Por: Laura Cano, Periodista Pares.
A principios del mes de junio desde la Secretaría de la Mujer de Manizales se informó que, en compañía de la Alcaldía, la Secretaría de las TIC, Fenalco y el SENA iniciarían una prueba piloto para virtualizar el trabajo sexual en la ciudad. Esto con motivo de la pandemia y las restricciones que ésta ha traído.
La iniciativa venía precedida por un proyecto educativo para trabajadoras sexuales, en el que se había comenzado a trabajar de la mano de ellas y también de organizaciones e instituciones, en el que ya se había logrado, en principio, trabajar con el aval de la Secretaría de Educación y con la Institución Educativa San Agustín, ubicada en la Galería. Según cuenta Matilda González, secretaria de las Mujeres y Equidad de Género, este “es un sector como entre Corabastos y el Santa Fe, ya que es la despensa, pero también es un lugar donde hay trabajo sexual”.
Con este primer paso se había creado una alianza para iniciar un proceso de escolarización, en el que en primera medida las trabajadoras sexuales debían buscar o recordar hasta qué grado habían llegado para así empezar a planear estrategias donde todas se vieran incluidas, ya que se había de detectado que alrededor de 25 trabajadoras sexuales y personas trans no sabían leer ni escribir, pero tenían muchas ganas de poder hacerlo.
No obstante, a mediados marzo, inició la pandemia y se implementaron las medidas para mitigar los riesgos de contagio, por lo que la idea inicial tuvo que reformarse y centrarse en la utilización de herramientas tecnológicas. “Ahí contactamos a Fenalco, quienes nos dicen que nos pueden apoyar con sus programas de emprendimiento, economía, modelos de negocio, etc., pero aclarando que el pensum debía ser hecho participativamente con ellas para así saber qué era lo que querían. También se une el Sena y nos presta seis (6) computadores. Era el gancho perfecto para que ellas tuvieran los equipos, pero también hicieran los cursos”, cuenta Matilda González.
Cuando les iban a comunicar el proyecto a las trabajadoras sexuales ellas informaron que se han visto afectadas económicamente por las medidas, y que por eso ya algunas habían comenzado a virtualizar el trabajo. “Eso nos pareció muy buena idea, porque nos daba pistas para que la iniciativa además de tener impacto en lo educativo, también lo pudiera tener en cuanto a seguridad y salud”, agregó Matilda.
Siguiendo las palabras de Matilda, se pretende un impacto en seguridad porque seguridad porque “cualquier medio que reduzca la práctica en la calle, también reduce el contacto con la Policía y mitiga la vulneración de sus derechos por parte de los miembros de esa institución. Hay unos temas de ciberseguridad que nos estábamos dando cuenta que teníamos que evaluar y tomar medidas, pero en todo caso el riesgo es diferente. Y en salud porque no tener contacto físico es uno de los objetivos, lo que permite que no sea un impacto en salud pública solo para ellas”.
Así se inició la prueba piloto, en la cual de nueve (9) trabajadoras sexuales que estaban desde el inicio del proyecto, cuatro (4) virtualizaron el trabajo sexual, quienes manifestaron que mensualmente ganaban entre $300.000 y $350.000, dinero que utilizaban para solventar varios de sus gastos como pago de habitaciones para poder pasar la cuarentena y alimentación.
La Procuraduría frena el proyecto
En este contexto, el 1 de julio, la Procuraduría a través de la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, Adriana Herrera Beltrán, envió un oficio dirigido al alcalde municipal, Carlos Mario Marín Correa, en el cual se alertaba sobre una presunta irregularidad que estaría promoviendo el delito de inducción al comercio carnal o la prostitución en campaña institucional en redes sociales.
Este postulado hacía referencia precisamente al video publicado a través de las redes de la Secretaría de la Mujer el 11 de junio en el que se promociona el proyecto ya expuesto. Por otro lado, también al artículo 213 del Código Penal que tipifica el delito de inducción a la prostitución como la conducta de quien “con ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otro, induzca al comercio carnal o a la prostitución a otra persona”; y al 188A que se refiere a la trata de personas y explotación como la acción para “obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona”.
Basados en esto desde el ente de control se sentenció que: “(…) Nos preocupa este tipo de programas, en donde podrían, además de incentivarse actividades contrarias a la ley vigente, inclusive tipificadas como delitos en el Código Penal, estigmatizar a las mujeres trans, como el caso de la modelo utilizada en el video, que propone como forma de conseguir ingresos durante la cuarentena, la de ser explotada sexualmente a través de los entornos digitales”.
De: la Secretaría – Para: la Procuraduría
Ante las afirmaciones de la Procuraduría, Matilda González como secretaria de las Mujeres y Equidad de Género dio respuesta a lo estipulado por el ente de control. En el documento emitido se exponían varios puntos. Por una parte, sobre las intenciones y objetivos del proyecto Resignificación en proyectos de vida y condiciones de trabajo en mujeres que ejercen el trabajo sexual en la ciudad de Manizales, y, por otro lado, del marco legal que lo respaldaba.
