Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares
Tras el anuncio del pasado 12 mayo por parte del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en el que dijo que enviaría un documento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitando medidas cautelares ante el asesinato selectivo de personas en proceso de reincorporación; este 26 de mayo se llevó a cabo una reunión entre el partido surgido de las negociaciones de La Habana y el órgano internacional para atender dicha solicitud.
Cabe señalar que, tras la firma del Acuerdo de Paz —en el Teatro Colón— han sido asesinados 197 firmantes de paz y 40 familiares. Asimismo, según cifras del Consejo Nacional de Reincorporación FARC (CNR FARC); tan solo en 2020 han sido asesinados 26 exguerrilleros y ocho (8) desde la expedición del decreto de Emergencia Sanitaria, por parte del Gobierno Nacional por el Covid-19.
CIDH. una instancia por la protección
En este sentido, es importante señalar que, de acuerdo con la definición de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la CIDH es un órgano principal y autónomo de OEA encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. De igual forma, la CIDH rige su labor bajo tres pilares: “(i) el Sistema de Petición Individual; (ii) el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados Miembros y (iii) la atención a líneas temáticas prioritarias.
De acuerdo con un comunicado oficial del partido FARC, este 26 de mayo —en una reunión virtual— integrantes de FARC, la Fundación de Derechos Humanos del Oriente Colombiano y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH); le expondrán a una delegación de la CIDH la urgencia de medidas cautelares de parte del Estado Colombiano frente a la crítica situación en la que se encuentran cerca de 13.000 firmantes de paz en Colombia, por cuenta del asesinato selectivo y la desatención del Gobierno Nacional.
Ahora bien, esta reunión se da luego de que el partido FARC radicara un documento el pasado 22 de mayo en el que solicitó dichas medidas cautelares. Asimismo, en el comunicado el partido señaló que se ha evidenciado “que el Gobierno Nacional por acción y omisión no ha garantizado las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre DD.HH.
El discurso del gobierno
Sobre esta situación, Pares en los últimos días habló con José Emilio Archila Peñalosa, Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, quién se refirió —de forma polémica— frente a los asesinatos de los exguerrilleros al decir que:
“Cuando le han preguntado a la Fiscalía ¿quiénes están matando a los excombatientes? ellos han dicho que la mayoría de esos homicidios son en contra de hombres de zonas rurales en donde hay narcotráfico, donde hay disputas por corredores del narcotráfico. Asimismo, ha dicho que los principales causantes de esos homicidios han sido los mal llamados disidentes, el ELN y el Clan del Golfo. La Fiscalía afirma que mayoría de los homicidios no son en razón de su condición de excombatientes.»
Uno de los senadores de FARC que le salieron al paso a este discurso que vincula la muerte de exguerrilleros al narcotráfico y no a su condición como firmantes de paz — discurso que también se ha encontrado en entrevista hecha RCNRADIO a Archila— fue el senador Carlos Antonio Lozada, quien le dijo a Archila “que el Estado y Gobierno tienen obligación constitucional y legal de garantizar la vida a todos los colombianos.”
Por otra parte, además de la de la violencia letal en contra de los exguerrilleros, el pasado 12 de mayo FARC había anunciado que le presentaría a la CIDH la existencia de 679 casos de riesgo (Amenazas, Atentados, Desplazamientos forzados, Persecución, Extorsión). Del mismo modo, que la propia Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) tiene conocimiento y tendría que ayudar a tramitar con las entidades pertinentes, entre ellas ante la UNP.
Razones de FARC para pedir Medidas Cautelares
El representante a la Cámara por el Partido Farc, Sergio Marín, ha señalado en su cuenta de Twitter que la solitud de las Medidas Cautelares obedece a la desprotección del Estado colombiano para “con los exguerrilleros comprometidos con la paz”. De esta forma —según Marín— pretenden que las Medidas Cautelares que emita la CIDH comprometa al Estado en su labor de cumplimiento en la implementación del Acuerdo de Paz.
Otra de las razones que subrayó Marín tiene que ver con que “los firmantes de paz están cumpliendo y aportando verdad, reconociendo más del 80% de la responsabilidad de la totalidad de los casos ante la JEP”. Asimismo, Marín precisa que por medio de las Medidas Cautelares se garantice el acceso y verdad a la reparación de las víctimas.
Victoria Sandino, también sumó su voz señalando, tras más de tres (3) años del firmado el Acuerdo de Paz “hay más de 300 prisioneros políticos de FARC siguen a la espera de su libertad a más de tres años de firmado el Acuerdo de Paz.”
La paz bajo fuego
Pares ha venido advirtiendo que la población en proceso de reincorporación le ha manifestado, con preocupación, la estigmatización a la que han sido expuestos por discursos del Gobierno Nacional o de la institucionalidad sobre su vinculación a las disidencias o a economías ilegales. Esto porque, efectivamente, la violencia selectiva se cobra vidas en los más de 500 municipios en los que —hoy por hoy— se encuentran los y las firmantes de paz.
CNR Farc le ha trasladado una preocupación por la población en proceso de reincorporación que vive por fuera de los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). En los ETCR hay cerca de 3.000 firmantes de paz, pero, de acuerdo con CNR, en las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) hay algo más de 9.000 exguerrilleros.
Cabe señalar que las NAR, según CNR FARC, sin asentamientos colectivos para exintegrantes de FARC-EP, sus familias y comunidades. CNR Farc las defiende en pro de garantizar los derechos de firmantes de paz. Actualmente existen 75, mayoritariamente rurales, pero también de carácter urbano.
De acuerdo con cifras de la Fundación Paz y Reconciliación—Pares, en su sistema de información SIPARES; los cinco departamentos más victimizados son Cauca que concentra el 21.3% de los casos de asesinatos a firmantes de paz, Antioquia con 16.2%, Nariño con 16%, Caquetá con el 8.8% y Norte de Santander con el 7.4 %.
«La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»