Por: Laura Cano, Periodista Pares.
Desde el pasado 25 de marzo se decretó aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional. Este ha puesto sobre la mesa la necesidad de haber pensado de forma diferencial la manera en que iba a ser implementado, analizando las poblaciones y territorios que quedarían en mayor vulnerabilidad con esta medida.
Hoy, casi cuatro meses después, las consecuencias saltan a la vista; trapos rojos que siguen izados en algunos hogares como señal de hambre, una tasa de desempleo que llegó a uno de sus picos más altos con el 21.4%, un último mes – junio – con un total de 54 feminicidios, 21 personas en proceso de reincorporación asesinadas en la cuarentena y, por lo menos, 27 lideresas y líderes sociales que también les arrebataron la vida en este periodo.
Lo anterior en un marco de violencia que no abandona el país, el mismo que pareciera sí estar abandonado por sus gobernantes, y que en esa falta de presencia estatal ha permitido que los actores armados sean quienes estén disputándose el control, especialmente, en las zonas que han sido históricamente afectadas por el conflicto armado, donde se ha reclamado atención, y que, aún en medio de una pandemia mundial, esa atención se ve todavía lejana.
Ahí está uno de los reclamos realizados por Human Rights Watch, quienes han hecho un llamado al Gobierno Nacional para “proteger los derechos a la vida y a la integridad física, adoptando medidas de prevención adecuadas frente a amenazas razonablemente previsibles por parte de actores privados, incluyendo grupos de crimen organizado y otros grupos armados”.
Esto luego de que presentaran un informe sobre las medidas que han implementado los actores armados durante la pandemia para regular la movilidad de los civiles en algunas zonas, quienes han usado, principalmente, panfletos y mensajes de WhatsApp para imponer toques de queda, cuarentenas, restricciones a la circulación, y días y horarios de apertura para las tiendas.
Estas medidas, como lo informa la organización, han sido implementadas principalmente por el Ejército de Liberación Nacional (ELN); el Ejército Popular de Liberación (EPL); las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y de disidencias de las FARC, así como por los llamados Los Contadores y La Mafia.
Las medidas de los grupos armados ilegales
La orden ahora es permanecer en casa y bajo eso los actores armados han visto una vía para seguir perpetrando la violencia. Radiografía de esto son los hechos que reporta Human Rights Watch en lo que va de la pandemia, en donde, al menos, en 11 de los 32 departamentos de Colombia las reglas las han puesto los actores armados.
Estas zonas son: Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, puntos donde han amenazado con recurrir a la violencia o han acudido a esta para hacer cumplir las medidas impuestas durante la crisis sanitaria.
Muestra de lo anterior son los nueve asesinatos en tres de los anteriores departamentos nombrados. Los cuales, siguiendo lo informado por HRW, ocho se cometieron contra civiles como represalia al no cumplir con las medidas. Mientras que la otra víctima era un líder comunitario del Putumayo que, al parecer, habría sido asesinado por oponerse a lo establecido por los grupos armados.
Su nombre era Edison León Pérez, tenía 57 años y se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Juan del Bosco y por su homicidio se responsabiliza al grupo La Mafia, quienes presuntamente lo habrían asesinado como venganza hacia Pérez, quien días antes había enviado una denuncia a la alcaldía de San Miguel (Putumayo) sobre la situación de hostigamiento por parte del actor armado en la zona. La misiva expresaba lo siguiente:
“Como es de su conocimiento, aproximadamente a unos trescientos metros del hospital se instaló un puesto de control sanitario con las comunidades, impuesto por el grupo narcotraficante que opera en la región, donde se obliga a las comunidades a colocar personal las 24 horas sin ninguna medida de protección, exponiéndonos a contraer el virus Covid 19 A muchas personas estando enfermas se les niega el paso, los que no tienen problema para cruzar allí son los autorizados por el grupo de narco. (…) Señor alcalde, yo en calidad de presidente de la junta de acción comunal no estoy dispuesto a seguir mandando a mi comunidad a la muerte”.
Otras formas de imponer miedo
Otra de las denuncias que hizo la organización fue los ataques contra vehículos, caso en los que se han registrado tres hechos; dos en Cauca y otro en Guaviare. Asimismo, se trajo a colación lo sucedido el 04 de abril, cuando hombres armados dispararon contra un vehículo de misión médica que movilizaba cuatro personas en la vía Barbacoas – Tumaco, entre ellas Cristina Lorena Quiñónez, de 28 años, quien era trasladada con un fuerte cuadro de anemia al Hospital San Andrés de Tumaco. La mujer resultó muerta en el hecho, junto con el conductor Wilson Quiñónez.
“El ataque fue perpetrado por miembros del grupo armado Los Contadores, que participa en narcotráfico y tiene presencia en la región, según funcionarios judiciales y trabajadores humanitarios y de derechos humanos que analizaron el caso. Según afirmaron, el grupo armado llevó a cabo el ataque para hacer cumplir la orden de que nadie saliera de sus casas después de las 6 p.m”, se aseveró a través de Human Rights Watch.
Otro hecho similar ocurrió el 30 de mayo, cuando otro automóvil el que se trasladaban dos fiscales fue atacado en una carretera cerca de Tumaco, presuntamente por miembros del Frente Oliver Sinisterra de las disidencias de las FARC, quienes habrían cometido el acto como respuesta al incumplimiento a un toque de queda que habían instaurado en la zona desde las 4 p.m.
Vale la pena mencionar que este mismo Frente a finales de marzo distribuyó un panfleto que advertía que todo aquel que no cumpliera sus medidas se convertiría en “objetivo militar”. Caso similar ocurrió en el Cauca, donde la columna móvil Jaime Martínez también repartió panfletos amenazantes. Mencionando también que este mismo grupo el 26 de abril asesinó a Armando Montaño, Weimar Arará y Humberto Solís, e hirieron a otros cuatro civiles bajo el argumento de incumplimiento a la cuarentena.
Adicionalmente, también los grupos armados han acudido a las amenazas directas de forma verbal. Por estos casos se señala a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, y al Frente 1 y al Frente 10 de las disidencias de las Farc. Este último ha cometido estos hechos en el departamento de Arauca, especialmente, contra la comunidad indígena Hitnü y migrantes venezolanos alojados en Puerto Jordán.
Ante esto, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, concluyó que: “En diversas comunidades a lo largo de Colombia, grupos armados han impuesto violentamente sus propias reglas para prevenir la propagación del Covid-19”. (…) Este brutal control social refleja las históricas falencias del Estado para establecer una presencia significativa en zonas remotas del país que permita proteger a las comunidades en riesgo”.