Por: Laura Cano, Periodista Pares.
El 26 de marzo se reportó el primer caso de Covid-19 en las comunidades indígenas del país. Se trataba de una mujer del pueblo Yukpa, que se había instalado en un campamento en el barrio Escobal, en Cúcuta, donde estaban asentados alrededor de 174 indígenas de su comunidad que llegaron desde Venezuela hace cerca de dos años.
Desde esa fecha y hasta mayo los casos venían aumentado, si bien, no con mucha rapidez, pero sí con el riesgo de un colapso en la atención médica, que en ese mes – al 7 mayo – con los 45 casos positivos, ya muchas zonas, como es el caso del Amazonas, alertaban sobre la necesidad de medidas efectivas para atender la crisis, pues el panorama pintaba -y pinta-: pocas o inexistentes camas de UCI y respiradores, adeudamiento de los hospitales y las prestadoras de salud con las y los trabajadores, y, en general, una falta de recursos humanos y físicos que denota la problemática en salud que nos sigue hace más de 20 años.
En el marco general de indígenas contagiados, el 54.9% se reportan en hombres y el 45,1% en mujeres, y por edades el 3,4% de los casos se registran en menores de 9 años, el 11,6% entre 10 y 19 años; el 72,2% de los 20 y 59 años y un 12,4% en mayores de 60 años. Imagen: Pares.
Con este panorama, una de las primeras cosas que hay que mencionar, siguiendo el más reciente informe de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), es que la “curva de contagio de la población indígena se ha tornado exponencial”, provocando que al 15 de julio los casos positivos hayan llegado a 2.500, lo que podría interpretarse como el aumento de 23 casos nuevos diarios y una duplicación de contagios cada 8,7 días.
Las cifras de los temores
A la fecha mencionada son 54 las comunidades afectadas por el virus, reportando los casos en el siguiente orden: Zenú (379), Tikuna (312), Mokaná (217), Uitoto (124), Los Pastos (123), Pijao (113), Wayuu (61), Muisca (59), Cocama (42), Nasa (42), Embera (36), Misak (31), Inga (25), Kankuamo (16), Bora (13), Wounaan (10), Yagua (10), Quillacinga (9), Yukuna (9), Desano (8), Embera Chamí (7), Matapí (7), Sikuani (7), Tucano (7), Awá (6), Embera Katío (6), Cubeo (5), Yanacona (5), Miraña (4), Muinane (4), Yukpa (4), Curripaco (3), Jiw (3), Puinave (3), Andoque (2), Koreguaje (2), Murui (2), Piratapuyo (2), Polindara (2), Tanimuca (2), Achagua (1), Arhuaco (1), Amorua (1), Eperara Siapidara (1), Karapaná (1), Kiszgó (1), Letuama (1), Macahuán (1), Ocaina (1), Piapoco (1), Sáliba (1), Tuyuca (1), U’wa (1), Wanano (1) Y 760 casos por establecer el pueblo indígena al que pertenecen.
Vale la pena mencionar que esta cifra total -2.500 y 90 fallecimientos- sale de la información del Instituto Nacional de Salud del boletín número 16 del 13 de julio, donde se encontraron 2.338 casos, y del cruce de estos datos con lo reportado en el Sistema de Monitoreo Territorial – SMT de la ONIC.
Asimismo, se llama la atención sobre el número de familias indígenas en riesgo, habiendo 398.365 en alerta por probabilidad de contagio; 2% sen riesgo extremo, 2% en muy alto, 9% en alto, 68% en moderado y 19% en bajo, esto partiendo de factores como la prevalencia, letalidad y cercanía a centros poblados con casos confirmado -radio entre 15 y 45 kilómetros de los centros poblados con casos confirmados-.
Ante toda la situación concurrente de violencia, de abandono estatal y ahora de pandemia, la ONIC ha solicitado especial atención y protección a los pueblos indígenas. Foto: Cortesía.
or otra parte, desde lo informado por el Instituto Nacional de Salud (INS) se conoce que el Covid-19 se ha expandido a 733 municipios y seis (6) áreas no municipalizadas: Yavaraté (Vaupés), La Chorrera, La Pedrera (Amazonas), Mapiripana, San Felipe y Puerto Colombia (Guainía), y en cuanto a zonas en las que habitan comunidades indígenas el virus ha llegado a 137 municipios y 3 áreas no municipalizadas: Yavaraté (Vaupés), La Chorrera (Amazonas) y Mapiripana (Guainía), focalizándose el 60% de los contagios en Leticia, Bogotá, Malambo, Sincelejo e Ipiales. Además, las zonas con mayor registro de muertes son Leticia (27), Bogotá (12), Malambo (10), Lorica (4) y Tuchín (4), mencionado que el 66.7% de los fallecimientos corresponden a personas mayores de 60 años.
