Por: Laura Cano. Periodista Pares.
A pesar de las restricciones de movilidad implementadas con la orden de aislamiento preventivo obligatorio, las manifestaciones y protestas no han cesado en el país. Poco después de aplicado el Decreto 457, el cual planteaba, entre otras cosas, las restricciones de movilidad desde el pasado 25 de marzo en las calles varias personas se comenzaron a organizar exigiendo garantías para poder cumplir la cuarentena en condiciones dignas.
El tema laboral laboral fue uno de los primeros factores afectados con las medidas, provocando que, según datos del DANE, a abril de 2020 el desempleo aumentara 9.5 puntos porcentuales, llegando a un 19.8%, mientras que la tasa de ocupación disminuyó un total de 14.2 puntos porcentuales. A esto se agrega la población trabajadora informal, la cual también perdió su actividad de empleabilidad, causando que las familias que vieron directamente afectados sus ingresos para poder solventar sus necesidades básicas.
Por otra parte, no se ha dejado de insistir en la protección de las y los más vulnerables, a quienes se les ha desalojado y destruido sus viviendas, casos como los ocurridos en Ciudad Bolívar en Bogotá y en La Viga y Siloé en Cali. Con esto, otra de las exigencias ha sido la implementación de una renta básica, petición que ha caído en oídos sordos, pues, aunque se han dado algunos subsidios, como el Ingreso Solidario ($160.000), la gente reclama la poca efectividad de estos y además la corrupción en la que han terminado varios de los recursos que se han destinado para atender la pandemia.
Llamados similares se han realizado respecto a los gastos que se han hecho desde la Presidencia, donde se ha expuesto que durante la crisis se ha invertido es estrategias de posicionamiento digital del Presidente, asimismo, en municiones y tanquetas para el ESMAD.
Estas dos inversiones implican cerca de $15.350 millones en medio de la Emergencia Económica, Social y Ecológica en la que está el país desde el mes de mayo. Adicionalmente, en las manifestaciones ciudadanas sigue estando en la agenda la implementación del Acuerdo de Paz, el cual ha estado estancado ante la poca voluntad política, lo que ha causado, entre otras cosas, que a la fecha haya 200 firmantes y cerca de 413 lideresas y líderes asesinados.
15J: a las calles otra vez
El pasado 15 de junio, al cumplirse 82 días de aislamiento preventivo obligatorio, en los cuales las respuestas y soluciones para muchos sectores no han llegado, miles de ciudadanos se dieron cita en ciudades como Popayán, Manizales, Medellín, Cali y Bogotá, en las que desde temprano se movilizaron por las calles, y también donde pronto hizo presencia agentes de la Policía, Esmad y Ejército, lo que causó que poco después de iniciadas las protestas comenzaran a llegar denuncias por los abusos y no cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de los miembros de estas instituciones.
El panorama no cambió mucho con el pasar de las horas. Cerca del medio día se alertó sobre la interrupción de las movilizaciones en Medellín por agentes del ESMAD, quienes, adicional de los abusos físicos, también comenzaron a detener manifestantes, entre ellos a defensores de derechos humanos y periodistas, entre los que se encontraba José Luis Marín, abogado, periodista y creador de Aquinoticias, un medio de comunicación independiente, desde el cual se venía haciendo seguimiento y transmisión de cómo transcurría la movilización.
En medio de esta jornada en la capital antioqueña también fue detenido y golpeado Nicolás Brito Zapata, quien al igual que José Luis María, se encontraba transmitiendo en vivo lo que ocurría, él fue detenido arbitrariamente y además la violencia ejercida por policías le provocó una fractura en su mandíbula y la pérdida de dos de sus dientes. En un contexto similar se le propinó una fractura de brazo a Duván Jaramillo, defensor de derechos humanos.
Vale la pena señalar que solo en Medellín fueron retenidas 45 personas que posteriormente fueron trasladadas, algunas de ellas, al bunker de la Fiscalía de la ciudad. Estas detenciones fueron denunciadas como irregulares, pues como lo afirmó José Luis Marín a través de su cuenta de Facebook, “a muchas personas las capturan porque iban corriendo, en ese momento a nadie se le leyó sus derechos, ni se les indicó las razones por las cuales iban a ser retenidas”.
La paradoja del cuidado en Bogotá
En los últimos meses la capital ha brillado por el rápido actuar violento de la Policía Nacional y por el discurso ‘vandálico’ como legitimización de los abusos de poder. Antes de nombrar lo ocurrido en la capital, y resaltando lo anterior como común denominador de los escenarios de protesta y el cubrimiento mediático que se le da, hay que señalar que la movilización social como derecho debe ser protegida institucionalmente, además el actuar de la Fuerza Pública debe estar siempre regido por lo dispuesto en la Resolución 1190 del 03 de agosto de 2018 del Ministerio del Interior, en la que se plantea que:
· La actuación debe estar a cargo, todo el tiempo, por personal y equipos identificados de manera clara y visible.
· La fuerza disponible de la Policía debe estar ubicada para que actúe de manera oportuna, pero no puede afectar el desarrollo de la protesta.
· Siempre debe actuar en primer lugar la Fuerza Disponible, y no el ESMAD.
