Por: Laura Cano. Periodista Pares.
El pasado 27 de mayo fue puesta ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum y el Embajador de la República de Colombia ante el gobierno de Estados Unidos, Francisco Santos. La solicitud para el seguimiento de las acciones de estos funcionarios fue hecha por Antonio Sanguino, Armando Novoa García, Daniel García-Peña, Ramón Jimeno y León Valencia (director de Pares).
La iniciativa tuvo como eje las relación de Colombia y Venezuela, partiendo de las decisiones que han tomado los dirigentes nacionales respecto a la situación política del vecino país, argumentando que éstas violan en principio el artículo 9 de la Constitución Política de Colombia, la cual contempla que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia.
De esta forma se enmarcaron una serie de hechos que han vulnerado dicho lineamiento durante el periodo presidencial de Iván Duque, tiempo en el que se ha acentuado las problemáticas diplomáticas con el Gobierno venezolano. “Le pedimos al Procurador que investigue a estos funcionarios por violaciones a la Constitución y a la Ley porque han propiciado acciones contra Venezuela y su Gobierno que no respaldan la Constitución las cuales hemos registrado desde febrero de 2019 hasta hoy”, agregó León Valencia.
Septiembre de 2018
En esta fecha se dio una de las primeras alertas sobre las intenciones del Gobierno colombiano de una posible intervención militar en territorio venezolano. La discusión sobre la posibilidad de esta acción llegó luego que Francisco Santos afirmara en un foro académico realizado en Washington que para lograr una salida a la crisis de Venezuela no había que descartar ninguna opción, incluso si ésta se trataba de acciones militares.
Esta afirmación fue rápidamente rechazada por unos gobiernos de la región, y a su vez fue avalada por otros, que la veían como un camino para lograr derrocar al presidente Nicolás Maduro, un objetivo que ha estado en los lugares principales de la agenda política de Estados Unidos liderada por Donald Trump.
Por otro lado, en este mismo tiempo se estaba llevando a cabo la iniciativa del Grupo de Lima, un conjunto de países que se encontraban en la necesidad de buscar una salida pacífica para la crisis del vecino país y una restauración de su democracia. Allí participaban: Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Santa Lucía, sin embargo, Colombia, por decisión de Carlos Holmes Trujillo, decidió no suscribirse dentro de esta iniciativa, al declarar que no había coincidencias totales con los términos de la declaración.
Febrero 2019
En este mes el Venezuela Aid Live tuvo la atención mediática, pues el Gobierno Colombiano lideró esta acción que bajo la presentación de una ayuda humanitaria pretendía ingresar a territorio venezolano 280 toneladas de alimentos y medicina, no obstante, esto nunca fue mediado con el Gobierno de Nicolás Maduro, lo que configuró una oposición que produjo que 285 ciudadanos venezolanos y 30 colombianos resultaran lesionados.
Cabe señalar que en este contexto, Holmes Trujillo coordinó el llamado cerco humanitario, en donde había también presencia de autoridades estadounidenses como Marco Rubio, senador republicano de Florida y Jordan Goudreau, exmiembro de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos.
Señala el documento que: “La entrega de ayudas humanitarias se llevó a cabo sin observar los principios internacionales humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia operativa que guían la acción de los organismos de asistencia humanitaria del sistema de Naciones Unidas y en particular de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios”.
En ese sentido, Maduro decidió romper relaciones diplomáticas con el Gobierno colombiano, y así a cerrar los consulados de Colombia en Venezuela, decisión que afectó directamente a los connacionales residentes en el vecino país, además de desatar toda una crisis social, económica y política en las zonas fronterizas. Escenarios que se han visto reforzados con el aval que los dirigentes nacionales le han dado a Juan Guaidó.
Noviembre de 2019
Como una copia mal hecha de lo ocurrido en febrero de 2018, en esta ocasión se trató de una conversación entre Claudia Blum y Francisco Santos en la que se resalta lo siguiente citado en el documento enviado a la Procuraduría:
Claudia Blum: – Pero usted ya tiene una estrategia lista -.
Francisco Santos: – Sí, yo la armé. Es comercial, es política, es ayuda, es militar y yo te paso eso… Yo lo único que veo es que, con acciones encubiertas allá adentro, para generar ruido y apoyar a la oposición que allá está muy sola. Si Maduro no se va, Colombia no tiene futuro-.
“La conversación entre Claudia Blum y Francisco Santos dejó ver que Santos ante la ausencia de política exterior del Gobierno, él personalmente se había encargado de proponer acciones para derrocar el gobierno de Maduro”, agregó Armando Novoa.
2020
Durante los seis meses de este año han detonado muchos de los asuntos que se han venido alertando desde años anteriores. En un primer momento se comunicó que en la vía Barranquilla – Santa Marta se habían decomisado 26 fusiles, 36 culatines, 28 visores nocturnos de dos ojos, 9 visores nocturnos de un ojo, 8 silenciadores de fusil, 21 unidades de mira para fusil, 24 unidades de mira para fusil marca Sparg, 4 binoculares nocturnos, 30 miras laser de un punto, 21 designadores lacericos, 2 radios de comunicaciones, 43 baterías, 15 cascos militares tácticos y 3 chalecos antibalas.
Según Cliver Alcalá, quien se entregó a las autoridades colombianas como uno de los responsables de este traslado de munición, este cargamento tenía como objetivo apoyar un golpe de estado contra el Nicolás Maduro. El 26 de marzo Alcalá fue traslado a Estados Unidos por la Agencia Antidrogas de ese país, incluso cuando en Colombia regía el decreto de aislamiento preventivo obligatorio.
Asimismo, este año, en mayo, se registró la Operación Gadeón, la cual también estaba dirigida para derrocar a Maduro, pero la cual fracasó y dejó como saldo ocho (8) personas muertas y varias detenidas, entre ellas Jordan Goudreau. Esto por acción y omisión implica al Gobierno colombiano. Ese mismo mes tres lanchas de la Armada Nacional de Colombia con sede en Vichada resultaron en aguas venezolanas, sobre esto todavía no hay mayores investigaciones ni pronunciamientos, un panorama que se ha repetido con los demás hechos en los que se ven implicadas las relaciones internacionales de Colombia y Venezuela.
A esto se debe agregar la militarización del Caribe por parte de Estados Unidos, quienes han argumentado esta acción dentro de la lucha antidrogas. Afirmación que se ha refutado desde varios sectores, pues se ha evidenciado que el porcentaje más alto (70%) de sustancias psicoactivas sale por el Pacífico.
Adicionalmente, es necesario nombrar que durante las últimas semanas se ha alertado de la llegada de brigadas militares estadounidenses al Catatumbo, lo que convulsionaría la situación de violencia que vive esta región, en donde una de las razones que ha provocado la disputa entre grupos armados es justamente la producción y comercialización de droga. Sin dejar nombrar la problemática social que ha generado los constantes intentos de erradicación forzada.
“Todo esto son preocupaciones grandes, por eso acciones como la queja disciplinaría ante la Procuraduría, la posibilidad de que esto también se lleve a discusión de la Comisión de Relaciones Exteriores y el pronunciamiento de otros actores, son necesarias en este momento para que haya opinión, pero también para que haya intervención de los organismos de control que se han tomado todo esto muy a la ligera”, aseveró León Valencia.