Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Recientemente el INPEC informó que a la fecha se reportan 24 muertes de personas privadas de la libertad a causa del virus COVID-19. La pandemia ha llegado a 38 de las 132 cárceles del país, y, por lo menos, ha registrado 3.196 contagios, de los cuales 2.582 son reclusos/as, 178 miembros del cuerpo de custodia, 22 auxiliares y 14 funcionarios administrativos.
La situación es alarmante, pues desde conocerse el primer caso en Colombia – 6 de marzo-, y también desde saberse el primer contagio y muerte en las cárceles del país – 07 de abril, Villavicencio-, se ha insistido en que se tomen medidas efectivas para atender a la población carcelaria, la que hoy sigue exigiendo atención, aunque la crisis ya es un hecho.
En este marco es necesario nombrar que una de las cárceles con una de las situaciones más críticas al momento es La Picota, donde hay 8.304 personas privadas de la libertad; 1.496 casos positivos de COVID-19; por lo menos, cuatro fallecimientos de PPL y uno del cabo del INPEC Rafael Pérez; y más del 90% de hacinamiento. Además, luego de informar sobre una disminución de los casos en mayo, ahora hay un rebrote que ha afectado, especialmente, a la población de una de las tres estructuras del centro penitenciario: la conocida como Penal, en la que los casos se concentran en los patios cinco y siete.
Situación similar se vive en La Modelo (Bogotá) y el Buen Pastor, las siguientes dos cárceles con mayores reportes de contagios, donde hay 276 y 217, respectivamente. Centro penitenciarios donde también se han realizado protestas como petición simbólica a la protección del virus, e igualmente por los problemas estructurales que hoy se acentúan en las cárceles del país como: hacinamiento e infraestructura; acceso a alimento; mantenimiento de los vínculos familiares; y atención médica.
Una de estas protestas ocurrió el pasado 21 de marzo en 15 centros de reclusión, que desató una tragedia humanitaria, tras enfrentamientos que se dieron en 13 de las 15 cárceles, los cuales causaron, por lo menos, 26 muertos y 120 heridos, distribuidos entre la cárcel Modelo de Bogotá (83), La Modelo de Cúcuta (36) y Bellavista de Medellín (1).
No obstante, esta protesta no ha sido la única que ha ocurrido durante la pandemia, por el contrario, desde la fecha se ha reportado un aumento de los hechos que, al 05 de agosto dan un total de 77 actos en los que se han realizado huelgas de hambre, cacerolazos, concentraciones, desobediencia civil, velatones y obras de teatro; estrategias que no solo han sido llevadas acabo por la población privada de la libertad, sino también por familiares y organizaciones sociales.
Desatención: contagios sin freno
El 03 de abril se conoció que un hombre de 63 años, tras recuperar su libertad el 01 de abril, seis días después murió a causa de Covid-19 en el Hospital Departamental de Villavicencio. Este hecho marcó lo que sería la crisis venidera en los centros de reclusión, en especial, en el de la capital del Meta, donde a mayo se reportó un pico de 878 contagios, crisis que sería superada finalizando mayo.
Según la Fundación Movimiento Cárceles al Desnudo en su reporte diario con corte al 04 de agosto, las cárceles donde se reportan contagios son: La Picota (1.479); La Modelo, Bogotá (286);Buen Pastor (203); EPMSC-RM Pasto (203); Coiba Ibagué (183); Rodrigo Bastidas (129); La Paz (90); Itsmina (53); Villahermosa (52); Las Mercedes (40); EPMSC Valledupar (35); La Vega (29); Espinal (21); Jamundí (19); Ternera (17); Modelo, Ocaña (12); Buenaventura (11); Palmira (11); Heliconias (11); Bucaramanga (9); Camilo Torres (8); Combita (6); Modelo, Cúcuta (6); Doña Juana (4); Pitalito (4); Puerto Triunfo (4); El Bosque (3); Tuluá (3); Rivera (1); Tierralta (1); Acacias (1); Bellavista (1); y Modelo, Barranquilla (1).
Asimismo, los 24 fallecimientos de los que da cuenta el INPEC se registran en las cárceles de Cali con ocho casos; La Picota y Barranquilla con tres cada una; El Buen Pastor, Tuluá, La Paz, Leticia con un caso y la de Pasto, Cartagena y Villavicencio con dos muertes en cada centro. Vale la pena mencionar que en la mañana de este 5 de agosto en la cárcel Modelo en Cúcuta se reportaron 20 PPL contagiados, además de la muerte de un dragoneante del INPEC, Saúl Martínez Luque.