Otros datos relevantes que informa la ONIC es que, en el marco general de indígenas contagiados, el 54.9% se reportan en hombres y el 45,1% en mujeres, y por edades el 3,4% de los casos se registran en menores de 9 años, el 11,6% entre 10 y 19 años; el 72,2% de los 20 y 59 años y un 12,4% en mayores de 60 años.
Con este panorama una de las alertas que lanza la ONIC es la gran pérdida para el movimiento indígena, que en el momento se centra en la Macro Amazonía (34,4%) y en la Macro Norte (38,9%). Además, el valor que hay con que las cifras de fallecimientos estén centradas en las personas mayores de 60 años, pues, como lo indica el informe “significa una pérdida sensible para los Pueblos Indígenas, en la medida que nuestros Sabios (as), Mayores (as) y Ancianos (as) son los encargados de transmitir los saberes milenarios de generación en generación”.
El contexto que acompaña la crisis
A pesar de lo crítico de los anteriores datos, no hay que dejar de lado que la situación de riesgo se potencia en las zonas donde además la ausencia del Estado y la presencia de los grupos armados son el denominador. Donde la violencia es una constante que no da tregua y que en tiempos como los de ahora el confinamiento no solo se da por el virus, sino también por las leyes impuestas por los actores armados.
Esta realidad ha generado que además de lo expuestos que están los pueblos indígenas al virus, también estén vulnerables a hechos victimizantes, los cuales se pueden ver reflejados en sucesos como el ocurrido el 22 de julio en Jamundí, donde Cristian Camilo Toconas, gobernador del cabildo Kwesx Kiwe Nasa fue víctima de un atentado. También en un hecho similar ocurrido a principios de junio en el resguardo Tóez, en zona rural de Caloto, Cauca, donde hombres armados llegaron a la zona disparado contra la comunidad y dejando heridos dos comuneros.
A este panorama se debe agregar el asesinato de una menor de 09 años en medio de enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo en el Alto Baudó, Chocó de la comunidad indígena Geandó. También el de Rodrigo Salazar, gobernador suplente del resguardo Piguambí Palangala, ocurrido en Tumaco, Nariño. Además, el de las 14 personas indígenas que, por lo menos, han sido asesinadas en escenarios de violencia durante el aislamiento.
Agregándose, que incluso en medio de la cuarentena comunidades indígenas se han visto obligadas a desplazarse forzadamente. Registrándose en este período el hecho reportado el 04 de abril en Bojayá, Chocó, donde 74 familias conformadas por 393 personas pertenecientes a la comunidad indígena Emberá dejaron su territorio, trasladándose desde el resguardo Pichicora Chicue-Punto Alegre, hacia la vereda Las Peñitas, esto producto de enfrentamientos que se presentan en la zona entre el ELN y el Clan del Golfo.
Es necesario adicionar que en estas violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas, también han ocurrido casos cometidos directamente por la Fuerza Pública, tal es el caso del abuso sexual y secuestro cometido contra una menor de 12 años perteneciente a la comunidad Gito Dokabu– Embera Katio, cometido por 7 miembros del Ejército pertenecientes al Batallón Alta Montaña de Génova (Quindío) y que prestaban labores de apoyo al Batallón de Artillería San Mateo (Risaralda).
También la ejecución extrajudicial de Joel Villamizar, directivo de la Asociación U’wa y Coordinador de Educación de esta comunidad indígena, que fue asesinado en el municipio de Chitagá, Norte de Santander por tropas de la Trigésima Brigada, adscritas a la Segunda División del Ejército, cuando las tropas desarrollaban una operación contra alias «Marcial», líder de la Comisión Martha Cecilia Pabón del ELN, quien se encontraba junto a cuatro integrantes de esa guerrilla en las inmediaciones de la vivienda donde estaba el líder indígena.
Y el de Ángel Artemino Nastacuas Villarreal, integrante del resguardo Pialapí Pueblo Viejo, Ricaurte, quien fue asesinado por la Policía de Nariño en medio de operativos de erradicación forzada que se realizaban en Tumaco. Vale la pena mencionar que por este hecho el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto ordenó suspender la erradicación forzada en el resguardo sin antes realizarse una consulta previa con las y los representantes de la comunidad.
Ante toda la situación concurrente de violencia, de abandono estatal y ahora de pandemia, la ONIC ha solicitado especial atención y protección a los pueblos indígenas, así como un trabajo de forma “coordinada con los pueblos y naciones indígenas en la consolidación de la red de vigilancia comunitaria y monitoreo a la pandemia; esto para mejorar la capacidad de respuesta en los procesos de atención y mejorar la calidad de la información recabada”.