Por: Laura Cano, Periodista Pares.
11 de junio de 1996: 30 integrantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), llegaron al corregimiento La Granja, en el municipio de Ituango, Antioquia, donde recorrieron el casco urbano del caserío intimidando a los habitantes de la zona, torturando y asesinando públicamente a sus pobladores. (05 personas asesinadas).
22 de octubre de 1997: 150 miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), llegaron al corregimiento El Aro, en Ituango, permaneciendo siete días en la zona en donde torturaron públicamente a las víctimas, quemaron 42 de las 60 casas del caserío, y robaron 1.200 reses. Además, en el hecho 17 personas fueron asesinadas.
Estos dos casos produjeron el desplazamiento forzado de, por lo menos, 702 personas. Asimismo, otro de sus puntos comunes fue que la Fuerza Pública dejó desprotegida a la población.
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Lo anterior también tiene como punto de encuentro que mientras estas tragedias ocurrían en el municipio antioqueño, era Álvaro Uribe Vélez quien para esos momentos gobernaba el departamento. Por esto, recientemente, el exfiscal, Eduardo Montealegre, como ya lo había hecho en el 2019, señaló la responsabilidad que tendría el ahora senador con estos crímenes.
Según afirmó Montealegre en SEMANA en Vivo, la denuncia hecha junto a Jorge Perdomo (ex vicefiscal), ya está realizada, pero dadas las condiciones por la medida de aislamiento preventivo obligatorio la colocación de ésta ante la Corte Suprema de Justicia deberá esperar un tiempo mientras se dan las condiciones de seguridad y los reglamentos. “Estoy esperando que reabran la Corte Suprema de Justicia y entregarla personalmente”, agregó.
El argumento en el que está sentada la denuncia, en palabras de Montealegre, es que “Álvaro Uribe tenía el deber de proteger a toda la población como supremo director del orden público del departamento y también de la Fuerza Pública. Uribe tenía un deber especial, una posición de garante. Teniendo esa posición, y aunque Jesús María Valle ya le había advertido sobre las masacres, Uribe no hizo absolutamente nada”.
En este punto vale la pena señalar que, en mayo de 2018, y en el marco de la indagación previa 45110 que venía desde 2014 contra Uribe por nexos con el paramilitarismo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró crímenes de lesa humanidad las masacres de El Aro y La Granja, además del asesinato de Jesús María Valle. Señalando que estos son comprendidos de esta forma cuando se cometen graves violaciones al derecho internacional de los derechos humanos. Adicional, cuando estos obedecen a hechos no aislados, sistemáticos e inhumanos contra la población civil.
Asimismo, años antes, en el 2006, la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) por la responsabilidad del Estado en las masacres condenó a éste a pagar una indemnización cercana a $3.400 millones a los 123 familiares de las víctimas.
“Está absolutamente clara y probada la responsabilidad del Estado por omisión. Es decir, el Estado a pesar de que había sido advertido y que tenía la oportunidad de evitar esas masacres no lo hizo. Así, la estructura de la responsabilidad es clara hacia Álvaro Uribe Vélez. (…) Además, Uribe con un gran desprecio por la vida humana y como gobernador no le importó nada que se cometieran esos actos”.
Respuestas comunes
Ante lo dicho por el exfiscal rápidamente se conocieron los pronunciamientos de Álvaro Uribe Vélez, que, entre otras cosas, escribió en Twitter: “Montealegre mentiroso, el área de Ituango, la Granja y el Aro, afectada por muchas masacres, durante la Gobernación que desempeñé estuvo a cargo de generales Mora Rangel, Manosalva (qepd) y Carlos Ospina, hice esfuerzos superiores a las posibilidades de un Gobernador”.
Montealegre sesgado, me acusa de que pude evitar masacres paramilitares y no me acusa de haber podido evitar las guerrileras que ocurrieron. Un fiscal sesgado es prevaricador y el prevaricato es delito y corrupción — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 9, 2020
Adicionalmente, hizo referencia a los consejos de seguridad que se realizaron con diversos sectores cuando ejercía como gobernador, además, afirmó que en 1996 junto a Jesús María Valle y un sacerdote de Ituango se hizo un acuerdo para promover que la comunidad fuera neutral frente a los paramilitares y los grupos guerrilleros para que no incluyeran ninguna de sus filas.
Respecto a las masacres también escribió: “Montealegre temerario, la falsa acusación denunciaba que la masacre del Aro se cometió en helicópteros de la Gobernación, infamia totalmente desmentida por una bitácora rigurosa y unos pilotos transparentes, uno ya fallecido”.
También buscó otras salidas a lo dicho por el exfiscal, trayendo a colación temas como: la financiación de Odebretch, el apoyo que Montealegre le dio en el 2006 para su reelección y el Acuerdo de Paz. Igualmente, en entrevista en Semana puntualizó que “para tapar las acusaciones contra Juan Manuel Santos, se inventó lo del hacker, tan grave ese invento, tan plenamente probado que Luis Alfonso Hoyos, el principal implicado, está absuelto en segunda instancia”.
Todo esto pone sobre la mesa, de nuevo, las responsabilidades de Álvaro Uribe Vélez en los hechos victimizantes durante el conflicto armado, tiempo en el que estuvo en el poder como gobernador, presidente y senador, y en los cuales todavía falta camino por recorrer para poder hablar de justicia.
“A Uribe le llegó la hora de responder ante la justicia, yo creo que Uribe ha eludido durante su larga carrera política todos los crímenes que ha cometido. Ha salido impune. Pero ya debe responder, porque Uribe es un criminal de guerra”, concluyó Montealegre.