Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Las calles no han dejado de ser el lugar de enunciación de muchos, quienes, a hoy, tras más de dos meses de declarado el aislamiento preventivo obligatorio siguen exigiendo que no se les vulneren sus derechos, principalmente, el de alimentación, vivienda y trabajo, esto en medio de una pandemia mundial que acentuado las desigualdades que han afectado históricamente los sectores más empobrecidos y alejados de la centralidad del país y las ciudades.
Según un reporte hecho por Pares hasta principios de mayo se habían registrado 173 protestas en 24 departamentos del país. Estas, no han dejado de presentarse, tanto así que hoy habitantes del barrio Divino Niño (Ciudad Bolívar-Bogotá) y Tierra Buena (Kennedy-Bogotá) de nuevo se tomaron las calles exigiendo respuestas y soluciones para la crisis social por parte de la Alcaldía de la ciudad y el Gobierno Nacional.
A esto se agregan otro tipo acciones que han sido rechazadas por varios sectores del país. Motivos que han promovido dentro de la coyuntura actual se convoque a una movilización propuesta para el próximo 15 de junio, la cual se daría en medio de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, y a su vez antecedida por el Paro Nacional realizado desde el pasado 21 de noviembre.
Algunos de las razones de esta iniciativa son:
1. Abusos policiales en medio de la cuarentena
Pocos días pasaron luego de que se decretara el aislamiento preventivo obligatorio el 25 de marzo, para que las denuncias de arbitrariedades de la Policía contra las y los ciudadanos comenzaran a ser conocidas. Entre estos hechos se señala el hecho denunciado por una mujer contra miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá que operan en los cuadrantes del CAI de Bosa Laureles y en las instalaciones de la Estación Séptima de Policía de la localidad de Bosa, quienes fueron acusados por violencia sexual, robo y extorsión.
Por otro lado, el 16 de abril en el barrio El Recuerdo de Ciudad Bolívar se alertó sobre el abuso de un Policía, quien le disparó a Danny Darío Carvajal Castellanos de 23 años, quien luego de ver cómo uno de los agentes agredía con una pistola eléctrica a su hermana, quien está en estado de embarazo, respondió a los policías y estos le dispararon con arma de fuego en dos ocasiones; una en su estómago y otra en su mano. Danny estuvo alrededor de diez días en cuidados intensivos en el Hospital de Meissen.
Otros hechos se presentaron en Codazzi (Cesar) el día 22 de abril, en horas de la mañana, cuando un grupo 70 personas estaban protestando en la vía Troncal Caribe, a la altura del Corregimiento de Casacará, cuando un agente de la Institución hace disparos irresponsables y abusivos causando la muerte de Jaider Antonio Brochero Hernández, un joven parecer de 17 años.
Un hecho similar fue denunciado el pasado 01 de junio por la comunidad de Puerto Tejada Antioquia, quienes alertaron del asesinato de Anderson Arboleda, un joven de 21 años que recibió reiterativos golpes en la cabeza por parte de un uniformado, lo que causó, en principio, muerte cerebral y horas más tarde la muerte del joven.
Asimismo, estas ampliaciones implícitas del poder hacia la Policía han generado una serie de acciones irregularidades en donde se incluye la alta probabilidad par irregularidades en traslados y comparendos, agregándose la difícil capacidad de registro y el subregistro de abusos que esto y la falta de una veeduría institucional.
Afirmación que se ve respaldada por el número de denuncias que se registran a diario por abusos policiales, quienes le han dado un sobreuso al argumento de la preservación de la salud y el orden, para hacer de su trabajo un mecanismo de violencia y represión, el cual muchas veces está acompañado por uno de los organismos más victimizante: el ESMAD. Con esto, es necesario no perder de vista los desalojos y abusos que se han generado en Altos de la Estancia desde el pasado 2 de mayo.
