Por: Laura Cano, Periodista Pares.
En las últimas semanas se ha comenzado a destapar uno de los capítulos más dolorosos de las acciones que se han cometido en el marco de violencia que no cesa en el país. Los abusos sexuales como una de las prácticas más degradantes contra las mujeres, han sido utilizados para imponer miedo, para ganar autoridad en los territorios, tomando hoy forma de relatos de víctimas que insisten en que se conozca lo ocurrido y haya justicia.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, con corte a mayo del 2019 y desde el 1 de mayo de 1985, hay, al menos, 26.534 víctimas de actos contra la libertad y la integridad sexual, incluyéndose allí hechos como: abuso sexual, explotación sexual, esclavitud sexual, trata de personas, mutilación sexual, acoso sexual, embarazos y abortos obligados. A esto se debe añadir, que, aunque la cifra es crítica, el subregistro podría poner sobre la mesa que este tema es todavía mucho más grave. Basta solo con remitirse a algunos de los casos que se han conocido en los últimos días en relación con la Fuerza Pública y los que seguramente seguirán saliendo a la luz.
El pasado 21 de junio se supo el caso del abuso sexual y secuestro cometido contra una menor de 12 años perteneciente a la comunidad Gito Dokabu– Embera Katio por parte de 7 miembros del Ejército pertenecientes al Batallón Alta Montaña de Génova (Quindío). Días después se hizo pública una investigación que informó sobre un caso similar cometido contra cinco (5) niñas perteneciente a la comunidad indígena Nukak Makú en Guaviare.
Luego también otras dos víctimas hicieron sus relatos; la primera es Manary Figueroa que contó en Caracol Radio cómo hace 25 años miembros del Ejército abusaron de ella y su madre, quien estaba en estado de embarazo, cuando se movilizaban desde el corregimiento de San Rafael hacia Arauquita.
Además, afirmó que los dos militares relacionados con el caso “fueron juzgados a dos años prisión. El abogado dijo que eso era lo único que había podido hacer”. Adicionalmente, también se conoció la historia de una madre que denunció a un cabo segundo perteneciente a la Escuela de Artillería en Bogotá por abuso contra su hija que para el año en el que se dieron los hechos (2018) tenía 4 años.
A esto se sumó que en una rueda de prensa el general Eduardo Zapateiro confirmó que desde 2016 se encontró que presuntamente 118 integrantes de la institución están relacionados con casos de abuso sexual contra menores. De estos solo 45 fueron retirados del servicio activo, mientras que 73 todavía están siendo investigados disciplinariamente.
Asimismo, en este contexto el Ejército informó que dos soldados que prestaban servicio militar en el municipio Carlosama, Nariño, habrían abusado sexualmente de dos menores de edad. Seguidamente, No es Hora de Callar presentó un informe en el que se documentan 23 casos de niñas entre 12 y 13 años del Guaviare que siendo víctimas de militares por abuso y explotación sexual quedaron embarazadas.
“Estos casos no son asuntos de ovejas negras, es un tema de las doctrinas con las que se forma en las escuelas militares, donde no se enseña con base a los principios democráticos y de respeto a los Derechos Humanos, sino que meten doctrinas donde comienzan a ver a la sociedad civil como enemiga, como aliada de los grupos armados ilegales y por eso se cometen tantas violaciones.
Alguna vez yo escuché una consigna en una instalación militar que tenía referencia a la violencia sexual y yo me preguntaba: ¿qué pueden hacer estos señores cuando están en el campo y se encuentran con las campesinas? ¿Hacen con ellas lo que recitaban en ese horroroso cántico que repetían?”, indicó Reinaldo Villalba, abogado defensor de Derechos Humanos e integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR).
¿Qué dice la Fiscalía?
Tras conocerse que el hecho informado el pasado 21 de junio no era un caso aislado, y que estas prácticas constituían cierta sistematicidad por parte de miembros del Ejército, las instituciones también se han pronunciado al respecto.
