Por: Laura Cano, periodista Pares.
«En algunas dependencias del Ministerio del Interior, de la UNP, u otros organismos que tienen que ver con víctimas han nombrado a personas que incluso han contribuido a agredirlas y a estigmatizarlas. Por eso cuestiona mucho cuál es el ánimo y la posición que hay por parte del Gobierno frente a las víctimas, la memoria y el esclarecimiento.«
El país pasa por una coyuntura que ha puesto en peligro muchos de los procesos organizativos y de memoria que se han dado dentro del marco de implementación del Acuerdo de Paz.
Un alarmante número de vidas de líderes, lideresas y personas en proceso de reincorporación, que a la fecha y desde la firma del documento suman cerca de 609 asesinatos selectivos, además, de una inoperancia del Gobierno Nacional para continuar con lo pactado, lo que ha provocado que muchas regiones vivan hoy un retorno de la guerra entre antiguos y nuevos grupos armados ilegales.
En este sentido y en un análisis de estos escenarios, Pares habló con Martha Nubia Bello, quien fue investigadora del CNMH y allí participó en la creación y coordinación de varios informes relacionados con el conflicto armado y los procesos de memoria. Adicionalmente, es trabajadora social de la Universidad Nacional de Colombia, institución en la que es profesora asociada de la Facultad de Ciencias Humanas, donde también coordinó el “Programa de iniciativas universitarias para la paz y la convivencia”.
Pares: ¿Cuál ve usted que ha sido el uso político que el Gobierno de Iván Duque le ha dado en la memoria?
Martha Nubia Bello: En primer lugar, reconocemos que la memoria siempre tiene una intención, un interés. En ese sentido lo que se venía haciendo fundamentalmente desde el CNMH y en general con las acciones en cumplimiento del deber de memoria del Estado, fue partir de unos principios entendiendo que que la memoria también cumple una función reparadora, de reconocer a las víctimas para dignificarlas. Eso fue lo que animó el espíritu de la Ley 1444 y en particular la creación de CNMH. Es decir que las tareas de la memoria y la institucionalidad que se crearon para ello respondían al espíritu de la Ley de Víctimas y eso ya es una característica que la define.
Creo que lo que se ha venido dando posteriormente controvierte ese espíritu. En primer lugar, porque controvirtió el reconocimiento de la propia existencia del conflicto armado; en segundo lugar, porque en este proceso se ha ido perdiendo esa centralidad de las víctimas en la memoria como forma de reconocimiento, dignificación y reparación misma, y esa pérdida ha sido en parte porque se ha querido poner la voz en otros lugares y porque las mismas víctimas viendo ese manejo se han distanciado mucho y han rechazado ese nuevo enfoque a la memoria. Se perdió su protagonismo y también su participación valiosa que se construyó para los ejercicios de memoria. Diría eso también como lo que muchos llaman como revisionismo en términos de censurar planteamientos, voces y posturas.
Lo anterior también controvierte en que no haya una memora oficial y en el deber de facilitar condiciones para que se exprese la pluralidad de la memoria y no para censurar memorias o agenciar una única postura frente a ésta, que es lo que ha venido ocurriendo en este Gobierno.
Pares: En ese sentido y relación con la gestión que está bajo la dirección de Darío Acevedo, ¿cuál cree usted que son los riesgos que corre el CNMH y su papel con las víctimas?
M.N.B: Por un lado, hay varios costos. Lograr que las víctimas confiaran en una entidad, se hicieran partícipes de la construcción del guión museológico, por ejemplo, o de los informes de memoria, fue un proceso bastante difícil, sobre todo en víctimas que por muchas razones no se sentían convocadas, ni en condiciones de seguridad y confianza para participar de los procesos. Eso fue una gestión de muchos años, que fue reconstruir para poder abrir un espacio de diálogo respetuoso, y perder eso, es perder algo muy valioso en la reconstrucción también de la sociedad. Ese es uno de los costos enormes.
Un riesgo muy grande es que, durante muchos años, incluso antes del CNMH, se han dado muchas iniciativas de memoria por parte de las víctimas; experiencias autónomas y autogestionadas en las que el CNMH y el Museo Nacional de Memoria encontraron una oportunidad para poder recoger esas memorias, visibilizarlas y hacerlas públicas. Y las víctimas participaron muy activamente en ese proceso. Por otro lado, el Museo permitió reconocer esas experiencias para que la población citadina se acercara a esas verdades regionales y territoriales de la mano de los procesos de las víctimas, y eso se ha perdido, está completamente estancado.
También veo como un riesgo enorme la fijación de generar como una suerte de estratificaciones, diría yo, con las memorias. Es decir, la administración dice: la Fuerza Pública estuvo excluida dentro de estos procesos y ahora les vamos a dar un lugar, cuando en realidad lo que quiso el CNMH fue reconocer todas las víctimas, independientemente de quién las victimizó.