2. Asesinatos a líderes y lideresas
La cuarentena además de dar vía a la excepción de derechos también ha provocado que la violencia que se registra a diario en las regiones no esté teniendo acompañamiento adecuado. Esto es problemático, ente otras cosas, porque siguen alimentando el subregistro de violencias y los beneficios que esto trae para los sectores que se han opuesto insistentemente a la implementación del Acuerdo de Paz.
Aunque no es algo que se haya dado precisamente dentro de a cuarentena, sí es una situación que se ha agudizado en los últimos años, y que con las medidas de aislamiento se permite un mayor control de los grupos armados ilegales tanto para regular la movilidad en los territorios, como para poder realizar sus acciones violentas en un contexto donde los liderazgos y la organización social se ve afectada fuertemente por la coyuntura.
En este sentido cabe señalar que según cifras de Sipares desde el 25 de marzo hasta el 03 de junio se han registrado 22 asesinatos selectivos contra líderes y lideresas, siendo el Cauca el epicentro de esta crisis, donde tan solo en el día de hoy se registró el asesinato de Julio Humberto Moreno Arce, líder comunitario y defensor de derechos humanos de Buenos Aires (Cauca).
Adicionalmente, se suman las peticiones que han hecho excombatientes para que se tomen medidas efectivas dentro de la actual coyuntura en con quienes están en los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), donde hay cerca de 9.000 exguerrilleros.
Además del abandono a la implementación de los pactado en 2016, lo que ha suscitado en el estancamiento de los puntos del Acuerdo, se ha denunciado también el alto número de asesinatos a personas en proceso de reincorporación, que en el mismo periodo de cuarentena registran un total de 8 casos y 198 en lo corrido de los últimos cuatro años.
3. Corrupción en tiempo de pandemia
Otros de los recalamos conocidos hacia la clase dirigente del país son los distintos casos de corrupción y mal uso de recursos, los cuales han sido destinados para atender la pandemia y las situaciones y económicas agravadas con esta.
En relación con lo anterior y con lo más investigado por Pares presentado en el informe El cuestionado manejo de recursos públicos en medio de la pandemia, se señala que, durante este tiempo, por lo menos, se han encontrado 313 casos de contratos en los que habría irregularidades, estos se celebraron en 29 de los 32 departamentos de Colombia y su Distrito Capital.
Los cuestionamientos en los que estarían estos contratos son: sobrecostos, categoría en la que están 118 documentos; mediación por influencias políticas con 60 hechos; violación del principio de publicidad en el que hay 53 casos; actividad comercial no relacionada con el servicio contratado en donde se hallaron 9 registros; servicio sin relación con Covid-19 pero justificado en este con 8 denuncias; y otros en los que hay 65 hechos.
Adicionalmente se identificaron que los departamentos con más indicios de posible corrupción en contratos celebrados durante la pandemia son: Atlántico, Bolívar, César, Córdoba, Valle del Cauca, Antioquia, Caldas y Nariño.
Tras se han ordenado algunas sanciones temporales de alcaldes y gobernadores, donde la más reciente fue la realizada al alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, por presuntas irregularidades en la vigilancia a la celebración y ejecución de cuatro contratos de suministro por más $1.590 millones de pesos.
Una movilización en deuda
En ese sentido, vale la pena nombrar que muchas de las causas que promovieron la organización social se notan más justas y claras con la crisis sanitaria, la cual ha generado otras consecuencias como el incremento en las tasas de desempleo; pobreza; violencias, en especial la basada en género, y un notable tambaleo del acceso a la educación, a la salud y a la vivienda. Así que ahora es necesario no olvidar cada una de las consignas que nos permitieron encontrarnos en las calles.
Por otro lado, si bien se resalta que se deben mantener las medidas de cuidado para prevenir el contagio del virus, es necesario subrayar que las movilizaciones no han sido ajenas al contexto de pandemia, pues la calle no ha dejado de ser un lugar de encuentro y convocatoria, pues mientras se intentan seguir lo lineamientos planteados para preservar la salud, hay exigencias que deben ser resueltas ahora y que al parecer están siendo llevadas por la evasiva estatal y distrital.