· La Policía intervendrá sólo cuando sea necesario, atendiendo al principio de proporcionalidad.
· Si se presentan acciones violentas, la Policía debe neutralizar el foco violento, sin afectar a los manifestantes pacíficos.
· No podrán portar armas de fuego.
· Las personas capturadas deben ser tratadas con dignidad y se debe garantizar sus derechos.
· Si hay ciudadanos heridos se debe garantizar su atención y se deberá informar a un familiar.
Así y como comparativo a lo ocurrido el 15J se debe mencionar que durante las movilizaciones que salieron de varias partes de la capital se denunció la pronta presencia e intervención del Esmad, incluso cuando se supone que el actuar del Escuadrón debería estar mediado, tanto por la Fuerza
Disponible, como por los gestores de convivencia, que más allá de su presencia deben realmente buscar las formas de mitigar los escenarios que puedan generar riesgos a los manifestantes.
Al igual que lo ocurrido en Medellín, y con escenarios políticos locales similares, al poco tiempo de iniciadas las protestas vino la represión e intimidación de la Fuerza Pública para estancar las movilizaciones, este panorama, además de no permitir lo que se tenía previsto con el acto, también dejó 73 personas detenidas, ocho (8) de ellas con fines de judicialización.
Desde Defender la Libertad se informó que fue: “un acto desmedido por parte de la Fuerza Pública, quienes detuvieron a los y las manifestantes solo por hacer parte de la movilización citada, e intervinieron sin justa causa dado que se encontraban protestando de manera pacífica y no estaban bloqueando en su totalidad la vía por la que iban. Dentro de las personas que resultaron heridas se encuentra un joven, quien frente a la estación de Transmilenio de San Diego fue golpeado por un agente del ESMAD, el cual le propino una patada en la cabeza, mientras el joven se encontraba en el suelo, esto le generó una posible fractura de cráneo; además, un abogado defensor de DDHH presentó hematomas y una herida abierta leve en el pie derecho, a consecuencia del impacto de una aturdidora lanzada por el ESMAD”.
Las denuncias fueron constantes en la tarde del 15J, y como argumento a la exigencia del desmonte del ESMAD y la regulación de la Fuerza Pública en las manifestaciones, lo que resaltó fue una constante violación de derechos humanos; golpes, detenciones y traslados irregulares, intimidación por la alta presencia de agentes del Escuadrón, y la persecución a manifestantes causándoles afectaciones físicas a causa de los gases y aturdidoras utilizadas para dispersar la movilización.
Los alternativos ¿más de lo mismo?
Dentro de la democracia que muchas veces es utilizada como bandera y comodín político, debería, por esa misma vía y como base de esta, respetarse y legitimarse las acciones de protesta y las calles como lugar de disputa y manifestación. Sin embargo, la movilización social parece ser la piedra en el zapato de la mayoría de los gobiernos, nacionales como locales. Lo anterior sumado al manejo mediático en el que gana protagonismo “la pared rayada” más que las mismas peticiones de quienes salen a movilizarse, ha puesto durante años la protesta social más en un lugar de riesgo y estigma que de reivindicación y lucha.
Lo anterior parecía poder tener una opción de cambio al quedar en la cabeza de las alcaldías de dos de las ciudades más grandes los candidatos que se lanzaron en una campaña electoral que al parecer le apostaba a las exigencias de la gente, lo que causó que al final sus elecciones fueran calificadas como “el triunfo del voto con criterio”.
No obstante, el tratamiento a las protestas por parte de estos dos alcaldes; Claudia López y Daniel Quintero no ha presentado muchos cambios en el tiempo que llevan de gestión; de nuevo, la vandalización y el supuesto uso de la protesta por parte de sectores “extremistas” vuelve a estar en el centro de la discusión institucional de la movilización.
Citando a López para ella lo sucedido el 15J fueron: “Supuestos jóvenes inconformes que terminan siendo vándalos encapuchados. Además de causar aglomeración, vandalizaron estaciones, paraderos y comercios. Esto no es protesta legítima de ningún tipo. Es vandalismo organizado para beneficio político de extremistas que no vamos a permitir”. Esto mientras Daniel Quintero afirmaba que: “Los que saben de estas cosas aseguran que estas marchas no son contra el Gobierno Nacional, sino que buscan que los a los alcaldes les vaya mal”.
De acuerdo con lo anterior valdría la pena preguntarse, por ejemplo, ¿por qué las casas que destruyeron en medio de la pandemia por autorización de la Alcaldía de Bogotá no generan el mismo rechazo institucional? ¿Ni siquiera en medio de una pandemia se pone por encima de la propiedad privada las necesidades de la gente?
La calle con el contexto actual lejos está de dejar de ser un lugar de reclamo, por el contrario, al parecer la pandemia está demostrando que, ante las pocas soluciones y las repuesta ineficientes, la organización social sigue siendo una vía, y no precisamente de hecho como la han querido hacer ver.
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Nota: en medio de la pandemia la Fuerza Pública asesinó a Jaider Antonio Brochero Hernández en medio de una protesta realizada por la falta de alimento en Codazzi, Cesar. Además, en usos abusivos de la fuerza asesinaron al joven Anderson Arboleda y al parecer a Brayan Erazo y a Janner García.