Por: Paola Perdomo, investigadora nacional y Cristian Peña, enlace territorial de la subregión Catatumbo. Pares.
En lo corrido del año 2020 Pares ha registrado en seis (6) departamentos del país 13 masacres, la última, ocurrida el 18 de julio de 2020 en las veredas Totumito y Vigilancia, corregimiento Banco de Arena, zona rural entre Tibú y Cúcuta, Norte de Santander, donde ocho (8) personas fueron masacradas presuntamente por Los Rastrojos; seis (6) de las víctimas fueron asesinadas en la vereda Totumito y dos (2) más en la vereda Vigilancia, en cercanía con la jurisdicción de Boca de Grita, Venezuela.
Hasta el momento se han identificado tres de las ocho víctimas de la masacre: Mauricio García Jiménez y Yúnior Manuel Yanes González, labriegos del sector, además de Ernesto Aguilar Barreras, campesino agricultor propietario de una finca en el sector de vigilancia, miembro de ASCAMCAT, coordinaba un comité veredal de dicha organización y era miembro de la Junta de Acción Comunal de esta vereda.
Aunque este lamentable hecho tuvo lugar en horas de la madrugada del 18 de julio de 2020, solo hasta 24 horas después la Defensoría del Pueblo llegó al lugar de los hechos para hacer la respectiva verificación.
Para este momento, las comunidades de estas veredas ya se desplazaban forzosamente hacia la cabecera de los corregimientos Banco de Arena, zona rural de Cúcuta, y Campo Dos, Tibú, por temor a una incursión armada mucho más fuerte. Según Wilder Mora, miembro de la Asociación Campesina del Catatumbo – ASCAMCAT y la Coordinadora de Cultivadores Coca, Mariguana Amapola – COCCAM, a la fecha más de 700 personas han tenido que salir de las veredas en las que ocurrieron los hechos a falta de garantías de protección.
Un territorio sin dios ni ley
Esta masacre está antecedida por dos hechos similares más, al parecer ocurridos del lado venezolano, entre el 7 y 8 de marzo del 2020. En la primera, se hallaron ocho (8) cuerpos en el corregimiento de Palmarito, zona rural de Cúcuta, después de haber registrado enfrentamientos entre el ELN y los Rastrojos en jurisdicción de Boca Grita, territorio venezolano, apareciendo un día después cinco (5) cuerpos más en el sector de Mate Curo, municipio de Ayacucho, Venezuela.
A esto se suman otros hechos violentos ocurridos dentro de esta misma zona, entre estos, retenes ilegales en las vías que comunican los corregimientos de la zona rural de Cúcuta por parte de Los Rastrojos, reclutamiento forzado y la reciente desaparición de cuatro (4) personas, miembros de una misma familia, en cercanías de la vereda Puerto León, también atribuida a esta estructura criminal. Dos de ellas fueron halladas desmembradas y con señales de tortura en el río Zulia, el 9 de Julio de 2020.
Estos hechos recientes evidencian la compleja situación de seguridad que vive hace más de tres años la subregión del Catatumbo y el Área metropolitana de Cúcuta, luego de la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional, periodo durante el cual se ha intensificado la violencia producto de los enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales como el ELN, EPL y Los Rastrojos, quienes han perseguido el copamiento de las antiguas zonas de presencia de la extinta guerrilla y hoy libran una fuerte disputa por el control de la rutas del narcotráfico y otras economías ilegales características de la zona fronteriza, tales como el contrabando, el control de las trochas o pasos ilegales y la trata de personas.
Puerto Santander, Cúcuta y Tibú han sido el principal escenario de estos enfrentamientos durante los últimos meses, pues la pandemia por COVID-19 ha facilitado la movilidad de estos grupos y sus posibilidades de combate. Foto: Cortesía.
Desde el mes de febrero del presente año, luego del paro armado declarado por el ELN y el EPL en el departamento de Norte de Santander, el ELN ha avanzado desde su centro de operaciones en el Catatumbo a municipios del área metropolitana como Cúcuta y Puerto Santander, donde Los Rastrojos tienen un fuerte control territorial, lo que ha desatado esta violencia, que apenas empieza adquirir rostro, pues el riesgo inminente entre estas dos estructuras armadas que ya ha advertido organizaciones sociales, organismos de cooperación internacional y la misma Defensoría del Pueblo, es mucho más complejo que lo ocurrido en los últimos días.
Esto teniendo en cuenta que el ELN ha logrado llegar hasta el centro de operaciones de Los Rastrojos en Boca de Grita, Táchira, Venezuela, donde han provocado el repliegue los integrantes de este grupo.
«El Estado ha sido muy ausente»
Y a su vez, Los Rastrojos han incursionado en zona rural de Tibú, en el Catatumbo, ocasionando gravísimos hechos como el ocurrido el 18 de julio, y que son apenas una evidencia de la violencia fuertemente desencadenada contra la población civil por parte este grupo criminal, el cual ha demostrado desde hace ya tiempo sus repertorios de violencia sumamente sangrientos a través de descuartizamientos, asesinatos selectivos con señales de tortura y masacres como la que acaba de suceder.
