Por: Germán Valencia. Columnista Pares. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia.
Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET– representan en la actualidad el mayor avance en la construcción de paz territorial en Colombia. Son la columna vertebral de la Reforma Rural Integral (con los incumplidos Planes Nacionales Sectoriales y la Jurisdicción Agraria). Y simbolizan la promesa hecha a las víctimas de llevar la institucionalidad estatal a zonas más afectadas por la guerra.
Desde su reglamentación en 2017, con el Decreto 893, los PDET se convirtieron en la esperanza de más de 6,6 millones de colombianos. Los que habitan las 11.000 veredas (en 170 municipios y 19 departamentos) más duramente golpeados por la violencia en Colombia. Y donde residen, por lo menos, 2.5 millones de víctimas del conflicto armado.
Estos programas fueron pensados como instrumentos de gestión comunitaria y planeación participativa del desarrollo. Fueron diseñados para que las comunidades y autoridades locales pensaran sus territorios, y realizaran, en una primera etapa, los diagnósticos de necesidades y priorización de inversiones. Para luego, pasar a una segunda de implementación o ejecución.
El balance que se hizo, al finalizar la etapa de formulación en febrero de 2019, es bastante positiva, a pesar de las críticas que se le pueden realizar. Se logró reunir a más de 200.000 personas (entre campesinos, indígenas, afrodescendientes, empresarios, gremios, organizaciones sociales y comunitarias, exintegrantes de la guerrilla Farc-ep y autoridades gubernamentales del orden municipal, departamental y nacional) y priorizar 32.808 iniciativas en los ocho pilares.
La Agencia para la Renovación Territorial (ART), quien fue la organización estatal responsable de dirigir el proceso, en compañía de las autoridades locales, la comunidad internacional y la sociedad civil lograron construir 16 Pactos de Acción para la Transformación Regional –PATR–. Qué son las visiones compartidas sobre la paz y el desarrollo de los territorios más afectadas por el conflicto.
Fue una experiencia de diagnóstico y priorización de proyectos que sirvió para evidenciar la capacidad que tienen la ciudadanía rural de trabajar por la defensa de sus territorios y agenciar su propia idea de desarrollo. Sirvió para mostrarle al país que si se puede trabajar en impulsar la participación ciudadana y la planeación del desarrollo en la Colombia profunda.
Fue también un buen momento para revivir la esperanza en la democracia. Aquella prometida con la Constitución de 1991 donde se le dijo a la ciudadanía que se le entregaría la palabra, que sería consultadas las comunidades sobre la idea de futuro que desean para sus territorios.
En síntesis, se vivió durante el tiempo que duró el diseño de los PDET, una auténtica fiesta democrática, un verdadero escenario de participación. Donde se construyeron de manera concertada sus pactos comunitarios para transformar sus territorios. Fue un momento histórico en Colombia donde se privilegió la construcción y planificación colectiva.
Pero como se advierte, el diseño de los PDET es tan solo la primera etapa en la búsqueda de soluciones a las causas que dieron origen al largo conflicto armado interno. Son el primer paso en la estrategia para avanzar en el cierre de brechas de desigualdades entre lo rural y lo urbano en el país. La idea que sigue es que los PDET se ejecuten, que se realicen las inversiones en el mediano y largo plazo.
El reto actual con los PDET es que las autoridades locales, departamentales y nacionales los incluyan en sus planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. Que se logre una articulación de las entidades del gobierno, en sus diferentes niveles, para abordar las soluciones en plazos de 5, 10 ó 15 años, como lo estipulan los PDET. Para que el trabajo de diagnóstico y priorización de las comunidades sea tenido en cuenta y rinda sus frutos.
Tarea que no se está realizando adecuadamente, al menos desde el gobierno central. El gobierno Duque, que se ha caracterizado por promover una narrativa contraria a la paz, ha buscado impulsar el PDET alterando su esencia de transformación local–regional y reduciendo su ejecución a la dimensión municipal.
Y aunque se puede evidenciar un interés desde la Alta Consejería para la Estabilización por avanzar con el PDET, se ve como se ha afectando su metodología participativa, reduciendo el presupuesto de entidades claves en su ejecución como la ART o la Agencia de Desarrollo Rural y desconociendo los enfoques establecidos desde el mismo acuerdo de paz.
El diseño de los PDET es tan solo la primera etapa en la búsqueda de soluciones a las causas que dieron origen al largo conflicto armado interno. Son el primer paso en la estrategia para avanzar en el cierre de brechas de desigualdades entre lo rural y lo urbano en el país. Fotografía: Pares.
De allí que la propuesta sea simple: debemos insistir en que se cumplan con la promesa hecha a 6.6 millones de colombianos de realizar las inversiones necesarias para que los PDET sean una realidad. Trabajar todos en la transformación estructural del campo y el ámbito rural y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad.
No podemos permitir que de nuevo se hagan promesas a las víctimas del conflicto y no se les cumpla. No podemos permitirnos una vez más traicionar la confianza de los ciudadanos rurales. El incumplimiento de esta promesa representaría darles la espalda a las víctimas y traicionar la promesa de la no repetición del conflicto. Y lo mínimo que podemos hacer es respaldarlos para que realicen las inversiones que se les prometió.
Debemos desde las ciudades activar los procesos de veeduría que acompañen el cumplimiento de las iniciativas. Fortalecer los espacios de decisión establecidos en el acuerdo de paz y evitando que los compromisos se camuflen en el cumplimento de otros indicadores más asociados a los planes municipales o departamentales de desarrollo.
En conclusión, resulta fundamental rodear la ejecución de los PDET y monitorear su cumplimiento. Todos los ciudadanos deberíamos convertirnos en garantes para que las iniciativas concertadas sean una realidad territorial y no se queden en un cúmulo de promesas incumplidas.