Por: Ximena Sierra y Sebastián Mora. Investigadores Pares.
Fotografía: Corporación Río Abajo Cultura y Comunicaciones
Desde principios de 2017 empezó la reconfiguración de las Estructuras Armadas Ilegales (EAI) en la subregión del Bajo Cauca antioqueño por varias razones:
(i) Los espacios vacíos dejados por la guerrilla de las FARC que posibilitó el acceso y control de las cadenas productivas de las economías ilegales. (ii) La desconexión entre la comandancia de las AGC en el Urabá con las franquicias que tenía negociadas con los herederos de los extintos Bloques Central Bolívar y Mineros de las AUC, representados principalmente por el Bloque Virgilio Peral Arenas (BVPA) o como se conocen ahora ´Caparrapos´ (iii) Por último, por la entrada de un nuevo oferente en el mercado del narcotráfico en la subregión, el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que rompió con la hegemonía de las AGC apoyadas por el Cartel de Sinaloa.
En este contexto, el fortalecido y unificado BVPA Caparrapos, se separa de los acuerdos que sostenía con las AGC, implementa su control independiente de las economías ilegales, expulsa de su territorio histórico a los cuadros de las AGC hacia el sur de Córdoba y empieza la declaratoria de una guerra que no ha terminado y se lleva por delante a la sociedad civil.
Según información de la Fuerza Pública, la EAI Caparros tiene alrededor de 100 hombres en armas y 120 hombres del componente criminal focalizado, que son los encargados de brindar información, hacer logística, el cobro de extorsiones, sicariato, y del financiamiento.
Los principales lugares de arraigo de esta EAI son los corregimientos de Piamonte, Guarumo, Jardín y Puerto Bélgica en el municipio de Cáceres, muy cerca al casco urbano de Caucasia y los corregimientos del Guáimaro y La Caucana en el municipio de Tarazá.
Si bien hacen presencia en el casco urbano de Caucasia, El Bagre y Puerto Valdivia, esta presencia es incipiente en comparación a la que tiene la EAI Clan del Golfo. Se conoce que esta EAI tiene alianzas con el Grupo Armado PosFARC (GAPF) Frente 18, para dividirse las rentas de las economías ilícitas derivadas del Narcotráfico y la minería ilegal en la parte sur de Tarazá y para contrarrestar la expansión del Clan del Golfo hacia los municipios de Ituango y Peque en el Norte de Antioquia.
Esta guerra ha conllevado a la materialización y perpetuación de gravísimos hechos victimizantes hacia la población civil como asesinatos selectivos a líderes sociales y el desplazamiento masivo de comunidades. Frente al primero se puede reseñar el escabroso asesinato del líder social Edier Lopera en el municipio de Tarazá.
De acuerdo con fuentes en territorio, el 15 de junio los Caparrapos lo increparon y asesinaron por haber “permitido” que su contraparte en el conflicto, el Clan del Golfo utilizará su finca como lugar de descanso y solo hasta ayer, 24 de junio, en horas de la tarde su cuerpo pudo ser levantado de la escena del crimen, debido a amenazas del mismo grupo. Este hecho se configura como una clara retaliación y un mensaje a las comunidades que sirvan de “colaboradores” para el Clan del Golfo.
Foto de Edier Lopera. Fuente: Cortesía.
El asesinato de este líder se suma a un registro de 4 líderes sociales asesinados en la subregión en lo que va del 2020, 3 en el municipio de Tarazá y 1 en el municipio de Cáceres.
William Ramiro Montoya, asesinado el 5 de marzo en el corregimiento de Puerto Antioquia, Tarazá
Taylor Cruz Gil Mora, asesinado el 12 de mayo en el corregimiento de Puerto Bélgica, Cáceres
Julio Cesar Hernández Salcedo, asesinado el 13 de mayo en la vereda San Antonio, del corregimiento La Caucana, Tarazá
Alrededor del desplazamiento masivo, el último que se registró en esta subregión de Antioquia fue el ocurrido entre el 3 y el 6 de junio, donde 18 familias y 77 personas salieron desde la vereda La Esperanza, corregimiento de La Caucana, municipio de Tarazá hacia la cabecera municipal por amenazas de una de estas EAI que están en la zona, según información de la Policía Nacional al parecer los presuntos perpetradores de este desplazamiento son el Clan del Golfo, y esta violación de DDHH se debe a la disputa que sostienen en este corregimiento por el control de las economías ilícitas.
En lo que va del año se han registrado 4 desplazamientos masivos en los municipios de Tarazá y Cáceres.
Desplazamiento de 10 profesores del corregimiento El Guáimaro el día 18 de enero.
Desplazamiento de 34 familias de un total de 84 personas de la vereda Arana el municipio de Cáceres el día 20 de enero.
Desplazamiento de 60 personas de la vereda Pipiola del corregimiento El Doce, municipio de Tarazá el 21 de enero.
Si bien la tasa de homicidios ha disminuido en esta zona del país en comparación al año 2019, hasta mayo de 2020. La Policía Nacional registró 114 homicidios en los seis municipios que componen la región de Bajo Cauca contra 152 del año anterior, esto no significa que las repercusiones violentas de las acciones de los dos grupos armados contra las comunidades hayan disminuido. Delitos con históricos niveles de subregistro como la extorsión, el desplazamiento, el reclutamiento forzado a menores, el asesinato selectivo de líderes sociales y la desaparición forzada siguen siendo pan de cada día.
De hecho, mes y medio atrás, el 6 de mayo la Asociación de campesinos del Bajo cauca dio a conocer a través de un comunicado la desaparición forzada de Jhon Fredy Restrepo Monsalve, hombres armados lo desaparecieron en el casco urbano de Tarazá el 29 de abril y a la fecha no se tiene conocimiento o información del paradero de este líder comunal, como Jhon Fredy existen otros casos en el país que no son visibilizados por las comunidades por temor a las acciones que los grupos armados puedan tener en contra de los familiares o las personas que denuncian estos hechos.
Foto de Jhon Fredy Restrepo Monsalve. Fuente: ASOCBAC
Todo lo anterior evidencia la crudeza con que se ejecuta la violencia homicida y como se ha convertido en un patrón que utilizan los grupos para marcar territorio, como sucedió con las decapitaciones registrados desde finales de 2019 y comienzos del 2020.
El Bajo Cauca es históricamente zona estratégica para las economías ilegales (cultivos de coca y minería ilegal) y la solución que se ha implementado desde el gobierno Duque es el aumento de la presencia militar, en este caso de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles que con 3.000 hombres del Ejército se concentra en enfrentar a los combatientes de los grupos armados, pero el gobierno se olvida del motor que alimenta esta guerra y que puede ser tratado sí, al menos, se cumple con la aplicación de los dos programas hermanos, productos del Acuerdo de Paz, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Mientras el Gobierno Nacional no cumpla lo establecido en el Acuerdo de Paz en materia de inversión en infraestructura para el desarrollo de esta región del país, los grupos armados continuarán aprovechando la ausencia del Estado para perpetuar sus acciones criminales.