Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad Pares.
El 4 de septiembre de 2019 el subdirector de Pares, Ariel Ávila, señalaba en su columna Un país que se lo traga la corrupción, tres ejemplos, lo siguiente: “La ciudadanía no castiga ni a los partidos, ni a los políticos corruptos, sigue votando por ellos. Por ende, los incentivos para seguir siendo corrupto son altos”. Y vaticinando los resultados electorales, acertó en el contenido de su columna, específicamente para el caso de Carmen de Carupa.
Este municipio, ubicado en el departamento de Cundinamarca, escogió, una vez más, a Giovanni Murcia Leyva con 2.785 votos, avalado por la coalición “Construyendo Sociedad, Gobierno De Resultados” de los partidos Cambio Radical y la U. La elección se dio en medio de diversos cuestionamientos, a partir de las denuncias recibidas por Pares y relatadas en la columna de Ávila.
¿Quién es Giovanni Murcia?
Murcia es un político que ha tejido una presunta red de corrupción para apoderarse del municipio desde 2011, cuando resultó elegido por primera vez con una votación de 3.346 votos con el aval del Partido de la U. De acuerdo con fuentes en territorio citadas por Ávila, su administración estuvo presuntamente rodeada de diversos cuestionamientos por el manejo clientelista, así como por supuestos contratos con presupuesto que no se ejecutaron.
En 2015, su candidato perdió las elecciones. No obstante, logró consolidar una estrategia para empezar a sumar apoyos desde 2018, cuando apareció en varios videos haciendo la presunta compra de votos para favorecer a tres candidatos a la Cámara de Representantes en las elecciones de Congreso del 11 de marzo: Orlando Clavijo Clavijo, quien se quemó; Néstor Leonardo Rico, actual representante de Cambio Radical y David Barguil, senador Conservador.
En los videos reseñados por Ávila se observa al señor Murcia el 11 de marzo de 2018 en lo que parece ser una flagrante compra de votos a menos de 100 metros de un puesto de votación en el municipio, además de la repartición de publicidad de los candidatos el mismo día de elecciones. También se observa cómo estando junto a una patrulla de policía es descubierto por un uniformado que lo aborda, pero que es increpado por varios ciudadanos que habrían estado involucrados con el entuerto y, ante la presión, el policía se va y Murcia se ríe.
Contratos bajo la lupa
A pesar de todo lo anterior, resultó elegido como alcalde, y este año las condiciones del país, ni mucho menos del municipio tendrían las garantías de transparencia suficientes con estos precedentes que no han tenido ningún tipo de investigaciones en la justicia. Esto se ve reflejado en las recientes intervenciones de la Contraloría General de la República (CGR) a un contrato en el municipio por presuntas irregularidades, entre las cuales se encuentran posibles sobrecostos en los mercados en el marco del estado de emergencia a raíz del Covid-19.
De acuerdo con la resolución ordinaria 80112-0796-2020, la CGR facultada en su control preferente, resolvió la intervención funcional de oficio al contrato No. 096 de 2020 del 30/03 de 2020, entre el municipio de Carmen de Carupa y la contratista Flor Mery Robayo Suárez, por un valor de 20 millones de pesos para la repartición de 400 mercados por un valor unitario de 50 mil pesos. Tanto es así, que el propio contralor general de la nación, Felipe Córdoba, el pasado 24 de abril mencionó especialmente las intervenciones que se hicieron al municipio de Carmen de Carupa.
El contrato fue celebrado el 30 de marzo de 2020 para un plazo de ejecución de dos (2) días, mediante la repartición de mercados compuestos por 12 ítems, como se observa a continuación.
Sin embargo, Pares tuvo acceso a una solicitud de varios concejales del municipio elevada ante los órganos de control y autoridades correspondientes, en la que se realizó un estudio de mercado haciendo la compra de los 12 ítems en tres (3) supermercados de diferentes marcas, al pormenor, que es más costoso, incluyendo al final de cada cotización los tres impuestos de la contratación (Estampilla del Proanciano, 4%; Estampilla Procultura, 2%; Industria y Comercio, 0,7% y la Retención en la Fuente, 2,5%), los cuales suman un 9,2% adicional por cada mercado.
Como resultado, según las pruebas aportadas, el alcalde Murcia estaría incurriendo una vez más en presuntos actos irregulares, toda vez que el contenido de los mercados entregados no corresponderían a lo establecido en el contrato en términos de calidad, así como tampoco corresponderían a los costos planteados en el contrato.
Esto es, un presunto sobrecosto del 20% por mercado repartido, exonerando los impuestos, dado que se estarían cobrando $10.050 pesos adicionales. Pero si se calcula por los 400 mercados, el sobrecosto sería de $4.020.000 pesos, que representarían 114 mercados para asistir a más familias.
Conviene subrayar, que esto viene solo en la revisión que se hizo comparando 3 supermercados (La Playita F.R.; Mercados Carupa; y Autoservicio La Esperanza) en el mes de marzo, como se observa, a continuación:
Esto no es todo. De acuerdo con el estudio de mercado realizado por los concejales, también se tuvieron en cuenta los precios establecidos en la la tabla de precios del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), y se volvió a constatar el presunto sobrecosto haciendo la compra en los mismo almacenes en el mes de abril, para tener en cuenta la variación de precios en el mercado. El resultado fue todavía más grave. Se encontró un presunto sobrecosto de 13.426 pesos colombianos por mercado, valor calculado exonerando los impuestos de la entidad territorial que son del 9,2%.
Ante la difícil situación que viven cientos de municipios del país por el Covid-19, la emergencia sanitaria y la ausencia de recursos suficientes para atender la pandemia, se suma la corrupción en diversos mandatarios del país. En el caso de Carmen de Carupa, la ciudadanía hace un llamado urgente a las autoridades para determinar la responsabilidad del alcalde Murcia, sobre todo cuando existen antecedentes asociados a presuntos hechos de corrupción electoral que fueron puestos ante la opinión pública por Ávila y por Pares.