Por: Carlos Castelblanco Pinedo y Laura Cano – Redacción Pares.
«La Fuerza Pública, se supone, que son garantes de los derechos y libertades de los colombianos. Cuando un agente estatal comete un delito no solo compromete su individualidad, sino que comprometen al Estado colombiano. Ha habido espíritu de cuerpo para silenciar los casos de violencia sexual, para ocultar. Incluso, en muchos casos se han ofrecido dinero para tratar de dejar en la impunidad los casos.”
Pares habló con Alirio Uribe Muñoz, a propósito que en las últimas semanas se ha comenzado a destapar uno de los capítulos más dolorosos de las acciones de las FF.MM. que se han cometido en el marco de violencia que no cesa en el país. Los abusos sexuales como una de las prácticas más degradantes contra las mujeres, han sido utilizados para imponer miedo, para ganar autoridad en los territorios, tomando hoy forma de relatos de víctimas que insisten en que se conozca lo ocurrido y haya justicia.
Alirio Uribe ha hecho su carrera en el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – Cajar, una ONG que litiga casos de derechos humanos; en dicha organización comenzó como abogado y fue su director durante tres años hasta el 2013. Lideró procesos como las denuncias por las «chuzadas» del DAS, los asesinatos del humorista Jaime Garzón, del profesor Alfredo Correa de Andreis, de Manuel Cepeda Vargas y de sindicalistas como los de la empresa carbonera Drummond.
«Hay una necesidad para adelantar una reforma de la doctrina militar de cara al post acuerdo. Es un tema estructural. Tiene que ver en cómo la Fuerza Pública se relaciona con la población civil. Es importante depurar las doctrinas de seguridad nacional, de enemigo interno. Esto en razón de mitigar las prácticas por fuera de los Derechos Humanos de las FF. MM. en las regiones.»
Uribe Muñoz señaló además que “Uno de los problemas más graves sobre la violencia sexual en términos de la denuncia es que a la víctima le toca comprobar. Este proceso para las víctimas en general, pero también para niños y niñas es un proceso que genera temor y estigmatización. Ahora, más riesgoso aún si el agente perpetrador es un actor armado tanto legal o ilegal”.