Por: Germán Valencia. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia.
Fredy Chaverra. Politólogo y asesor en temas de paz.
Desde finales de 2016, la vereda Santa Lucía en Ituango se convirtió en el principal laboratorio de paz del norte de Antioquia. Este lugar fue elegido por 239 exguerrilleros de las Farc-ep y el Gobierno Nacional para iniciar el proceso de dejación de armas y reincorporación a la vida económica, política y social. Es por ello que los ojos de la comunidad internacional, y la institucionalidad encargada de implementar el Acuerdo Final, se concentraron en Ituango.
Durante los cuatro años que lleva la implementación del Acuerdo, la vereda Santa Lucía sirvió, primero, como Zona Veredal Transitoria de Normalización donde se logró concentrar las tropas y permitir la dejación de armas. Y luego, como Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), donde los firmantes y sus familias vienen trabajando para rehacer su vida y construir un futuro añorado.
Sin embargo, la idea de convertir a la vereda Santa Lucía en lugar para la vida y un auténtico laboratorio de paz no se pudo concretar. Los factores detonantes de esta situación han sido, entre otros, los asesinatos de los miembros de la exguerrilla. El primero ocurrió el 12 de julio de 2017, con la muerte del indultado Juan Fernando Amaya, y el último, el pasado 28 de enero cuando fue ultimado, cerca al espacio de reincorporación, el exguerrillero César Herrera Gómez. En total son ya 12 los firmantes de la paz asesinados, convirtiendo a Santa Lucía en el lugar con el mayor número de muertes en el país entre los 24 ETCR y Nuevos Puntos de Reincorporación.
Las autoridades le atribuyen estos asesinatos a los grupos armados organizados que hacen presencia en el territorio, entre ellos, las Autodefensas Gaitanistas, los Caparros y las denominadas disidencias. Ituango ha sido y sigue siendo un “corredor estratégico” para la criminalidad.
El pasado 14 de mayo cerca de 90 personas salieron de la vereda rumbo a la cabecera municipal de Ituango en medio del enfrentamiento de grupos ilegales. Fotografía: ETCR Santa Lucía, Ituango.
Lo que resulta paradójico, pues durante mucho tiempo este territorio fue controlado hegemónicamente por las Farc-ep, desde allí operaban los frentes 18 y 36. Lo que se buscaba era que con la firma del Acuerdo y la dejación de armas, el Estado pasara a ser el nuevo hegemón, sin embargo, con la salida de los exguerrilleros llegaron múltiples actores armados con la idea controlar un corredor ya “instalado”. Convirtiendo a los firmantes del acuerdo en carne de cañón y objetivo militar.
Otro hecho lamentable se relaciona con la situación de crisis humanitaria en inmediaciones del ETCR. Al ser una zona de control estratégico por parte de los actores armados, al punto que han exigido el retiro de la Fuerza Pública, puso en riesgo a los residentes. El pasado 14 de mayo cerca de 90 personas salieron de la vereda rumbo a la cabecera municipal de Ituango en medio del enfrentamiento de grupos ilegales.
También se suman las decenas de firmantes de la paz que han llegado a Medellín en los últimos años con el único objetivo de proteger sus vidas. La comunidad ha clamado por el cuidado y la protección del Estado, pero esto no ha llegado, lo que ha evidenciado su incapacidad para copar el espacio dejado por las Farc-ep.
El resultado de esta desafortunada crónica será el desplazamiento colectivo forzado que se dará entre el 15 y 16 de este mes. La expectativa de cientos de exguerrilleros de construir un proyecto de vida en el territorio donde lucharon por décadas se ha visto frustrada. Los exguerrilleros y sus familias no tienen más alternativa que desplazarse. Ahora, el destino es La Fortuna en el municipio de Mutatá, vereda con gran riqueza hídrica, ubicada en el corazón del Urabá y donde se encuentra el asentamiento de exguerrilleros de San José de León.
Allí los desplazados de Ituango se encontrarán con otros hermanos desplazados; se trata de los excombatientes que salieron de la vereda Gallo en Tierralta a mediados de 2017 y que con su propio esfuerzo han construido el poblado de San José de León. A tres años de su llegada, cuentan con una vía de acceso, un centro comunitario, cerca de 65 casas e iniciativas productivas.
Caserío de San José de León: La tierra es propiedad de los exguerrilleros y hay cerca de 65 casas construidas. Fotografía: Cortesía.
Esta situación realmente es muy desafortunada. Primero, porque los firmantes de la paz le siguen perdiendo la confianza al proceso, consideran que el Estado y la sociedad les ha incumplido.
Segundo, el retiro a otro territorio significa dejar a la comunidad de ituango a la suerte del destino. Las comunidades ituangueñas veían al laboratorio de paz como una oportunidad para el desarrollo, sobre todo por ser una población víctima e históricamente olvidada. Pensaban que la Reforma Rural Integral los beneficiaría, al igual que el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.
En este sentido, el desplazamiento representa una pérdida para todos. Se les incumplió a los firmantes y también a las comunidades víctimas del conflicto armado. En síntesis, en tiempos de posconflicto, asistimos a otro desplazamiento colectivo forzado en Colombia. Un hecho lamentable, pues está perdiendo todo el país. Pierden los cientos de exguerrilleros y sus familias que son víctimas de un conflicto armado que se ha recrudecido en el norte antioqueño.
Pierden las comunidades con las cuales tejieron dinámicas de reconciliación, sus proyectos productivos y sus hogares. Y, finalmente, pierde todo el país, al tener que reconocer que el proceso de reincorporación colectivo y comunitario no fue una realidad, que ese “laboratorio de la paz” se va derrumbando a pedazos. La esperanza es que éste reiniciar en el Urabá vuelva a sembrar la semilla de la paz, que la sociedad civil abrace esa nueva oportunidad y que San José de León se siga afianzando como una de las principales experiencias de paz en el país.