Por: Laura Cano, Periodista Pares.
A la fecha, según el más reciente informe de la ONIC respecto al COVID-19, se registran un total de 38 fallecimientos a causa del virus en los pueblos indígenas y 1.175 indígenas contagiados actualmente. Aunque este panorama ha afectado directamente a 44 comunidades, se está en alerta por un riesgo espacial en 8 pueblos: Los Pastos, Zenú, Nasa, Embera Chamí, Wayuu, Pijao, Muisca y Awá, esto por dos variantes; por un lado, por casos positivos ya identificados en sus territorios, y, por otra parte, por su cercanía con centros poblados con altos números de casos positivos.
Esta última variante es la que mantiene en el foco la comunidad Awá, donde una de las alertas se da por el número de contagios en Nariño, donde se registran 4.275 casos. Lo que ha acentuado la necesidad de implementar con rigor la medida de aislamiento preventivo obligatorio.
No obstante, lo anterior bajo el interés de salvaguardar la vida y no empeorar el sistema de salud y su capacidad de atención, ha puesto otros temas sobre la mesa, por ejemplo, el aumento del riesgo hacia lideres y lideresas por, entre otras cosas, las restricciones de movilidad, que en este caso preciso ha afectado a la comunidad Awá.
Una radiografía de esto es el más reciente asesinato cometido el pasado 09 de julio contra el líder indígena y defensor de derechos humanos, Rodrigo Salazar, de 44 años, quien se desempeñaba como Gobernador Suplente del Resguardo Indígena Awá de Piguambí Palangala.
“Hoy no queremos que la muerte de Rodrigo pase desapercibida como tantos otros homicidios; ya es hora, que desde la Fiscalía General de la Nación cumpla con la obligación de investigar y judicializar a los culpables del asesinato de nuestro hermano Rodrigo Salazar, quien deja desprotegidos a hijos y esposa”, se agregó a través de un comunicado de la Unidad Indígena del pueblo Awá (Unipa).
Comunidad Awá en riesgo
La anterior no ha sido la única denuncia sobre asesinatos selectivos en la zona durante el periodo de aislamiento social que se vive en el país. Uno de los primeros en reportarse fue el de Wilder García, indígena Awá perteneciente al Resguardo de Tortugaña Telembí. Los hechos sucedieron el 26 de marzo en la vivienda de Wilder, en el municipio de Barbacoas, Nariño cuando los atacantes irrumpieron en su hogar y lo asesinaron frente de su familia; su esposa y dos hijos.
El siguiente caso sucedió el pasado 22 de abril en Ricaurte, Nariño, donde fue asesinado Ángel Artemio Nastacuas, indígena Awá del resguardo Pialapí Pueblo Viejo, quien fue asesinado en medio de acciones de erradicación forzada que se adelantaban en la zona, en donde recibió un impacto de bala proveniente de una de las armas de los Policías que se encontraban en la zona, quienes emprendieron una arremetida contra las personas que se encontraban en este lugar.
«Nunca la erradicación forzada va a ser la salida para enfrentar este flagelo, la violencia siempre va a generar más violencia. Hoy tenemos que enfrentar el riesgo de una pandemia como el COVID-19, las amenazas por la presencia y el accionar de los grupos armados ilegales y agresiones desmedidas en contra de los indígenas Awá del resguardo Inda Sabaleta, quienes intentan sobrevivir en un mundo lleno de desigualdades”, informó la Unipa.
A este panorama se suma que el 17 de junio a través de un documento la Unipa denunció que “el COVID – 19 se ha convertido para el pueblo Awá en un periodo caótico”, esto, además de los asesinatos, por el incremento de enfrentamientos de grupos armados que específicamente el 11 de junio provocó que una menor quedara herida, y a su vez la agudización de las amenazas en contra de la comunidad.
“Es sumamente preocupante la situación, por varias razones; el confinamiento, las amenazas frente a la vida, riesgo de una masacre, restricción de la movilidad por minas antipersonal, todos estos hechos que pueden desembocar en un desplazamiento masivo como lo hemos alertado de diferentes maneras”, aseveró la Unipa.
En este contexto es necesario señalar que para la protección de esta comunidad existen las resoluciones Auto 004/2009, Auto 174/2011 y Auto 620/2017 de la Corte Constitucional, las medidas cautelares /CIDH MC61/2011, la resolución defensorial 053/2008 y las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, sin embargo, la Unidad Indígena acusa que en realidad no hay garantías reales que salvaguarden este pueblo, muestra de estos son los hechos registrados durante la cuarentena.
Ante este panorama se insta al presidente Iván Duque a darle celeridad a la implementación del Acuerdo de Paz, partiendo de las afectaciones que este incumplimiento está teniendo en territorios donde el conflicto armado no ha cesado y donde incluso el Estado está agravando esta situación con las erradicaciones forzadas. Además, también se hace un llamado “a los diferentes organismos internacionales y organizaciones defensoras de Derechos Humanos a rodear al pueblo indígena Awá y denunciar los graves hechos que estamos viviendo”.