La Defensoría del Pueblo ya había emitido el 13 de marzo del presente año la Alerta Temprana 011 de 2020, en la que advertía la situación de riesgo inminente que vivían desde entonces las comunidades de 41 veredas de 7 corregimientos de la zona rural de Cúcuta limítrofe de Tibú, por el intenso accionar de Los Rastrojos en esta zona y posibles enfrentamientos con el ELN, además hacía las respectivas recomendaciones y solicitud de medidas urgentes para la prevención y protección de estas comunidades con el fin de evitar la crisis humanitaria que sale a toda luz con estos hechos recientes.
Las constantes denuncias que vienen adelantando organizaciones sociales, defensores y defensoras de Derechos Humanos que hacen parte de este territorio, confirman esta omisión por parte de las autoridades competentes.
Preocupa, sobre todo, cuando existe una fuerte presencia de la Fuerza Pública dirigida al control de los cultivos de uso ilícito en el departamento, pero, contrario a un ejercicio que garantice la seguridad de las comunidades, ha representado una afectación de derechos humanos adicional dentro de las que el Ejército presuntamente habría cometido tres ejecuciones extrajudiciales en Sardinata, Cúcuta y Chitagá (SIPARES), desde el 11 de marzo del 2020 a la fecha cuando iniciaron operaciones de erradicación forzada en el departamento.
En entrevista con el líder y dirigente Wilder Mora, miembro de ASCAMCAT y la COCCAM, y la líder y defensora de derechos humanos Carmen García, que hace parte de la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz, se constata la preocupación sobre el accionar y respuesta institucional frente a las dinámicas de seguridad, tanto de la subregión del Catatumbo, como del área metropolitana de Cúcuta.
“El Estado no llega a responder con lo que le corresponde, ni en la prevención de los hechos de violencia, ni en atención al desplazamiento de 700 personas que ya no tienen que comer”, asegura Wilder Mora, a lo que agrega Carmen García: “lo que se ha visto es ausencia del Estado con esta situación, el Estado no ha hecho acompañamiento a las personas víctimas, el Estado ha sido muy ausente”.
Estas palabras además tienen lugar en el marco de las constantes denuncias que se presentan frente a la carente implementación del Acuerdo de Paz firmado entre las FARC – EP y el Estado, de manera especial en lo que respecta al cumplimiento de la Reforma Rural Integral y de la sustitución concertada de cultivos de uso ilícito (Punto 1 y 4 respectivamente). “Es fundamental construir un proceso de paz en unidad con todos los actores de la región, lo cual evitaría que se presenten los hechos de violencia que estamos viviendo el día de hoy”, precisa Wilder Mora.
En este sentido, resalta una vez más la importancia de los llamados a continuar con los diálogos de paz adelantados entre el ELN y el Estado colombiano, y que fueron suspendidos a inicios del año 2018 tras el atentado a la Escuela General Santander por parte del ELN.
Las comunidades exigen protección
No obstante, la reciente negativa del gobierno de Iván Duque frente a la propuesta del ELN y el Concejo de Seguridad de Naciones Unidas frente a un Cese al Fuego Bilateral, reitera la falta de interés y disposición del actual gobierno respecto a dar respuesta a la compleja situación humanitaria que vive el país, aún en medio de la pandemia por COVID-19.
Es claro entonces que las masacres, desde Bojayá, Chocó, una de las más fatídicas y anunciadas durante el conflicto armado en Colombia el 2 de mayo de 2002, hasta la más reciente ocurrida en Tibú, Norte de Santander, luego de tres años de la firma del Acuerdo de Paz, han sido expresión de la degradación de los actores armados y la desprotección de la sociedad civil en medio de las confrontaciones armadas.
Tibú cuenta con la mayor cantidad de hectáreas de coca cultivada en el país, 16.096 hectáreas. En este territorio de manera violenta grupos armados como el ELN, EPL y Los Rastrojos. Foto: Cortesía
Especialmente en aquellos lugares que, por su posición estratégica o privilegiado acceso a recursos, se han convertido en el objetivo de Estructuras Armadas Ilegales y sus disputas territoriales, sumado a que actualmente el municipio de Tibú cuenta con la mayor cantidad de hectáreas de coca cultivada en el país, 16.096 hectáreas. “Joya de la corona” por la que han coincidido en este territorio de manera violenta grupos armados como el ELN, EPL y Los Rastrojos.
Parece entonces que “la historia se repite”, como lo resaltan Wilder y Carmen, recordando la incursión paramilitar en Norte de Santander vivida a finales de los años noventa e inicios del 2000, en donde la población civil llevó la peor parte y en donde se evidenció la ausencia u omisión estatal ante el repunte de las violencias.
Reiteramos el llamado de la sociedad civil, organizaciones sociales, defensores y defensores de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo, para que el gobierno y las autoridades competentes garanticen la protección de las comunidades inmersas en la actual crisis humanitaria en Norte de Santander.