Ahora hay un espacio privilegiado para unos y para otros no, y eso parte de un supuesto de que antes unos tuvieron voz, y otros no, lo que, en lugar de ayudarnos a construir un relato a muchas voces, aumenta la polarización social y disminuye la posibilidad de poner en dialogo las versiones de lo que se vivió en el conflicto armado. Nunca en el CNMH tuvimos el interés de tener un consenso sobre una versión del pasado, porque eso ni es deseable, ni posible, pero pensábamos que sí era un lugar de rigor y de respeto para el disenso, para podernos reconocer como diferentes con unos principios mínimos. Al perderse eso acentuamos la violencia, que es el mayor riesgo de estos procesos.
Vale señalar que esto no solo se da por el nombramiento de Darío Acevedo, quien ha negado el conflicto y las víctimas a su vez, sino también es cuestionarse en manos de quién se ha puesto las entidades e instituciones que tienen como función principal reconocer y dignificar a las víctimas.
Así que es perder un camino necesario que ya se había ganado, con la necesidad de abrir otra vez y profundizar la disputa irrespetuosa y donde no se da el debate en igualdad de condiciones de poder, sacrificando la posibilidad de construir memoria y verdad.
Pares: Teniendo en cuenta lo anterior y por su participación directa en el Museo Nacional de la Memoria y el guión museológico y la oposición que esta iniciativa ha tenido con la actual gestión del CNMH, ¿cuál es su evaluación de esto y las amenazas que traen estas acciones contra la memoria plural?
M.N.B: Yo lamento mucho lo que está pasando con el Museo, lo veo con mucha preocupación porque realmente se hizo un proceso muy riguroso y de mucho esfuerzo. Fue escuchar muchas voces, muchas propuestas, afrontar debates complejos, escuchar posturas diversas, asumir temas distintos desde lo arquitectónica, museológico e institucional, y a todo eso se le puso tiempo, esfuerzo y recursos.
Logramos concertar un guión en el que participaron académicos, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de víctimas, miembros de la Fuerza Pública y líderes políticos. Fue un guión que cuando nosotros lo presentábamos en otros lugares del mundo lo veían con mucha admiración hacia el proceso de construcción de este; el cual es abierto, flexible y en el que casi todas las víctimas sentían identificación y reconocimiento.
Con el tiempo todo esto se ha censurado y en parte, se ha detenido. Incluso sale a decir el ahora director del CNMH ahí está archivado en cajas y pues de eso no se trata. Guardar y respetar la memoria no es empacar en cajas lo que la gente construyó, sino de poner esos relatos en lo público.
Eso preocupa y duele, porque no sabemos en el marco de la actual administración qué museo se pueda construir, cuando ya las víctimas no confían en ese espacio y se sienten traicionadas, y si estas iniciativas no cuentan con la confianza, credibilidad y participación de las víctimas deja de ser reparador y pierde su contribución a los procesos de esclarecimiento y reconciliación.
Pares: Unos de los actores importantes en todo este proceso son las personas en proceso de reincorporación, quienes están día a día en riesgo de ser asesinados, dada la falta de protección que se les ha brindado y que a la fecha deja 197 ex combatientes asesinados. Así, ¿cuáles considera usted que son los impactos de esta situación con la construcción de memoria?
M.N.B: Las personas en proceso de reincorporación son muy importantes en los procesos de reconstrucción de memoria, sobre todo en el esclarecimiento de la verdad porque hay muchas cosas en el marco de la violación de derechos humanos que solo ellos lo saben y que justamente la reincorporación tiene planteada una transacción de rebajas de penas por contribuciones a la verdad y eso no hay que desconocerlo. De eso se trata la justicia transicional, de cómo ellos entran a hacer un aporte fundamental al país contando historias que solo ellos conocen y que las víctimas y la sociedad necesitan saber.
Por ejemplo, con la Ley 975 con los desmovilizados de los grupos paramilitares en el CNMH se acopiaron muchas contribuciones a la verdad, no todas resultarían útiles y trascendentales, pero muchos de esos aportes permitieron reafirmar cosas que ya las víctimas habían dicho, conocer nuevas cosas, y entender las lógicas y dinámicas de la guerra.
En este nuevo proceso de paz estaba la gran expectativa de que los desmovilizados de las Farc-ep también entraran a contribuir en la construcción de ese relato de la violencia. No obstante, este es un proceso que podrá seguir su curso más por la vía de la JEP, pues por otras vías se sigue negando una posibilidad de que ellos puedan contar sus experiencias durante la guerra.
