Felonías contra la Comisión de la Verdad

22 julio, 2020

Felonías contra la Comisión de la Verdad

Por: Guillermo Segovia Mora. Columnista Pares.

En algún momento se sabrá si la diatriba de Juan Carlos Pinzón, funcionario del gobierno que negoció el acuerdo de paz con las Farc (secretario privado de la Presidencia, Ministro de Defensa y Embajador en Washington), respondió a un cálculo personal para entrar en la lista de aspirantes para competir por la designación de la derecha más recalcitrante en las presidenciales de 2022 o si es el nuevo envión concertado por los enemigos de los acuerdos buscando el flanco por donde revertirlos.

En días anteriores al provocador trino en el que Pinzón acusó a la Comisión de la Verdad de sesgada por “afinidad ideológica o nexos con grupos armados”, que concitó el repudio de diversos sectores defensores de los acuerdos, ya había dicho en otro trino, relacionado con la indemnización en EE.UU. a tres militares estadounidenses secuestrados por las Farc con dineros incautados, “En Colombia beneficios son para secuestradores, no para las víctimas” y en respuesta a un comentario mío a ese mensaje ripostó, “yo apoyé negociar desde la ventaja del Estado, no para beneficiar a los peores delincuentes, que fue lo que terminaron haciendo.” Tal afirmación, respecto del pacto suscrito por el gobierno del que hizo parte, que apoyó, a decir verdad a regañadientes, y contra el cual votó no en el plebiscito según dejó saber después.

Para solucionar lo que considera un sesgo, Pinzón, hoy presidente de una fundación empresarial, propuso ampliar la comisión con la representación de otros sectores para “generar balance”. Desde esa lógica, diría uno, con comisionados que representen otros sesgos. Solicitada una rectificación por la Comisión de la Verdad y luego de entrevistarse con el presidente de la entidad, el padre Francisco De Roux, no se rectificó, por el contrario, se ratificó en una despachada contra la negociación.

Pero las cosas no son así, las instituciones no se deshacen por el querer o la malquerencia de sus adversarios pues en democracia implica recorrer los pasos que la Constitución y las leyes ordenan, por un lado, y en el caso de compromisos de Estado no es dable burlar a la comunidad internacional sin costos para la legitimidad y el prestigio. Por eso, el gobierno, el Centro Democrático y la derecha, adversos a los acuerdos, fingen cumplirlos, se aprovechan de ellos para la propaganda internacional y los atienden en aquellos pocos aspectos que no les incomodan.

La Comisión de la Verdad en conjunto con la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, hace parte integral del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición pactado en los acuerdos de paz Gobierno Santos-Farc, que fueron ratificados por el Congreso de la República -ante el trance del resultado de un plebiscito manipulado por los opositores- y declarados acordes con la Constitución Nacional por la Corte Constitucional. En la medida de la intervención de los tres poderes y su depósito en instancias internacionales, bajo el manto de las Naciones Unidas, constituyen un compromiso irreversible de Estado a nivel interno e internacional.

De tal forma que son instituciones con un status constitucional y jurídico y responden a la normatividad que les dio vida, misionalidad y funciones. La Comisión de la Verdad, según el decreto 588 de 2017, tiene como mandato: la consolidación de un informe que en 2021 de cuenta de graves violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, responsables, impacto en la sociedad, en el ejercicio de la política y la democracia y en los actores del conflicto y sus familias, contexto histórico, factores y desarrollo del mismo, paramilitarismo, desplazamiento y despojo de tierras, relación con cultivos ilícitos y experiencias institucionales y comunitarias de resiliencia y transformación.

La escogencia de los comisionados, como de los magistrados de la JEP, correspondió, sobre parámetros internacionales para instituciones similares, a una comisión acordada por las partes, integrada por cinco miembros designados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Secretario General de las Naciones Unidas, la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado, el Presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ).

Si bien, en la ofensiva contra los acuerdos del uribismo, se cuestionaron “sesgos” de algunos de los nominados, una valoración objetiva de la idoneidad de las entidades designantes y el prestigio y experiencia de los designados, relegó las críticas por su afán de minar la naciente entidad y su histórico encargo.

El Comité de Escogencia determinó en un procedimiento público, participativo, independiente e imparcial once miembros de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición tras establecer cinco perfiles necesarios para lograr su eficaz funcionamiento: académicos, defensores de derechos humanos, comunicadores y profesionales en arte y cultura, expertos en trabajos de memoria histórica y representantes de víctimas.

El grupo quedó integrado por seis hombres y cinco mujeres en representación de diversas regiones del país: Una indígena, un afrodescendientes, tres académicos, un militar, una periodista, una experta en arte y cultura, un español, y dos defensores de derechos humanos. El alineamiento ideológico no fue criterio de selección.

Por estos antecedentes, reclamar y proponer una reconformación de la Comisión es un total despropósito y solo muestra el afán de buscar abrirle una herida a la estructura del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición para deslegitimarlo ante el fracaso de los intentos de desfigurar la JEP y la salida en falso del negacionismo del conflicto impuesto en el Centro de Memoria Histórica, llevado al desprestigio por el, ese sí evidente, sesgo impuesto por el actual director.

Para estrenarse como periodista de la plataforma Semana en Vivo, buscando bulla y a la vez dando resonancia al exabrupto de Pinzón, también incorporado a la nómina del canal, con aquiescencia de sus directivas, María Andrea Nieto, polémica directora del SENA en el gobierno Santos y fracasada candidata independiente a la Alcaldía de Bogotá -apoyó después al Centro Democrático- , al Concejo por Cambio Radical y al Senado por el Partido de La U, con total ignorancia de los antecedentes señalados acerca de la escogencia, idoneidad y funciones de los comisionados resolvió aplicarles un ridículo “ideologizómetro” del que salió avante un solo comisionado de “ideología neutral” -como la de ella-, provocando la consecuente andanada de críticas a semejante majadería intelectual.

Esto del sesgo de la Comisión de la Verdad no será el último intento contra un acuerdo de paz llevado a la miseria por el gobierno de Duque, como lo demuestran los 218 desmovilizados asesinados, el triste desplazamiento de un grupo de Ituango a Carepa ante el acecho de la muerte y el abandono, y el más reciente informe del Cerac y el Instituto Kroc, evaluadores del pacto, sobre su mínimo cumplimiento.

Pero sí puede ser el más patético por su torpeza, arrogancia y por dejar en evidencia la intención de torpedear de antemano el informe que entregará la comisión extrajudicial de la verdad que tendrá el valor de documento histórico para la comprensión de las causas y responsabilidades en una de los conflictos más largos y cruentos en la vida del país y del mundo.


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