Por: Laura Cano, Periodista Pares.
Las tortugas tienen un caparazón para esconderse en cualquier lado. Si yo también tuviera uno, no habría pasado nada. Si yo fuera fuerte, como el león, habría peleado. Pero no, hermana, el espanto bajó del barranco, me cogió, y yo grité asustada.
Fragmento de Las Tortugas escrito por Diana Jimena Martínez, incluido en el libro VISIBLEMENTE.
En las últimas semanas se ha comenzado a abrir más profundamente unos de los capítulos más dolorosos del conflicto armado: la violencia sexual. Esto luego que se conociera el abuso sexual del que fue víctima una menor perteneciente en la comunidad Embera Katio por parte de siete miembros del Ejército Nacional del Batallón Alta Montaña de Génova (Quindío) y que prestaban labores de apoyo al Batallón de Artillería San Mateo (Risaralda).
El hecho ha permitido que otras mujeres, que por años han guardado silencio, comiencen a hablar. Lo que, más allá de la cifra que se presenta sobre mujeres víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual – 29,189-, pone sobre la mesa que todavía hay un camino largo por caminar y relatos por escuchar para conocer la realidad de la violencia sexual en el marco del conflicto armado.
En ese camino también debe abrirse con urgencia la discusión y diálogo sobre los procesos de reparación, partiendo de un análisis interseccional que permita atender de manera efectiva y diferencial a las víctimas de este crimen, generando a su vez que la denuncia y los procesos de judicialización sean principalmente responsables con las mujeres.
De esta forma una de las experiencias a destacar es la de Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, una organización que trabaja por los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, que han logrado incidir en procesos de 665 mujeres víctimas de VS en nueve departamentos del país: Cauca, Antioquia, Bolívar, Neiva, Cúcuta, Arauca, Meta y Cundinamarca.
Adicionalmente, entre los procesos que ha adelantado la Red está la realización de 19 jornadas colectivas en las que 1.238 víctimas han denunciado casos de violencia sexual, la presentación de un informe a la JEP sobre violencia sexual, la incidencia en el diseño de la ley 1719 de 2014 y la participación en las delegaciones de víctimas que fueron a la Mesa de conversaciones en La Habana, quienes lograron incluir la VS y el enfoque de género en el Acuerdo de Paz.
Además de estas incidencias, donde se incluye también la implementación de la estrategia de prevención de violencia sexual en 29 colegios con 289 jóvenes y 303 mujeres de las nueve regiones, también han realizado procesos de reparación a través de relatos literarios hechos con mujeres que han vivido estos casos y que han sido compilados en el documento VISIBLEMENTE.
Asimismo, lograron producir nueve capsulas radiofónicas tituladas ‘Para nosotras, pero con nosotras’, en el que oralmente se narran relatos de mujeres víctimas de violencia sexual a través de nueve capítulos (uno por cada zona de trabajo). Estos fueron elaborados como parte de la conmemoración del #25N del 2019, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Por todo lo anterior, Pares habló con Ángela María Escobar, representante legal de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, quien además ha participado en las acciones anteriormente nombradas.
Pares: ¿Cómo comenzó y por qué se da el trabajo que ahora hace la Red?
Ángela María Escobar: Nosotras venimos desde el 2015 trabajando en la visibilización de la violencia sexual, para que las mujeres víctimas de estos hechos podamos tener voz propia y liderazgo sobre nuestros casos, buscando conjuntamente el acceso a la justicia, que, por ejemplo, se da por medio de las jornadas de denuncias colectivas, que fue un modelo que creamos con Claudia Rueda entre 2010 y 2011. Ella inició esto al ver tanta mujer que se acercaba a denunciar y a contar cómo era el maltrato en la Fiscalía, que en ese tiempo no lo nombrábamos revictimización, pero eso era.
Ante eso ella empezó a crear ese modelo junto a otras compañeras. En el 2013 empezamos a trabajar con la Fundación Mujer Sigue Mis Pasos, ahí fue cuando una coordinadora de región nos llamó a decirnos que hay muchas mujeres que quieren denunciar, que quieren hablar. Con esto vimos la necesidad de crear un lugar amable y seguro para que la institucionalidad llegue donde están las mujeres y no las mujeres a donde está la institucionalidad.
