le han preguntado a la Fiscalía ¿quiénes están matando a los excombatientes? ellos han dicho que la mayoría de esos homicidios son en contra de hombres de zonas rurales en donde hay narcotráfico, donde hay disputas por corredores del narcotráfico.

Asimismo, ha dicho que los principales causantes de esos homicidios han sido los mal llamados disidentes: el ELN y el Clan del Golfo. Lo que ha dicho la Fiscalía es que la mayoría de los homicidios no son en razón de su condición de excombatientes.

Pares: Sabiendo que CNR FARC han definido las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), en las que según CNR FARC, existen cerca de 75 NAR a nivel nacional que albergan aproximadamente 9 mil exguerrilleros ¿Estas acciones que están adelantando, de las que usted me habla, cobijan a las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR)?

J.E.A: En el CNR no hay ninguna decisión que se haya reconocido de las que usted denomina NAR. Pero, haciendo esa claridad, tal como le describía, todas las acciones que estamos haciendo están dirigidas para todos los excombatientes, independientemente de que estén en los antiguos ETCR o no lo estén.

Eso sí, las únicas acciones que no cubren a la población que está por fuera de los Antiguos ETCR son, precisamente, la protección que hay para los antiguos ETCR. Es decir, el batallón del Ejército, el batallón de la Policía y la estrategia ‘Carpa Azul’.

Pares: ¿A qué obedece el no reconocimiento de las denominadas Nuevas Áreas de Reincorporación?

J.E.A.: Cuando se inició el proceso de reincorporación, lo mismo que cuando se inició toda la implementación, se ha insistido que esta implementación debe darse —en mi opinión— dentro de los ordenamientos que existen, que están estipulados.

La decisión de estar en los antiguos ETCR o no estarlo es libre de cada uno los colombianos, de los excombatientes al igual que el resto de nosotros. Por decir, si yo quisiera vivir en otro sitio, por ejemplo, yo vivo yendo hacía la Calera. En ese caso tengo que consultar el ordenamiento territorial que existe. Adicionalmente, soy yo el que debo adecuarme al ordenamiento territorial. Es decir, debo buscar una residencia en donde sea permitido, debo buscar mis proyectos productivos en donde sea permitidos tenerlos.

Ahora, la otra consideración es que dentro de la hoja de ruta que está prevista desde diciembre del año pasado, tuvimos mucho cuidado de no hacer distinción entre quienes están en los antiguos ETCR y quienes están por fuera. Luego, todas las garantías en términos de vivienda, de educación, salud, tal como están en la ruta, no hacen ninguna diferenciación en razón del sitio en donde estén los excombatientes.

Pares: ¿Cuál es el papel de la reincorporación comunitaria dentro de la ruta de reincorporación?

J.E.A: La decisión de llevar a cabo total o parcialmente la reincorporación de manera comunitaria es una decisión individual. En el Gobierno no tenemos ninguna preferencia, ni ejercemos ninguna influencia en cuanto al tipo de reincorporación que cada individuo opte.

Entonces, si lo quiere hacer de manera individual nosotros lo apoyamos en su decisión, si lo quiere hacer colectiva también lo apoyamos. Hay muchos temas en los que no es un todo o un nada. Nosotros creemos que la mejor manera de hacer esto es siendo respetuosos de los individuos.

Pares: Precisamente, una de las preocupaciones de la población en proceso de reincorporación tiene que ver con el tema de acceso a la tierra. En la ruta se habla de unos montos para acceso de compra de predios, subsidios, ¿Cómo va a ser ese proceso y cómo se dará la implementación de la ruta en este sentido?

J.E.A: Nuestra lectura de los acuerdos de las normas que regulan y que desarrollan los acuerdos no dice que el Estado colombiano se hubiera comprometido a hacer entrega de tierras a los excombatientes, por el hecho de ser excombatientes. Eso no va a pasar.

Lo que sí hemos entendido, y en eso quiero ser supremamente claro, es que para un número muy importante de los proyectos productivos y, para un número muy importante de las soluciones de vivienda vamos a necesitar terrenos.

En lo que tiene que ver con vivienda, es importante señalar que lo que está haciendo el gobierno del presidente Iván Duque es ir muchísimo más allá de lo que estaba previsto en los acuerdos, de los que estaba previsto en las normas anteriores. Estamos adquiriendo ese compromiso en la hoja de ruta porque creemos en eso, porque el Presidente ha dado las directrices que el tema de vivienda esté incluido.

Asimismo, hay muchos proyectos productivos que llegan a sus puntos de equilibrio sin la necesidad de la adquisición de las tierras. En los eventos en los cuales es útil, conveniente o necesario que se adquiera la tierra, hemos ido avanzando en esa misma dirección. Para esto, tomamos decisiones en el Plan Nacional de Desarrollo. Incluimos la previsión que permite que los activos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) puedan ser utilizados para sus viviendas y sus proyectos productivos.

