Por: Laura Cano, Periodista Pares.
Luis Alberto Monsalvo, parte del clan Gnecco, hijo de Cielo Gnecco, heredera del poder político de su hermano Jorge Gnecco, cuestionado por sus nexos con paramilitares, aliados en un principio y posteriores responsables de su muerte. También el encargado de volver a poner en el mapa político a este clan, luego que a principios de los 2000, perdieran parte de su poder cuando la justicia condenó a Lucas Gnecco por el delito de constreñimiento electoral, sumado a otras condenas que acumulaba en la Corte Suprema de Justicia por los delitos de celebración indebida de contratos y prevaricato cuando pasó por la Gobernación.
Este retorno fue en el 2011, cuando Luis Alberto Monsalvo, pese a investigaciones por corrupción al sufragante e invasión de tierras, llegó a la Gobernación del Cesar, puesto que ocupo durante 2012 y 2015, para luego ser reelegido en las elecciones pasadas -2019-.
Solo durante este tiempo de su segundo mandato y en época de pandemia, Monsalvo ha sido cuestionado por su manejo de recursos durante la crisis sanitaria, en donde se halló que habría realizado 32 contratos con irregularidades, las cuales se centrarían en sobrecostos y doble contabilidad de algunos de los productos.
Como se denunció en el informe ‘El cuestionado manejo de recursos públicos en medio de la pandemia’ de la Fundación Paz y Reconciliación, se encontraron irregularidades por cerca de $4 ́589.144.000. En el caso de la doble contabilidad los recursos comprometidos serían de $375.251.474, más $28 millones adicionales de un contrato para la compra de panela. Igualmente, Pares informó que de los 32 contratos solo 24 tenían soportes públicos.
Lo anterior son cabos que se atan con la más reciente decisión de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, la cual declaró a Monsalvo Gnecco como responsable del delito de corrupción al sufragante, acción realizada durante la primera campaña a la Gobernación, la cual se llevó a cabo durante el 2011.
La investigación adelantada habría evidenciado que Monsalvo Gnecco durante campaña para la gobernación del Cesar habría firmado pactos con los representantes de los sectores de invasión Tierra Prometida, Guasimales y Emmanuel, en Valledupar, con el compromiso de mantenerles la situación de ilegalidad a cambio de votos.
En este proceso la Fiscalía presentó 13 elementos materiales probatorios, entre los que hay evidencias físicas y los testimonios de tres personas, entre las cuales está Freddy Socarrás, exalcalde del Valledupar.
En este hecho también se relaciona a Augusto Daniel Ramírez Uhía, conocido como «Tuto Uhía», quien fungió como alcalde de Valledupar entre 2016 y 2019, pero también quien en 2011 habría hecho campaña prometiendo la construcción de 2.500 viviendas para quienes se encontraban en los terrenos ilegalmente (800 familias), esto a cambio de votos. Aunque en ese periodo Ramírez Uhía no fue elegido, sí se le condenó por el delito de corrupción al sufragante.
Los compromisos, incluso, habían sido autenticados en notaría, lo que sirvió a la Fiscalía para probar la responsabilidad de Monsalvo Gnecco en los hechos, la cual se venía investigando desde 2015, y que durante este tiempo permitió hallar que, de los tres documentos realizados, dos tenían la firma del ahora gobernador.
“Al ser el aspirante con mayor opción, acudió a ciudadanos desprotegidos, víctimas del conflicto armado, en una condición manifiesta de marginalidad, con la intención dolosa de alcanzar el falso favor de electores merced a la preventa corrupta, manifestada en la promesa analizada. Es incuestionable la responsabilidad penal de Luis Alberto Monsalvo Gnecco como autor del delito de corrupción al sufragante”, puntualiza el fallo de la Corte.
Vale la pena mencionar que, iniciado el primer periodo de Monsalvo en la gobernación, habría llegado un primer fallo de tutela de la Corte Constitucional, en el que se ordenaba el desalojo de las familias con quien Monsalvo había firmado el acuerdo meses antes. Esto dado que se había probado que estas personas se habían instalado en el terreno ilegalmente, sin un acuerdo o autorización con Alberto Pimienta Cotes, dueño del predio.
Tanto la Fiscalía como la Procuraduría General de la Nación solicitaron la separación del cargo del mandatario. No obstante, hay que esperar que se haga lectura del fallo en primera instancia y se conozca la pena que se le imputará con más detalle.
Este evento está programado para el próximo 27 de julio y podría presentar dos escenarios: primero, que se le imponga una pena privativa de la libertad, caso en el que Iván Duque deberá elegir un gobernador provisional mientras se convocan nuevas elecciones en el departamento. Por otra parte, si la condena no es privativa de la libertad, Monsalvo podría seguir en su cargo o renunciar al mismo.