Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares
Una de las zonas más victimizadas por cuenta de los operativos de erradicación forzada que se han desplegado por distintas zonas del país es, sin dudas, la región conocida como Guayabero, ubicada entre los departamentos del Meta y Guaviare.
Actualmente hay una avanzada del Ejército en distintas zonas del país para implementar operativos de erradicación forzada, de los cuales las comunidades campesinas han registrado heridos y, también, asesinatos.
Guayabero, en el ojo de la acción militar
La más reciente información a la que tuvo acceso Pares tiene que ver con que en la zona del Guayabero, más específicamente en la vereda Tercer Milenio, en Vistahermosa, ha incrementado el pie de fuerza militar y del ESMAD. También han hecho presencia helicópteros en los últimos días. Esta situación en Tercer Milenio ha generado campesinos heridos, capturados y otros desaparecidos.
Pares conoció la denuncia hecha por la Alianza Étnica y Comunitaria de Guaviare y Sur del Meta que indica que desde hace 11 días, desde el pasado 26 de mayo, se vienen adelantando opraciones de erradicación forzada por parte del Ejército en esta región. Según las comunidades, hay más de 1.500 campesinos que esperan alternativas por parte del Gobierno Nacional. Sin embargo, han insistido que la presencia del Estado ha sido con graves violaciones a los Derechos Humanos.
Asimismo, la Alianza Étnica ha señalado que las situaciones más delicadas se vienen presentando desde la madrugada de este 4 de junio cuando producto de arremetida de los militares hacia los campesinos y campesina quedaron seis campesinos gravemente heridos heridos.
La denuncia
Los hechos, según la Alianza Étnica, al territorio desembarcaron tropas del ejército, de la policía antinarcóticos y se incrementa el pie de fuerza del ESMAD desde doce helicopteros del Batallón número 1 FUDRA, adscrito al batallón de la Macarena. Este batallón está a cargo del Sargento viceprimero Sosa y el Capitán Alexander Rodriguez Pabo, que según el comunicado, habría violentado a la comunicad que se encontraba en la Vereda el Tercer Milenio Jurisdicción del Municipio de Vistahermosa, Meta, del núcleo veredal de Puerto Cachicamo Guaviare.
De igual forma, según la denuncia de Alianza Étnica, el papel del ESMAD fue el de atacar a la comunidad por medio de gases lacrimógenos, bombas aturdidoras y disparos que hicieron que las comunidades huyeran hacia el río Guayabero.
Además, al igual que en subregiones como el Pacífico Nariñense, Bajo Putumayo, Nudo del Paramillo, Catatumbo, Cauca; las comunidades han denunciado que la presencia de uniformados del Ejército para la realización de los operativos de erradicación forzada “incumplen el porte de los elementos de bioseguridad que el gobierno ha decretado por la emergencia del COVID19.”
Llamado a la soberanía de los derechos humanos
La Alianza Étnica ha solicitado que se delegue una comisión humanitaria que visite el Lugar de los hechos para oficializar, verificar y ampliar la presente denuncia y que en solidaridad con los campesinos y campesinas del Guayabero puedan acoger, compartir y difundir esta denuncia para dar pronta solución a la problemática que en estos momentos estamos padeciendo las comunidades campesinas de la Región del Río Guayabero.”
Finalmente, sobre la gravedad de la situación la Alianza Étnica ha señalado como responsables al presidente Iván Duque, al general del Ejército Eduardo Zapateiro y a Raúl Hernando Dlores quen es el encargado de la Tarea Conjunta Omega que está desplegando estos operativos.
El senador de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Carlos Antonio Lozada, ha señalado en una constancia a la Comisión Primera la situación de la región del Guayabero.
En esa constancia, el senador Lozada precisó que los operativos de erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito en la Vereda Tercer Milenio del municipio de Vistahermosa (Meta), deja en grave riesgo a las comunidades campesinas, víctimas de la criminalidad del Estado que ya provoca asesinatos, desapariciones y detenciones arbitrarias de campesinos. Por lo que pide la intervención de la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, para que investiguen estos hechos.
En esta región, como en muchas otras en las que Pares ha hecho seguimiento, constatamos que se están adelantando estos operativos y las comunidades han solicitado que por parte del Gobierno Nacional se cumpla con el Plan Nacional Integral de Sustitución de Uso Ilícito (PNIS).