Por otra parte, contamos con 16 mil millones de pesos y, con este rubro estamos adelantado trámites de negociaciones para comprar los antiguos ETCR. Esto tiene que ir acompasado de una gestión que venimos trabajando con las municipalidades, para que los municipios incorporen esas localidades dentro de sus Planes de Ordenamiento Territorial.

Como usted lo sabe, en la casi totalidad de los casos esos sitios donde se pusieron los ETCR no tenían esa vocación, nosotros estamos trabajando —como le digo— con los municipios para poder hacerlo.

También, hemos puesto esto dentro de las prioridades del sector privado que nos está acompañando. Contamos con la confianza que tiene la política de ‘Paz con Legalidad’. Un buen ejemplo, es el proyecto que tenemos en Dabeiba con ProAntioquia, que es del sector privado. Asimismo, lo estamos haciendo con la colaboración Internacional, porque reconocemos la necesidad que existe de tener más recursos para comprar más tierra.

Pares: Justamente, una de las preocupaciones que manifiesta la población en proceso de reincorporación tiene que ver con la certidumbre le brinda la tierra a la productividad y sostenibilidad de sus iniciativas en el tiempo ¿Cómo se garantiza esto en la ruta sin el acceso?

J.E.A: Lo que ve uno en algunos casos en los proyectos productivos, es que se está obrando equivocadamente. El orden debe ser el siguiente: hacer la formulación del proyecto y después hay que justificar que ese proyecto necesita una tierra. No va a ser al revés.

«Para nosotros la tierra es accesorio, es un elemento de algunos proyectos productivos y no es el punto de partida para los proyectos. Fíjese, por ejemplo, el hombre más rico de Brasil y el segundo más rico de Argentina se dedican a la agricultura sin tener un solo centímetro de tierra.» Foto: Pares.

Pares: ¿Cómo garantizar que desde la Cooperación Internacional se hagan inversiones en los proyectos de los ETCR? Por ejemplo, le cito el caso de Montaña Mágica —un espacio del cuidado para hijos e hijas de firmantes de paz del ETCR Antonio Nariño— en donde la tierra no está legalizada. Esto imposibilita la inversión y el fortalecimiento en recursos. ¿Cómo opera acá el tema de la legalización desde la perspectiva de “elementos de algunos proyectos”?

J.E.A.: La respuesta que le voy a dar no responde a ese caso, para no comprometerme con los detalles de un caso que usted debe conocer en detalle y que yo, ahorita, no tengo a mi alcance los detalles.

Hay que tener en cuenta que, cuando se firmaron los acuerdos no había ni siquiera la idea de las zonas de distensión. Nada. Eso se les pasó por alto, no se pensó. Cuando ya iban caminando pensaron … y ahora, ¿qué va a pasar?

Ahí hicieron un alto en el camino y se negociaron las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN). Estas ZVTN estaban pensadas para que duraran el tiempo que se necesitaba para entregar las armas. Después de eso pensaron en que había que convertirlas en unos Espacios Territoriales que tenían una duración muy limitada. Menos de dos años. Sin embargo, las extendieron para dos años y, esos dos años, terminaron en agosto de 2019.

Nunca se pensó que los Espacios fueran a hacer parte de la solución ni de vivienda, ni de proyectos productivos. No lo pensó ni la gente de las FARC, ni la gente del Gobierno. Yo no estoy diciendo si estuvo bien o mal, porque dependía del propósito para el cual se estaba haciendo.

Fuimos nosotros y el doctor Andrés Stapper —principalmente liderando— cuando dijo que “los ETCR se nos van a acabar en agosto”. Ahí iniciamos un proceso muy delicado de análisis de esos ETCR para ver cuáles podían mantenerse como solución de vivienda o solución de proyectos productivos.

Hicimos un estudio que fue compartido con los miembros del CNR Nacional. Después, Andrés y Pastor Alape se fueron espacio por espacio contando cuáles eran nuestras conclusiones. Ese proceso duró, más o menos desde febrero de 2019 hasta principio de junio de 2019. Los dirigentes de los espacios territoriales en algunos casos estaban de acuerdo y otros no con nuestras conclusiones.

Paralelamente a este proceso de diálogo en los antiguos ETCR, hemos encontrado que en los sitios en donde fueron arrendados estos espacios tienen todo tipo de restricciones y complicaciones. En algunos casos están en Parques Naturales, en otros sitios de Reserva, en otros casos en sitios donde se los habían arrendado a personas que no eran los dueños. Tenemos que ir resolviendo caso a caso. Hay casos en que los dueños han pretendido que se pague, muy por encima, a los precios que hemos podido comprar.

Nosotros tenemos claridad de que es una necesidad, estamos avanzado en todos. Afortunadamente, ya logramos comprar un ETCR y ya tenemos varios que están cercanos a tener su adquisición.