“Los objetivos específicos del proyecto, son los siguientes: (i) caracterizar a las mujeres cis y transgénero que ejercen el trabajo sexual en la ciudad de Manizales, (ii) mejorar las condiciones laborales de mujeres que ejercen el trabajo sexual, mediante el uso de las plataformas tecnológicas (iii) brindar oportunidades de capacitación y formación en áreas de interés a las mujeres que deseen incursionar en labores diferentes al trabajo sexual y (iv) prevenir el contagio y la propagación de la COVID19”.
En el documento también se establecía que el plazo de este proyecto era de seis (6) meses, tiempo en el que se propendería por mejorar las condiciones laborales, dignificar la profesión y participar en la construcción de nuevos proyectos de vida con mujeres que ejercen el trabajo sexual en Manizales.
Asimismo, se cuenta que el Sena prestó seis (6) computadores, de los cuales tres (3) fueron entregados a mujeres trans “con el compromiso que, en primer lugar, nos cuenten sus sueños, necesidades y aspiraciones individuales, material imprescindible para la formulación de la política pública de trabajo sexual de la ciudad, contemplada en el PDM Manizales Más Grande 2020-2023; y segundo, para que reciban formación en herramientas tecnológicas y en formación para el trabajo”.
En este punto es importante señalar que la Corte Constitucional en la Sentencia 062 de 2019 establece una aclaración importante referente a los temas planteados por ambas instituciones: “Existe una diferencia entre el trabajo sexual lícito que parte del ejercicio de la voluntad libre y razonada de su titular, así como de contextos de vulnerabilidad socioeconómica, y la prostitución forzada o la explotación de seres humanos por el lucro económico de terceros”.
En ese orden ha establecido el trabajo sexual como un trabajo, esto a través la Sentencia T-425 de 1992, que a su vez se ha retomado entre otras sentencias como la C-815 de 2001, C389 de 2002, C-615 de 2002 y C-992 de 2006. Adicionalmente, por medio de la Sentencia T-073/17 se insiste en que está prohibido “tomar medidas de prevención negativa contra la prostitución, a través de medidas penales o de policía, sino que su principal propósito debe ser el de proteger y entender a estas personas, brindándoles también la oportunidad de salir de este ambiente, pero respetando la decisión libre que han tomado”.
Las primeras consecuencias
Solo en Manizales, y gracias a un censo realizado con activistas y organizaciones sociales, se conoce que, por lo menos, 205 mujeres ejercen trabajo sexual en esa ciudad.
Esto demuestra que más allá de los debates sobre apoyar o no esta actividad, se debe pensar que este es un escenario que requiere atención y acciones profundas. Pues, si bien, la explotación sexual y la trata de personas son prácticas por cuya abolición se debe propender, también hay reconocer que el trabajo sexual es una realidad de la que actualmente dependen muchas mujeres ante un panorama de desigualdad que las afecta de diferentes formas.
Así, hay que resaltar que la medida de la Secretaría insiste en la reducción de riesgos a los que están expuestas las trabajadoras sexuales hoy en día, pero también en la intención de promover el acceso a la información y a la educación, brindando otras posibilidades dentro de sus proyectos de vida.
No obstante, tras la alerta hecha por la Procuraduría estos intereses se vieron frenados, y uno de los hechos que marcó el rumbo que llevaba el proyecto fue la decisión del Sena de no renovar el apoyo que se había dado con los computadores, pues, aunque éste solo se había hecho inicialmente por dos meses, se tenía previsto que la iniciativa llevaría más tiempo.
“Les dije a los del Sena que en un momento donde lo único que está evitando que ellas salgan a las calles son esos computadores y que en un panorama donde ellos como funcionarios tienen el poder de darse la pelea, haber quitado los equipos va más allá del tema legal, sino que ya entra en lo ético”, aseveró Matilda.
¿Hay luz verde?
A pesar de los hechos que ocurrieron, el pasado 24 de julio se recibió otra comunicación de la Procuraduría, esta vez dirigida directamente a Matilda González. Allí uno de los primeros postulados que hace el ente de control es que: “Consideramos acertada la política pública, armonizada con “el Plan de desarrollo Municipal, Manizales Más Grande 2020- 2023, línea estratégica”, en la que se desarrolla la iniciativa Resignificación en proyectos de vida y condiciones de trabajo en mujeres que ejercen el trabajo sexual en la ciudad de Manizales.
Adicionalmente, afirman que, si bien en el ámbito constitucional del país no hay una prohibición del ‘ejercicio de la prostitución’, sí se debe trabajar para disminuir los efectos negativos de la práctica. De esta manera, finalizan invitando a la Secretaría a trabajar de la mano de la Procuraduría “en la atención, prevención y protección por la garantía de los derechos fundamentales de todas las personas, brindándoles alternativas diferentes de subsistencia. (…) No olvidar que en modo alguno no se puede estigmatizar a las personas en situación de prostitución, señalarlas y mucho menos culpabilizarlas”.
Aunque el oficio está siendo revisado en su totalidad para establecer con claridad si, en efecto, se está dando luz verde para seguir con el proyecto, Matilda concluye que de ser así este paso “tendría un impacto a nivel nacional, porque si ya no hay un enfoque moralista y de criminalización al trabajo sexual se abren muchas puertas en todas las instituciones donde antes no se había hecho proyectos con esta población”.
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