Por otra parte, hay que señalar que a julio habían 106.404 PPL en las 132 cárceles del país, habiendo un hacinamiento del 31.46%, pues la capacidad de los centros penitenciarios es de 80.941 cupos. No obstante, este porcentaje de hacinamiento, según el INPEC, ha ido disminuyendo respecto a los meses de enero y abril, donde la sobrepoblación correspondía al 53.53% y 45.62%, respectivamente.
Con esto el llamado sigue siendo a que se tomen medidas con urgencia. Que se dé viabilidad al Decreto 546 para que en efecto la excarcelación sí propenda por mejorar las condiciones de las y los privados de la libertad. Por otro lado, a que se garantice el derecho a la protesta mientras en las cárceles del país los problemas estructurales sean el día a día en los centros de reclusión, que ahora con la pandemia se agudizan cobrando hasta el momento 24 vidas en un escenario crítico sobre el que se está pidiendo atención, por lo menos, desde hace 22 años.
Respecto a esta situación Pares habló con Gloria Silva, integrante del Equipo Jurídico Pueblos, organización que ha estado haciendo veeduría de la situación de Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad.
Pares: ¿Ha surtido algún efecto importante el Decreto 546?
Gloria Silva :Como se esperaba, no iba a haber una excarcelación masiva producto de ese Decreto. Los niveles de hacinamiento se siguen manteniendo muy altos y el distanciamiento social es posible de realizar en los establecimientos de reclusión. Por otra parte, tampoco ha habido cambios sustanciales en condiciones como de salubridad, que se convierten en factores de riesgo adicionales. Además, el sistema de salud no ha sido fortalecido, luego, para los casos confirmados de Covid-19 las condiciones de aislamiento son muy precarias.
Otras de las cosas que preocupa es que está impidiendo cualquier tipo de contacto, incluso telefónico, con los familiares de los PPL, eso está llevando a que algunas personas estén negándose a reportar síntomas y a que se den contagios masivos. Lo otro es que a pesar de todas las exigencias y protestas que se han hecho para que se permita el ingreso elementos de protección, la entrega de estos sigue siendo sin ser total. Incluso cuando son organizaciones o familiares quienes los llevan hay muchas dificultades para poder ingresarlos.
Todo esto ha venido incrementando un problema de corrupción muy grave en la cotidianidad penitenciaria; la guardia se está lucrando para permitir el ingreso y también para generar el trámite de documentación que se necesita para solicitar libertad, haciendo uso de los listados que les corresponde enviar de las personas que consideran cumplen con los requisitos del Decreto. A eso se suma que tramitar quejas y denuncias que surgen de esto se complica y ralentiza por la pandemia.
Vale la pena mencionar que las condiciones están generando unas complicaciones psicosociales que no han sido ni siquiera consideradas por parte de las autoridades penitenciarias. Si bien, algunas medidas tienen relación con la necesidad de contener el avance del virus como las restricciones de visitas o de actividades recreativas, estas no pueden ser suspendidas indefinidamente porque no existen herramientas que amortigüen esos efectos tan adversos para los PPL, porque la falta de ocupación, además del aislamiento, genera otras consecuencias que se pueden convertir en otra bomba de tiempo dentro de las prisiones.
Pares: Actualmente el INPEC dice que han fallecido 24 personas por COVID-19 y que hay 3.196 contagios. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen de estas cifras y de la información que ha dado el INPEC durante la emergencia?
G.S: Un primer punto es que hay PPL que presentan síntomas y que no se les hace ni siquiera la prueba. Teniendo en cuenta esto, y que como nos informan, estos casos no son pocos, es muy difícil poder confiar en las cifras que está dando el INPEC, además, es posible que solo estén reportando los positivos de las pruebas que ellos practican, que desde nuestra perspectiva no son suficientes porque ni siquiera hay criterios claros para aplicar las pruebas, pues así tengan síntomas de contagio no se hacen las pruebas.