Sobre los antiguos ETCR hemos llegado a la conclusión de que hay que moverlos, estamos en la búsqueda de la tierra que cumpla con las condiciones. Estamos trabajando para adquirirla, adecuarla, incorporarlos dentro del ordenamiento territorial. Asimismo, fortalecer aquellos que deben ser fortalecidos. Otra de nuestras prioridades es que hay algunos proyectos productivos que vamos a tener que desplazar de unos sitios a otros. Desafortunadamente no todo ocurre con la cronología que uno quisiera.

Pares: En ese sentido, ¿Cuál es el compromiso con el tema de vivienda y tierra?

J.E.A: En el tema de vivienda, el compromiso nuestro es que todas las personas que están en el proceso de reincorporación van a tener la solución de vivienda, de la manera en que quedó descrita en la hoja de ruta.

En lo que tiene que ver con tierras, nosotros vamos a realizar todos los esfuerzos posibles para que en los eventos en los que sean necesarios para las soluciones de vivienda o los proyectos productivos; podamos tener acceso a esa solución.

Pares: ¿Cuáles son las garantías que ofrece el Gobierno Nacional con la Ruta de Reincorporación?

J.E.A: Hay muchas, pero lo primero que hay que confirmar es que el proceso colombiano es el proceso que ha tenido el nivel de garantías más alto en toda la historia de la humanidad.

Por ejemplo, el apoyo financiero a los excombatientes se iba acabar en agosto legalmente, sin embargo, nosotros lo hemos extendido por todo el tiempo que sea necesario en la medida en que el excombatiente esté en su proceso de reincorporación. El concepto mismo de la hoja de Ruta no existía. Es una creación nuestra para que los excombatientes tengan la seguridad de cuál es el nivel de compromiso que tiene el Estado colombiano con su reincorporación.

Gracias a esa transparencia, por ejemplo, es que el Fondo Europeo para la Paz va a darle al proceso el año entrante un apoyo presupuestal. Es decir, ellos sienten que la manera adecuada es poniendo los recursos de la Cooperación, o una parte importante de esos recursos, en el presupuesto de la Agencia Nacional de Reincorporación.

Obviamente, hemos tenido retrasos y demoras debido a las limitaciones que nos generó la pandemia, nosotros ya habíamos iniciado el proceso de individualización de las hojas de ruta. Porque la hoja de ruta no es un abstracto, es una en donde cada excombatiente va a ir y va a participar en el diseño de su propia hoja de ruta.

La hoja de ruta que tiene dos niveles de obligación: tiene unas obligaciones que son de resultado, que son los mínimos a los que vamos a llegar. Tuvimos cuidado, tanto el componente FARC, como nosotros, de ver los mínimos y que —a la luz de estos— se mantenga la obligación del Estado colombiano de seguir gestionando lo necesario para que sea un proceso de reincorporación. Este segundo nivel busca un proceso de reincorporación individual, familiar y colectivamente satisfactorio, aún por encima de esos mínimos.

Pares: En el marco de la pandemia, ¿hay alguna acción que estén adelantando para, por ejemplo, enlazar los proyectos productivos a la compra productos a nivel local?

J.E.A: Es importante decir que la pandemia no era predecible por parte de ninguna persona en el mundo. Sin embargo, hay varias circunstancias que yo creo que son positivas, que han servido como una suerte de colchón. Una de ellas es que hemos venido avanzado en que los excombatientes tuvieran —y estamos muy cerca de conseguirlo— cobertura de salud. Eso nos da un buen colchón, en lo que tiene que ver con salud.

«En el tema de proyectos productivos, una de las primeras acciones que claves en nuestra gestión ha sido contratar con INNPULSA, que es la entidad que le da apoyo a los empresarios en Colombia. Por eso todos los proyectos productivos individuales están saliendo con las recomendaciones de ellos.» Foto: Pares.

Para llegar a ese punto, se requiere que la parte de comerciabilidad esté bien. Eso quiere decir que sepamos, con un estudio de mercado, que los productos van a tener mercado local—principalmente— o en la región en la que están operando. Para casi todos tenemos compromisos, no en firme, pero si cartas de compromiso de que se va a comprar o la totalidad o un porcentaje muy importante de la producción. Hemos estado haciendo seguimiento a que esas cartas de compromiso se estén honrando y que las cosas estén pasando como se había previsto.

Cuando encontramos que hay dificultades, lo que estamos haciendo es pegarnos de los instrumentos que está utilizando el ministerio de Agricultura quien, dicho sea de paso, ha estado muy generoso, con nosotros. Esas estrategias, principalmente, tienen que ver con haber fortalecido los mercados de compras locales.

Es mucho más costo/eficiente tratar de focalizar las posibles demandas de los productos en las regiones. Hay algunos en los que vamos a estar un poco más —como diría mi hijo que es muy chiquito— “vamos a estar mucho más cabezones”.

A todos nos gustan mucho los proyectos de turismo, pero el turismo está siendo particularmente afectado. Las probabilidades que alguien vaya a ir de vacaciones a hacer ‘rafting’ con nuestros campeones nacionales, es muy poco probable.


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Artículo por: Sergio Saavedra @_SergioSaavedra | Publicado: Hace 2 meses

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