Por: Redacción Pares
Cada día Colombia despierta con la noticia del asesinato de una persona indígena o afrodescendiente, con una nueva amenaza a defensores de derechos humanos y líderes sociales, y con la violación de niñas y mujeres, denunció una lideresa social al Consejo de Seguridad de la ONU. El Representante del Secretario General presentó su informe trimestral sobre la situación en Colombia y destacó que la pandemia se ha convertido en una oportunidad para la violencia.
Los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales en Colombia están aprovechando la pandemia para expandir su control territorial, aumentando el sufrimiento de las comunidades y las personas, asegura un nuevo informe del Secretario General sobre el país presentado este martes al Consejo de Seguridad.
“Pese al compromiso y las medidas implementadas por el Gobierno y autoridades del Estado, el número de excombatientes asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz sobrepasó los 200, llegando a 210. La violencia contra quienes dejaron las armas en el contexto del Acuerdo, y contra quienes defienden los derechos humanos y los derechos de las comunidades devastadas por el conflicto, sigue siendo la amenaza más grave para la construcción de paz en Colombia”, aseguró el representante de la Misión de la ONU en Colombia.
Carlos Ruiz Massieu aseguró que la inseguridad que enfrentan los excombatientes, las comunidades, los defensores de derechos humanos y los líderes sociales continúa siendo la mayor preocupación de las Naciones Unidas en el país, y que la pandemia no la ha detenido.
Siguen muriendo defensores de derechos humanos
“Desde la invasión española hace más de 500 años que contrajo la esclavización, el despojo y la muerte para nuestros pueblos de América, debemos decir que el genocidio en Colombia aún no para. Todos los días despertamos con la noticia del asesinato de una persona negra o indígena, despertamos con la amenaza para un integrante de la guardia indígena o cimarrona, despertamos con la noticia de que se ha violado a una mujer, niña o adulta, y que la muerte a líderes y lideresas defensoras de derechos humanos persiste”, testificó ante el Clemencia Carabalí, lideresa social de las comunidades Afrocolombianas víctimas del conflicto en el departamento del Cauca.
Carabalí fue objetivo de un ataque perpetrado por grupos armados en mayo de 2019, en el que también se puso en riesgo la vida de otros 25 líderes sociales.
“Son situaciones que se han agudizado con la presencia del COVID-19 en Colombia”, expresó la lideresa, quien recordó que desde que se firmó el Acuerdo de Paz, han sido asesinadas de 686 personas entre firmantes del Acuerdo y defensores de los derechos humanos, 120 de éstas solo en 2020.
Según el informe del Secretario General, el departamento del Cauca sigue teniendo los niveles más altos de violencia contra líderes sociales a pesar del aumento del despliegue de la Fuerza Pública, que casi se ha duplicado desde comienzo del año. Durante la cuarentena se ha informado ya de cinco masacres y varios asesinatos, incluidos los de líderes sociales y sus familiares. Los grupos armados han asesinado niños, niñas, adultos mayores, y hasta mujeres embarazadas.
La situación de seguridad en el departamento del Putumayo en el sur del país también es de preocupación, incluidos riesgos específicos a mujeres líderes, organizaciones de mujeres y participantes en las iniciativas de sustitución de cultivos ilícitos.
En Norte de Santander, la ONU reportó más de 45.000 personas sometidas a confinamiento forzoso en mayo. Asimismo, más de 7500 personas fueron desplazadas por la fuerza en la región del Pacífico, más del 80% eran mujeres y niños y el 50% pertenecían a comunidades étnicas.
Además, el reclutamiento y la utilización de niños y niñas por grupos armados ilegales y organizaciones criminales siguió siendo motivo de grave preocupación y, según la Defensoría del Pueblo, el riesgo ha aumentado durante la cuarentena.
Seguridad de los excombatientes
El informe del Secretario General asegura que las organizaciones criminales y otros grupos armados han aprovechado la cuarentena para fortalecer su control sobre rutas estratégicas de tráfico ilícito, especialmente en los departamentos del Cauca, el Meta, Putumayo, el Chocó, Nariño y Antioquia.
“En estas regiones, la Misión ha verificado asesinatos de excombatientes de las FARC-EP que viven en antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación y en nuevas áreas de reincorporación colectiva, así como amenazas contra ellos”, expresa el documento.
El Secretario General describe como preocupante la situación en los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación de Ituango (Antioquia) y Miranda (Cauca) donde excombatientes los han abandonado a causa del deterioro de las condiciones de seguridad y de las amenazas de grupos armados, dirigidas también contra las comunidades locales.
Los exmiembros de las FARC-EP que viven fuera de estos espacios también siguen siendo particularmente vulnerables a las amenazas, los ataques y el desplazamiento y el reclutamiento forzados, así como a la estigmatización y las represalias. Desde el 26 de marzo la Misión ha verificado 19 asesinatos, para un total de 37 en 2020, incluidas dos mujeres.
Se necesita presencia del Estado y garantías de seguridad
El Secretario General exhortó una vez más al Gobierno y a las instituciones del Estado a que utilicen plenamente los mecanismos de garantías de seguridad previstos en el Acuerdo Final para producir resultados concretos y poner fin a las tragedias para líderes sociales, defensores y excombatientes.
El informe afirma que es necesario que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad avance en el diseño y la implementación de la política pública para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo. Muchos excombatientes y líderes sociales han sido asesinados mientras esperaban respuesta a sus solicitudes de protección.
“Como el Secretario General ha señalado repetidamente, la presencia consolidada e integrada de las instituciones estatales es la solución a largo plazo para la violencia que azota las regiones rurales de Colombia”, expresó ante el Consejo el representante de la Misión.
Un llamado al cese al fuego
Carlos Ruiz Massieu aseguró que espera que la llamada del Consejo de Seguridad a un alto el fuego mundial, pueda inspirar los esfuerzos de todos los interesados para detener la violencia y facilitar la respuesta a la pandemia.
“No hay justificación para continuar infligiendo violencia a los colombianos vulnerables que ya están bajo tremendas dificultades. Ya hemos visto cómo incluso las cesiones temporales de violencia pueden brindar alivio a las comunidades que sufren en el terreno”, dijo.
Para el jefe de la Misión, todos los esfuerzos en este momento deberían centrarse en abordar los efectos de la pandemia, proteger a los más vulnerables y garantizar que los esfuerzos de consolidación de la paz continúen avanzando en medio de esta difícil tormenta.
“Animo a los colombianos a permanecer unidos mientras navegan por esta crisis y mantener sus miras y acciones establecidas en sus objetivos comunes de seguridad, desarrollo y paz genuina y duradera”.