Pares: Desde su experiencia, ¿cuál es la lectura que hacen del actual momento en el que se han comenzado a conocer las historias de más mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado?
A.M.E: La lectura es que en este país no hay justicia, si no hay para otros casos es muy difícil que la haya para hechos de violencia sexual. Si bien ahora se están empezando a conocer relatos toca esperar a ver qué va a pasar para que no se siga alimentando la impunidad, porque siempre hemos sido las mujeres las que tenemos que demostrar que no somos culpables de lo que nos pasó, que los culpables son quienes utilizaron nuestros cuerpos para sembrar terror en la guerra.
Con esto nos toca seguir exigiéndole a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que es la única esperanza que tenemos para que haya verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que abran ya el caso de violencia sexual, porque nada ganamos con ir de denuncia en denuncia y que no pase nada, que lo único que pase es que sirvamos como estadísticas y cifras.
Pares: Uno de los aportes que se han hecho desde la Red ha sido a la JEP. ¿Cuál ha sido el papel de esta jurisdicción para tratar los casos de abusos sexual ocurridos en el conflicto armado?
A.M.E: Nosotras en el 2018 hicimos una alianza con la Mesa de Participación de Víctimas con la campaña No Es Hora de Callar y entregamos cerca de 2.000 casos documentados, como Red aportamos casi 700. En agosto del año pasado entregamos ya como organización 163 casos más. Esto fue, entre otras cosas, para pedir que abran ya el caso, porque se les han entregado las suficientes herramientas, casi 21 informes de varias organizaciones.
Hay que nombrar, por otro lado, la importancia de la JEP frente a la justicia ordinaria, primero porque en esta última siempre nos veían como – “ya llegaron otra vez a agotar el sistema, a exigir”-. En cambio, en la JEP sentimos que el apoyo es mucho más grande, más efectivo; podemos ir, hablar, preguntar, pero todavía hay exigencias. En una reunión que tuvimos en diciembre con Patricia Linares se quedó en que íbamos a hacer unas mesas de trabajo, sin embargo, hasta ayer llegó un correo diciendo que ya íbamos a iniciar con esas mesas, más de seis meses después.
Pares: El tema del acceso es uno de los que requiere mayor atención. En un panorama más amplio de violencia sexual cometido también fuera del conflicto armado, ¿cuáles han encontrado ustedes que son las falencias más graves de para acceder a la justicia?
A.M.E: Siempre hay duda del funcionario hacia la mujer. Nos preguntan si en realidad nos violaron, nos cuestionan qué hacíamos y porqué estábamos donde estábamos, siempre nos tratan de hacer culpables. Eso se resume en que les hace falta el suficiente cuidado. Otra falla es que las probabilidades de que archiven los casos son muy altas, entonces ¿para qué denunciar si no pasa nada?
Aquí se trata de que se tomen acciones urgentes. Cuando se dice que cadena perpetua para los violadores de niños y niñas yo no sé si es que no se pusieron a pensar en la cantidad de falencias que tiene esa medida. Por ejemplo, una o un menor no va a denunciar si sabe que a su papá lo van a meter toda la vida a la cárcel y él o ella se van a sentir culpable de eso.
Hay que nombrar también que la cárcel no resocializa a nadie, lo que hace falta es prevención y educación para poder erradicar la violencia sexual, tanto en contextos de conflicto armado, pero también fuera de este. Hay, además, que erradicar el miedo que nos da poner la denuncia, en esa problemática un camino posible es capacitar de forma efectiva a las y los funcionarios que hacen los procesos judiciales.
Pares: Uno de los procesos en el que ustedes hacen hincapié es en el de reparación, ¿qué pasos han dado ustedes y cuáles no se han dado, pero son necesarios?
A.M.E: Desde el 2016 tuvimos la oportunidad de traer al doctor Denis Mukwege, con él presentamos la campaña Visiblemente, allí creamos, con más de 108 mujeres, las propuestas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, en ese momento estábamos a poco de la firma del Acuerdo de Paz, y por eso lanzamos esa campaña, para decirle a la sociedad – “aquí estamos haciendo visible la violencia sexual”-.