Así, la Fiscalía haciendo una revisión nacional desde el año 1987, encontró que a la fecha hay 544 uniformados involucrados por casos de delitos sexuales en 506 hechos. De estos y desde el 2003 se han proferido 162 condenas (29% del total) que incluyen penas entre los 15 a los 30 años de cárcel.
Es necesario señalar que entre 1987 y 2007 se abrieron 14 procesos, es decir la cantidad más alta de investigaciones se han realizado desde 2008 a la fecha: 492, resaltando que el año en el que más procesos se iniciaron y más condenas se instauraron fue e el 2016, donde hubo 79 procesos con 83 personas indiciadas y 24 condenas.
“La Fiscalía debería recoger todos los casos que se vienen dando para que haga una investigación seria, integral y no aislada, que concentre los casos y vaya hacia los máximos responsables. La otra cosa es que estamos también con una Comisión de la Verdad y yo creo que ese organismo también se debe encargar de este tipo de crímenes y considero que las víctimas deberían poder acudir a esta instancia a contar lo que pasó, para que esta y las futuras generaciones sepan qué fue lo que ocurrió, porque precisamente es lo que no puede volver a ocurrir. La justicia debe responder y es una verdad que debe conocer la sociedad para que también se impulse a hacer profundas reformas a la Fuerza Pública”, opinó Villalba.
Por otra parte, ante la gravedad que se prevé y también frente a unas claras limitaciones que hay para acceder a la justicia, más aún cuando los implicados son miembros de la Fuerza Pública, la Procuraduría General de la Nación informó que desde este organismo se instará por la creación de un grupo élite conformado por procuradores delegados de Familia, Derechos Humanos y Fuerza Pública, para indagar estos hechos y «tener imputaciones efectivas y rápidas en los casos que comprometen a miembros de la fuerza pública y hacer justicia, que es lo que falta precisamente en este tipo de delitos», afirmó Fernando Carrillo.
¿Estamos en la vía de la impunidad o la justicia?
Una de las alertas y riesgos que atraviesa, y, además, alimenta la revictimización en hechos de violencia sexual es precisamente el acceso a la justicia, esto acentuado si la víctima está en zonas donde acudir a la institucionalidad se complejiza, o si al hacerlo ante el desconocimiento o la inexistencia de protocolos con enfoques diferenciales y de género quien termina cuestionada es precisamente quien sufrió la agresión.
“Cuando es la Fuerza Pública la que, en vez de proteger los derechos, los viola, no hay ante quién quejarse o si lo hay existe un temor enorme de las víctimas para acudir a las autoridades. Cuando ante todo esto lo hacen viene otro tema y es la impunidad. A mí me parece que para evitar esos crímenes ante todo hay que modificar el pensum que se enseña en las escuelas militares. Hay que abolir todas esas doctrinas que estimulan el ataque a los miembros de la población civil, especialmente las mujeres”, dijo Reinaldo Villalba.
Ante esto hay que decir que justamente las trabas penales son las que han resaltado en los últimos hechos; delitos mal tipificados, acusados que todavía están como miembros activos del Ejército, condenas de no pasaron de dos años, y así, una cortina de impunidad que pareciera estar dando el mensaje de que la Fuerza Pública tiene el espaldarazo institucional para que hechos que han afectado la dignidad e integridad de mujeres y comunidades queden en la impunidad.
“Esa acción criminal del Ejército se junta con una acción omisiva o muy permisiva por parte de las autoridades que están obligadas a investigar estos crímenes. Primero, visto en un alto índice de impunidad. En segundo lugar, porque cuando los hechos generan una presión social terminan haciendo la imputación de cargos, pero de una forma equivocada, como pasó con el caso de la menor Embera. Donde incluso habría que categorizarlo también como desaparición forzada, porque las decisiones judiciales en estos casos se tienen que acercar lo máximo posible a la verdad histórica”, agregó Villalba.