Creo, por otra parte, que estas vidas sacrificadas son también memorias e historias sacrificadas, y no solamente se sacrifica por la vía de los asesinatos, sino también por la cantidad de desmovilizados que abandonaron el proceso, bien sea por el ingreso a nuevos grupos armados o por el temor que terminó haciéndolos desvincular del Acuerdo, a eso se le suma la pérdida de confianza por la falta de cumplimiento del Acuerdo, lo que atenta mucho contra la posibilidad de verdad.
Lastimosamente un actor fundamental para el esclarecimiento histórico pierde su potencial en la medida que se vulneran los Acuerdos y se deterioran las garantías de protección para que ellos puedan participar en esto.
Pares: El panorama de la pandemia también está afectando el movimiento social que estaba ejerciendo una presión importante para el cumplimento efectivo de los Acuerdos y para el cese de las violaciones a derechos humanos que han persistido en los últimos tiempos. ¿Hacia qué vías se puede caminar para que desde la sociedad civil se pueda seguir ejerciendo esa presión?
M.N.B: Es muy difícil, yo creo que la pandemia también implica un costo muy alto para los procesos organizativos, el solo hecho de que la gente no se pueda reunir ya tiene unas implicaciones. También lo veo con enorme preocupación en los territorios, donde la pandemia ha sido utilizada como excusa, incluso, para atentar contra procesos organizativos: el asesinato de líderes y lideresa ha sido alarmante, a eso agregándose que cada liderazgo implica un impacto enorme sobre un proceso social, una Junta de Acción Comunal, una organización ambiental, etc.
En los territorios la gente no cuenta ni con las conexiones de internet, ni con los factores que sí hay en la ciudad, entonces ni siquiera puede haber una comunicación virtual, lo que hace más complicado el aislamiento. Cabe señalar que son los territorios los que más enriquecen y nutren los procesos de movilización y organización social fundados hacia el tema de la construcción de paz. Por otro lado, el movimiento estudiantil, que fue uno de los sectores que dinamizó enormemente la movilización, ahora está muy golpeado por la pandemia y está disperso porque esto implica unas dinámicas muy nuevas para las cuales no estábamos preparados.
Creo que lo que podemos hacer es intentar fortalecer los diálogos regionales, intentar conectar los territorios con el centro, aprovechar los medios que tenemos para que las gentes de las regiones hablen,; expresen, griten, incluso, para así poder multiplicar esas voces.
Pares: Esta semana se conmemora la Semana del Detenido Desaparecido, delito del que se estiman que hay más 60.000 víctimas directas. ¿Cuáles cree usted que han sido las trabas y los favores que la justicia y la institucionalidad le ha dado a la impunidad, al ocultamiento y negacionismo en relación con este flagelo?
M.N.B: Habría que decir que la principal traba es el reconocimiento tardío de este delito, lo cual fue hasta el año 2000, y más de 20 años atrás ya habían desaparecidos en el país que nunca fueron tipificados en el marco de ese delito. Reglamentar la ley fue también tortuoso y demorado, y después para crear la institucionalidad no se tuvo todo el respaldo necesario.
Así la impunidad frente a los casos de desaparición forzada es muy fuerte porque investigar estos hechos requiere más voluntad y capacidad técnica, porque este delito, entre otras cosas, tiene justo eso, la intención de borrar huellas y evidencias, lo que hace que esclarecerlo requiera mucho más esfuerzo que otros delitos.
Cuando hacíamos el informe con el CNMH –Hasta encontrarlos: el drama de la desaparición forzada en Colombia– decíamos – ¿cómo investigar un delito que está hecho para que eso no se pueda hacer? -, eso es muy complejo, y además la institucionalidad nunca tuvo toda la capacidad técnica para cumplir los estándares que se requieren.
También hay una dificultad por lo masivo, tener más de 30.000 casos hace que sea una tarea de mucha complejidad. Hoy, con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas se están dando pasos muy importantes que permiten reconocer qué significa el proceso, no solo desde la perspectiva técnica, sino también desde la humana.
Es un camino importante. Confío en que el trabajo de la Unidad, que a mi juicio arrancó de una manera seria, pueda compensar un poco todo esto, pero seguramente frente a estos de casos de desaparición haya muchas cosas que nunca vamos a saber y que tal vez sea muy tarde intentarlo hacer ahora, porque a medida que pasa el tiempo las búsquedas se complican.
Creo, también, que la acción coordinada de la Unidad y la JEP puede por fin hacer un proceso institucional serio y sistemático que dé frutos y brinde respuestas a las exigencias de las y los familiares. De todas maneras, el mayor obstáculo en este momento creo que es el retorno de la violencia y las amenazas, porque la gente no encuentra seguridad en los territorios para denunciar y eso vuelve a afectar la labor de búsqueda.