En el 2015 nosotras éramos Red, pero no teníamos personería jurídica, en ese momento llegó una estudiante de la Universidad de los Andes, Lucía Gallón, que nos puso en reflexión que se hablaba y hablaba de violencia sexual desde las cifras, pero no pasaba nada.
Entonces ella invitó a otras estudiantes y crearon un grupo que se llama Las Troyanas y empezaron a analizar las denuncias que teníamos y de ahí a sacar unos relatos literarios para mostrar la violencia sexual desde otro lado y no con el morbo con el que se tiende a hacer.
Luego hicimos otro tipo de relatos a través de unos productos radiofónicos, apelando al valor de la radio y del arraigo que esta tiene en los territorios, lo que nos permitió contar la historia de otra forma, pero de nuevo con la voz de las mujeres que quisieron hablar, resaltando que recogimos historias de varias zonas del país.
Después se nos dio la oportunidad de participar en la obra Fragmentos de Doris Salcedo, ella nos dio un reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas de violencia sexual. Hay que decir que nosotras del Estado no hemos tenido ninguna reparación.
Ya en 2017 viajamos algunas a Ginebra donde nos pudimos empezar a organizar como red global, y esto nos permitió ir a otras conferencias donde siempre pusimos sobre la mesa el tema de la reparación para trabajarlo más a fondo. Ahí llega también la discusión de las reparaciones tempranas, que es un concepto que venimos trabajando desde la Red y la Unidad de Investigación y Acusación de la mano de Pilar Rueda, quien nos ha dado toda la asesoría y acompañamiento.
Con el inicio de ese trabajo nos dimos cuenta de que nos falta mucho por andar para hablar de reparaciones efectivas, por ejemplo, no se habla de la reparación en salud; a las mujeres estos casos, entre otras muchas cosas, les causa, por ejemplo, incontinencia urinaria, enfermedades de transmisión sexual, muchas mujeres quedaron estériles.
Tampoco se habla de reparación desde la educación, desde la gestión de la economía; el Estado cree que con dar un proyecto productivo con eso las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto tenemos calidad de vida digna, eso es mentira. Las indemnizaciones no reparan, muchas preferimos entregar esa plata a nuestras familias, como lo hice yo.
En ese sentido empezamos a priorizar las reparaciones tempranas, las cuales son aquellas acciones que se hacen sin la necesidad de la decisión de un juez, porque mientras esperamos que un juez investigue los daños causados nunca vamos a ser reparadas.
Hemos venido trabajando en la posibilidad de instalar en el país un centro especializado para atención a víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado. El doctor Denis Mukwege tiene en el Congo un hospital donde ha hecho reparación a las partes íntimas a más de 2.000 mujeres y niñas que han sido víctimas de violencia sexual dentro de conflictos armados.
Entonces teniendo este referente lo que queremos es que en ese centro especializado exista todo; que haya médicos/as, cirujanos/as, que haya por lo menos asesoría para el acceso a la justicia, que haya ayuda psicosocial y emocional.
Pares: Una de las dificultades en la denuncia y también que hay para conocer las verdades sobre la violencia sexual en el conflicto es la falta de la institucionalidad en zonas alejadas de las ciudades. ¿Ustedes cómo han logrado la incidencia en las regiones y el trabajo con las mujeres rurales?
A.M.E: Nosotras como organización trabajamos en 9 regiones del país, Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Chocó, Huila, Meta, Norte de Santander y Cundinamarca, con esta presencia lo que nos ha facilitado el trabajo en las regiones es el voz a voz, lo que también nos ha permitido cercanía con las mujeres rurales. No obstante, todavía faltan muchas de estas mujeres, porque la guerra sobre todo se vivió en los territorios, en los mismos donde instaurar una denuncia por violencia sexual es un proceso complejísimo por las mismas dinámicas violentas.
