Por: Laura Cano, Periodista Pares.
¿Qué está pasando con la implementación del Acuerdo de Paz? Es válido cuestionarse lo anterior en medio de un conflicto que se mantiene, que ha cobrado vidas de lideresas y líderes sociales y de excombatientes. Que ha puesto sobre la mesa la necesidad de parar algunos procesos sociales por amenazas que vienen consolidándose en los territorios.
Vale la pena señalar que a través del informe de la Fundación Paz y Reconciliación ‘Más sombras que luces’, se conoció el incremento de homicidios en los 281 municipios priorizados para el posconflicto, los cuales pasaron de 2.530 en 2016, a 2.821 en 2017 y a 3.612 en 2018. Asimismo, señala el documento que “previo a la firma del Acuerdo Final se advirtió que el riesgo de que Colombia viviera un posconflicto violento era particularmente alto”.
Hoy esa alerta se ve reflejada en los contextos, especialmente, de las regiones, donde la erradicación forzada, la persecución, el copamiento de grupos armados ilegales, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, los abusos sexuales, las ejecuciones extrajudiciales, y todas las acciones propias del conflicto armado no cesan.
A esto se suma que, aunque en medio de este contexto está un Acuerdo de Paz firmado en el 2016 con las Farc-ep, este parece tener muy poca voluntad política para una implementación efectiva, que respete y tenga dentro de las agendas políticas del país lo pactado. Justo en este panorama sale una de la afirmación del arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, que más allá de crear un debate, invita a ver lo que está pasando en el país.
«Hay venganza genocida con el proceso del ELN y Farc»
Durante la V asamblea virtual de la Comisión Étnica para la Paz y Defensa de los Derechos Territoriales, el arzobispo de Cali, monseñor Darío Monsalve, señaló que por parte del Gobierno se estaría llevando a cabo una “venganza genocida contra los procesos de paz con las Farc y el ELN”, además agregó: “Todos estos procesos que el pueblo colombiano en algún momento vislumbró como su paz y la salida negociada al conflicto armado, pero que ahora caen en este tramo de nuestra historia tan difícil, tan violento y en una encrucijada internacional”, añadió monseñor Monsalve.
A este llamado, se suma la falta de interlocución con los territorios, y que “cada vez es más lejana la interlocución con el Comando Central del ELN, es más difícil identificar los interlocutores, desde Antonio García hasta Pablo Beltrán, pasando por todos los distintos actores y jefes militares del ELN. (…) Lo más grave es la venganza contra los mismos excombatientes o exguerrilleros de las Farc que se acogieron al proceso. Una venganza genocida para desvertebrar, desmembrar completamente la sociedad, las organizaciones sociales y la democracia en los campos y en los territorios en donde, según se enfoca, tenía o tiene influencia las organizaciones subversivas».
Ante esto la respuesta de la Nunciatura Apostólica en Colombia no tardó en llegar. En sus líneas planteaba un claro desacuerdo con lo dicho por Monsalve, aseverando que “dicha calificación de la gestión gubernamental no corresponde a la visión que la Santa Sede tiene de la compleja situación que versan la aplicación del Acuerdo de Paz, como el estado de las conversaciones que a diversos niveles se mantienen con el ELN”.
El panorama que rodea las afirmaciones
El pasado 29 de junio desde el partido Farc y ante el asesinato sistemático de sus excombatientes, que para la fecha sumaba 214 personas, se hizo un llamado para que “el sueño de una paz estable y duradera no siga cobrando la vida de quienes le apostaron a ella, es hora de parar la muerte y avanzar en la implementación para que la reconciliación y no repetición sea una realidad”.
En este punto es necesario aclarar que según el sistema de información Sipares, Cauca, Nariño y Antioquia son las zonas donde más hechos se presentan. Así mismo se evidencia, como uno de los aspectos más preocupantes, que en el 76.8% de los casos no se tiene información del perpetrador o perpetradores, lo que pone sobre la mesa el poco seguimiento que se le están dando a estos casos para frenarlos y garantizar justicia en los hechos ocurridos.
Como radiografía de lo anterior, desde el 29 de junio a la fecha la cifra ascendió a 216 excombatientes asesinados, siendo el caso más reciente el de James Andrés Montaño en Puerto Limón, Putumayo, de quien su cuerpo fue encontrado después de 05 días desaparecido. “216 asesinatos son el resultado de una doctrina que nos señala como enemigo interno. Unos escupen odio y otros nos matan”.
Este panorama pareciera ser tramposo con lo que incluso estaba implícito dentro del documento firmado el 24 de noviembre de 2016, en el que se instaba a “brindar garantías de seguridad para el nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, y para sus integrantes –hombres y mujeres- en proceso de reincorporación a la vida civil”.
A esto y en evaluación con lo dicho por monseñor Darío Monsalve habría que sumar la falta de voluntad para retomar los diálogos con el ELN, los cuales quedaron suspendidos desde el atentado ocurrido en enero de 2019 en la Escuela de Cadetes General Santander, hecho por el cual se dio la captura de ocho presuntos responsables el pasado 02 de julio.
En el mes de abril el ELN declaró un cese al fuego unilateral, abriendo la posibilidad de que este fuera bilateral, sin embargo, la propuesta fue desatendida por parte del Gobierno. Ahora, y en medio de un panorama que hace urgente una salida negociada, el ELN volvió a presentar una propuesta de cese al fuego bilateral durante 90 días, agregando que “de pactarse este Cese Bilateral, se crearía un clima de distensión humanitaria favorable para reiniciar los Diálogos de Paz entre el Gobierno colombiano y el ELN”.