En relación con las cifras de hacinamiento, efectivamente el INPEC empezó a registrar unas cifras de hacinamiento en reducción, incluso antes de que se presentara el primer caso dentro de las cárceles. Nosotros no tenemos ninguna otra fuente de verificación de cifras para saber si realmente ha bajado o no en esas proporciones. Si bien, los jueces de ejecución de penas han concedido algunas detenciones domiciliarias o libertades que estaban represadas, las condiciones de reclusión siguen presentando dificultades para guardar el distanciamiento social que recomienda la OMS.
Además, desde adentro de las prisiones se siguen denunciando situaciones que nos llevan a pensar que la forma en la que se está informando sobre el hacinamiento no refleja la realidad por varios factores: uno, ese hacinamiento que presenta el INPEC invisibiliza las problemáticas que hay en las 132 cárceles del país, agregándose que éstas en los distintos centros de reclusión y patios de los mismos se dan con dinámicas muy diversas, pero como se ve desde una globalidad no se ponen sobre la mesa esas particularidades y realidades.
Dos, se crea una separación muy artificiosa de infraestructura y de condiciones de ésta. El INPEC pareciera medir el hacinamiento entre PPL en cada establecimiento y en el número de camas disponibles, eso desconoce por ejemplo la disposición misma de las celdas, de los espacios comunes, que también marcan si esas condiciones de espacio mínimo se están cumpliendo.
Adicionalmente, porque esto tiene un valor importante en las actividades colectivas, de esparcimiento, educación, etc., que además ya se ven afectadas por el sistema carcelario en el que se dan, pues no es un sistema que esté pensado para preparar a la gente para sus vidas en libertad, ni para potenciar sus capacidades, que es lo que se supone que debe hacerse en el marco de un proyecto penitenciario decente.
Por otra parte, con las organizaciones que trabajamos conjuntamente y que nos reportan la situación, no han manifestado que se hayan dado reales condiciones de cambio en la reclusión y que sean consecuencia de esa reducción de hacinamiento.
Pares: La situación ahora en La Picota es la más crítica, a pesar de que desde allí se informó que en mayo la curva de contagio había decrecido. ¿Qué pasa en La Picota?
G.S: En La Picota con el aumento de casos se vio que hay un subregistro de casos. Esto por varias cosas, en las que hay que decir que las personas que mandan a aislamiento ni siquiera cuenta con la posibilidad de comunicarle a sus familiares la situación en la que están, información que no llega de ninguna otra forma a la familia de las personas privadas de la libertad; de un momento a otro se desaparece la gente, no se tiene razón de nada.
Asimismo, hay población con alto riesgo de contagio que no ha sido llevada a lugares especiales para evitar consecuencias fatales. Adicionalmente, también hay otra denuncia y es que hay patios donde hay contagios y la guardia entra a decir –“ustedes verán si se aíslan o no- “, decisión que está marcada por las condiciones en las que se da el aislamiento, por lo que la gente prefiere permanecer en sus patios y tratar de tener medianas condiciones de protección para evitar el contagio de otras personas.
Pares: Desde la emergencia se han reportado cerca de 77 protestas en las cárceles del país. ¿Las exigencias que allí se han hecho han tenido alguna respuesta? ¿Qué puede pasar en los meses siguientes con estos actos?
G.S: Tristemente las respuestas del Estado a las protestas, se podría decir, han sido nulas. Por ejemplo, en los elementos de protección no ha pasado nada. Realmente no se sabe qué es lo que ha pasado para que el índice de mortalidad de personas que han sido contagiadas no sea tan alto como se esperaba. Esto ha ayudado a aprobar el relajamiento de las autoridades del Estado, que no cuidan ni de su propia guardia penitenciaria.
Se prevé que va a haber un incremento de las protestas. Lo que dice la gente literalmente es que –“lo que se respira adentro de las cárceles es miedo a morir por el virus o en una protesta social”-. Sabemos que se están organizando nuevas jornadas, nuevas acciones, buscando que el Gobierno garantice las medidas más básicas de bioseguridad y para que se empiecen a pensar otras alternativas que no sometan a la población reclusa.
Hay que decir que, aunque el INPEC dice que han implementado llamadas virtuales para que los PPL puedan comunicarse con sus familias, los mismos internos nos han dicho que eso es falso, que al contrario se sigue persiguiendo la tenencia de teléfonos personales, que sabemos existen. Estas restricciones, por ejemplo, en La Picota, han provocado que incluso no se les permita asistir a las audiencias virtuales, lo que es desproporcionado y viola los derechos fundamentales de la población reclusa.