Sin embargo, siempre hay alguien que llega habla y luego quiere acompañar estos procesos de denuncia. Cuando una sola mujer rompe el silencio no hay quién las pare. Eso lo hemos visto en las 19 jornadas de denuncias colectivas que hemos tenido, donde muchas mujeres que antes no habían sentido la posibilidad segura de hablar lo sienten con este espacio.
Pares: ¿Cuál es el paso a seguir luego de que decepcionan las denuncias colectivas?
A.M.E: Cuando hacemos las jornadas las personas nos firman un consentimiento para que hagamos seguimiento a los casos. Nosotras tenemos un sistema de información donde incluimos la denuncia para poder hacer seguimiento ante la Fiscalía, la Defensoría o la entidad donde esté el caso.
Por ejemplo, en una jornada de denuncias en Antioquia la coordinadora de esta zona es la única que puede entrar al sistema de información a ver los casos de ese punto. Muchas mujeres nos cuentan en estos procesos que las llama la Policía Judicial y las sigue revictimizando con las preguntas que les hace.
Entonces lo que hace la coordinadora bajo el punto de seguimiento es describir lo que la víctima le contó de las palabras del investigador. Si vemos que desde la regional no hay respuesta, lo escalamos y así vamos teniendo constante comunicación con la entidad que lleva el caso para que nos den respuesta de cómo va cada proceso.
Pares: ¿Ustedes cómo incentivan las jornadas de denuncia colectiva?
A.M.E: Aquí es por las mujeres. Si una mujer se dio cuenta que otra mujer en su región habló de violencia sexual en medio del conflicto, ellas mismas se van acercando. Eso se convierte en una voz a voz donde somos un referente de confianza que nos permite tener unos talleres de formación donde ellas van identificando los tipos de violencia y así van decidiendo que quieren denunciar.
Pares: Ustedes también han trabajado con comunidades indígenas, ¿cómo manejar los procesos de reparación teniendo en cuenta la relación de las mujeres víctimas con sus comunidades?
A.M.E: Con las Red hemos hecho tres jornadas de denuncias colectivas con las comunidades Embera Katio y Embera Chamí de los resguardos de Chigorodó, Antioquia. Allá tenemos una coordinadora y ha sido esta mujer la que ha venido trabajando todo este tema en estas comunidades, donde también hay una capacitación a los gobernadores del territorio porque, en este punto, hay que hacer hincapié en que en contextos como los de estas comunidades el diálogo debe ser más amplio.
Así se ha logrado una identificación de violencias y derechos por parte de las mujeres indígenas de estos resguardos. En esta experiencia en particular el gobernador mayor ha sido muy consciente de las dimensiones de esta problemática y por medio de él se nos ha permitido llegar a las mujeres indígenas para que ellas denuncien. Recuerdo que después de la primera jornada el gobernador de la comunidad nos envió una carta diciéndonos que había más mujeres que querían denunciar.
Pares: ¿Cuál es la evaluación que desde la Red hacen a la implementación del Acuerdo de Paz?
A.M.E: Cuando se firmó el Acuerdo de Paz quedó la violencia sexual como un punto específico e independiente. Sabemos que ha sido difícil la implementación del Acuerdo por los opositores que ha tenido, pero eso no quiere decir que vamos a dejar de exigir que se cumplan cada uno de los puntos pactados. Esa implementación facilita que la JEP abra el caso de violencia sexual, nosotras no estamos diciendo que abran 1.000, 2.000, 5.000 casos, con un caso que abran nos vamos a ver representadas muchas mujeres.
Defendemos el Acuerdo de Paz, defendemos la JEP porque en los casos de violencia sexual es prioridad que haya una justicia restaurativa y participativa. Cuando se creó la Ley 1975 de Justicia y Paz fue una verdad a medias; las mujeres que fuimos víctimas de violencia sexual por parte de paramilitares nunca conocimos una verdad.
La JEP ahora es una posibilidad pertinente porque es una justicia que nos va a permitir conocer esas verdades, es la esperanza que tenemos y seguiremos luchando para que estos casos de violencia sexual tan degradantes no sigan siendo una constante y también para que en realidad haya una paz estable y duradera.