Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares.
Pares alerta a las autoridades pertinentes por la inminente amenaza de muerte de la cual es sujeto el líder Juvenil Isaac García Pabón. El líder social, fue increpado por hombres encapuchados que le intimidaron a él y a su familia. García ha tenido que salir de su residencia por su seguridad.
La posible salida forzada del líder de Cúcuta
Recientemente, García le contó a Pares que durante la mañana estuvo en un Comité de Emergencia debido a su situación de riesgo. Según el líder, el Comité arrojó que se iba a implementar el uso de un uniformado de la Policía para su protección. Sin embargo, según el líder la movilidad para sus actividades en este caso se ve afectada porque manifiesta que no tiene automóvil y ve con dificultad el hecho de trasladarse en taxis con un policía.
El líder le explicó a Pares: “el comité de emergencia es un espacio para tomar medidas básicas e inmediatas sobre temas de desplazamiento. Es un espacio más para desplazados que para amenazados.” Sin embargo, precisa García, el espacio sirvió de plataforma para adelantar su situación.
“En lo que se pudo adelantar fue que la Policía ponga a mi disposición un uniformado que acompañe mis rutas, pero hasta ahí. Mire, por ejemplo, yo no tengo un vehículo para movilizarme, si me muevo en un taxi es muy poca la capacidad de acción que puede tener un solo policía. Sin embargo, fue la única decisión a la que se llegó”, señaló García.
A su vez, el líder le indicó a Pares que en la reunión “se coincidió que la Alcaldía de Cúcuta, el gobernador del departamento de Norte de Santander y otras instituciones le van a solicitar al director de la UNP; que es la única persona que en estos momentos tiene la potestad de asignarme un esquema real de protección. Esto mientras es calificado el riesgo al que estoy expuesto.”
García refiere que este proceso puede tardar una, dos y hasta tres semanas —aunque se esté haciendo la presión para que se agilice este procedimiento de la UNP— García cuenta que “se está evaluando la posibilidad de que mientras se toman decisiones yo tenga que salir de la ciudad, es lo más probable mientras sucede algo.”
Trámites de la denuncia
En este momento García, de 25 años, ha tramitado su denuncia ante la Fiscalía y a la Unidad Nacional de Protección, ante la Personería, ante la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN) de la Policía y la Defensoría del Pueblo.
Isaac García es presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Scalabrini y es representante de los Jóvenes ante la Mesa de víctimas. Este 24 de junio, García escribió en su cuenta de twitter: “A las personas que me amenazaron, me sacaron de mi casa, me amedrantaron a mi y a mi familia les digo con toda la convicción del mundo que no tengo miedo y no me van a intimidar”.
Los hechos victimizantes
Hay dos hechos amenazantes e intimidantes en contra de del líder social. Una de ellas se llevó a cabo el pasado 13 de junio, cuando hombres que se movilizaban en motocicleta se acercaron a García para amenazarlo, además le dijeron que dejara de denunciar su situación.
Ahora bien, este miércoles 24 de junio, el hecho victimizante fue protagonizado por dos hombres que se movilizaban en un Renault —color vinotinto— quienes parquearon el automóvil frente a la residencia del líder social e incluso intentaron abrir la puerta de su casa, tras su frustrada acción se fueron.
La Corporación de la Red Departamental de Defensores de DDHH del departamento del Norte de Santander, también se sumó a la exigencia a la Fiscalía General de la Nación para que adelante en tareas de investigación bajo la idea de que ser líder social no deba convertirse en una sentencia de muerte.
Otra de las voces que se sumó fue el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) quienes exigieron a las autoridades competentes “acompañamiento a este joven líder de la frontera oriental colombiana, que por su trabajo comunitario ha Sido continuamente amenazado.”
Asimismo, la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz, quienes se sumaron bajo la consigna de que “Trabajar por el bien de una comunidad no puede convertirse en un riesgo para los líderes y lideresas sociales y sus familias”.