Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Los decretos y medidas implementadas durante el Estado de Emergencia Económico, Social y Ecológico seguramente han provocado muchos cuestionamientos en quienes han debido adecuarse a estos, pues pareciera que, por la preocupación de salvaguardar la salud, por miedo o cuidado también debemos acceder a estos, omitiendo la necesidad de claridades para la ciudadanía, sino solo con la orden de acatarlos.
En este sentido vale señalar la más reciente medida implementada por Claudia López a través de la aplicación digital Gobierno Abierto de Bogotá (GABO), en la que se genera un registro llamado Bogotá Cuidadora, que requiere que quienes salgan deban en dicho formulario informar nombre, cédula, dirección de residencia, localidad y número de teléfono celular, hora a la que se sale casa, localidad hacia donde se dirige, cómo se moviliza y la hora estimada de llegada. Además, de requerir que para el uso de esta de deba permitir el acceso a la cámara, ubicación y archivos.
Intimidad y privacidad en riesgo
Es necesario mencionar que en las últimas horas la alcaldesa se refirió a la decisión afirmando que se derogaría el parágrafo que ha generado confusión y discusión. No obstante, el Decreto 131 del 31 de mayo de 2020 continúa presentado la medida como una obligación: “todas las personas exceptuadas de la medida de aislamiento obligatorio y que deban movilizarse, se inscribirán a través del formulario”, adicional faculta a la Policía de imponer sanciones a quienes no hayan hecho el registro, incluso cuando a través de redes sociales Claudia López ha asegurado que esto será voluntario.
¿Basta con aclarar que hubo un error, decir que se arreglará, pero no hacerlo, aun cuando ya empezó a regir el Decreto?
Asimismo, Luis Ernesto Gómez, Secretario de Gobierno, afirmó en entrevista con WRadio que, si bien no es obligatorio, “si se trata de un negocio como una peluquería, que no tiene un área de Talento Humano, como las empresas, entonces en ese caso sí es necesario el registro”, lo que representaría profundas desigualdades y riesgos que se están siendo tratados sin mayor profundidad y análisis.
A esto se agrega que, hasta el momento, más allá del resguardo de la salud no se han presentado rutas o un análisis que constate hasta dónde va la medida, qué alcances tiene, qué entidad va a ser garante de que las aclaraciones que hizo la alcaldesa realmente se cumplan, que no haya más abuso de la Policía respaldados en la medida. Esto partiendo del riesgo que implican las restricciones de la libertad y el control político que hay con esta determinación debería, como mínimo explicar este tipo de cosas. Además, tampoco se ha puesto sobre la mesa las facultades de los empleadores dentro de esta medida ¿tiene un jefe el derecho de hacer obligatorio el registro de los datos en la plataforma?
Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), señaló a través de Twitter: “La intimidad y la privacidad no son derechos cosméticos, son trascendentales para la vida democrática. Forzar que los ciudadanos renuncien a su privacidad -a través de apps- para poder vivir en la pandemia, es una extorsión que masajea los bordes del autoritarismo”.
A esta discusión se suma lo ejecutado en Medellín por el alcalde Daniel Quintero, quien implementó el registro en CoronaApp y Medellín Me Cuida como requisitos obligatorios para el ingreso a centros comerciales de la ciudad. Estas iniciativas en un primer momento fueron establecidas sin una participación previa de las personas que habitan en estas zonas, quienes son los que deberán acatar la determinación.
En este punto vale la pena retomar lo planteado por Giorgio Agamben, quien, trazando el Estado de Excepción como un escenario validado para la restricción a los derechos fundamentales, ha puesto en discusión cómo «estas medidas jurídicas que no pueden ser comprendidas en el plano del derecho, se presentan en el estado de excepción como la forma legal de aquello que no puede tener forma legal”. Esto guardando estrecha relación en lo que el autor plantea como biopolítica moderna, entendida como “la política que incluye a la vida natural dentro de los cálculos del poder estatal”.
De acuerdo a lo anterior es necesario plantearse la cuestión ¿qué pasará con todos esos mecanismos implementados cuando la pandemia acabe? También, se deben seguir exigiendo cada una de las respuestas que se necesitan con una medida de este tipo, además de solicitar que se realicen los ajustes pactados, pues como no ha sido ajeno, la cuarentena está legitimando los abusos con la gente en nombre de la salud y el “orden”.