Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Desde varios sectores y organizaciones, entre las que está la Fundación Paz y Reconciliación, se ha venido insistiendo y llamando la atención ante uno de los crímenes que la cuarentena no ha disminuido, sino, por el contrario, ha generado mayor riesgo a las mujeres: los feminicidios.
Como panorama de lo anterior, el Observatorio de Feminicidios de Colombia informó que durante el periodo de emergencia sanitaria se han reportado 181 feminicidios (del 16 de marzo al 03 de agosto), siendo junio y julio los meses con más registros con 54 y 50, respectivamente. Asimismo, en junio se dio a conocer que en el país y en lo corrido del año hasta junio se habían cometido 241 feminicidios, en los cuales hay 11 casos cometidos contra migrantes venezolanas, 24 contra menores de edad y, por lo menos, 10 transfeminicidios.
En este punto hay dos escenarios importantes de mencionar. Por un lado, que las anteriores cifras pueden variar respecto a los registros de otras entidades, lo que pone sobre la mesa que, en este tipo de delito, que fue categorizado como feminicidio hace tan solo cinco años con la Ley 1761 de 2015 o Ley Rosa Elvira Cely, hay un problema que no deja de rondar, los subregistros del mismo que se pueden percibir en lo variadas que son las cifras, que, por ejemplo, en el mismo periodo, para Medicina Legal hubo 44 feminicidios.
Esto lleva a cuestionarse ¿por qué en las entidades oficiales los registros son tan bajos en comparación con los de las organizaciones? También lleva a seguir cuestionando al sistema judicial, al que las mujeres deben seguir acudiendo, incluso cuando este se ha convertido en uno de los escenarios revictimizantes y que ha mostrado inoperancia desde los primeros eslabones de violencia contra la mujer, y, por ende, desmotivado la colocación de denuncias.
En este caso se puede traer a colación el caso de Susana Niño Amado, por el que el 17 de marzo la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado interpuso una acción de tutela contra la Comisaría Sexta de Familia de Tunjuelito, la Comisaría Primera de Familia de Zipaquirá, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional de Colombia por estimar vulnerados los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la igualdad, a la dignidad humana, a la seguridad, al libre desarrollo de la personalidad, de acceso a la administración de justicia y al debido proceso.
Esto dado que Niño Amado había alertado sobre la violencia física, psicológica y emocional por parte de su compañero Carlos Andrés Roldán Pachón, hecho por el que en agosto de 2014 recibe una primera medida de protección, la cual es finalizada por orden de la Comisaría Primera de Familia de Zipaquirá en diciembre de 2016 “al considerar que no se volvieron a reportar nuevos hechos de agresión entre las partes”.
Esta decisión fue calificada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado como “no diligente en el seguimiento de esta, pues no tuvo en conocimiento la situación de la denunciante, pues no se desplegó una investigación tendiente a establecer, con certeza, el riesgo de la señora Niño Amado”.
En julio de 2018 se brinda una nueva medida de protección, no obstante, en diciembre de 2019 la Comisaría Segunda de Familia de Zipaquirá considera que el maltrato era mutuo por lo que la medida de protección es brindada a ambas partes. Cita la tutela que para Susana esta determinación es “inadecuada, revictimizante e inefectiva”.
Ante esto la Sala considera que “lo cierto es que dicho despacho pasó por alto los antecedentes del caso concreto y la necesidad de establecer la gravedad de las agresiones y el nivel de riesgo de la hoy accionante, el cual ha sido catalogado por medicina legal como grave, además de las múltiples pruebas aportadas a este proceso que demuestran que el señor Roldán Pachón es «agresivo, manipulador y dominante». En conclusión, la Comisaría Segunda de Familia de Zipaquirá actuó al margen de la perspectiva de género”.
Este caso es una radiografía de los múltiples hechos de violencia basada en género que no son procesados responsablemente con las víctimas, donde brilla la falta de formación en enfoque de género de las y los funcionarios, lo que termina revictimizando y ralentizando la administración de justicia, que acentúa las violencias, incluso dejando de frenar -cuando lo podría hacer- hechos tan graves como los feminicidios que son alertados previamente.
Valle de Aburrá, en alerta por feminicidios
Por otro lado, el siguiente escenario que resalta en este contexto es que Antioquia se ha convertido en uno de los departamentos con más hechos de feminicidios, incluso también es el departamento con más casos de transfeminicidios cometidos en este año. Con lo anterior, también hay que decir que recientemente, -con motivo de la creación de la Línea 123 Mujer Metropolitana, para la prevención de estos hechos violentos-, desde la Policía del Valle de Aburrá se informó que en esta zona en el primer semestre del año se han cometido 15 presuntos feminicidios, de los cuales solo 4 han sido tipificados como tal.
De nuevo, salen dos aspectos importantes que resaltar. Por una parte, que cuando se hace referencia a asesinatos contra mujeres, estos son tipificados de dos formas. Una, a la que hemos hecho referencia – feminicidios-, la cual es categorizada de esta forma cuando el crimen es motivado por el hecho que la víctima sea una mujer. Por otro lado, están los femicidios, que ocurren cuando la víctima del homicidio es una mujer. No obstante, separar uno del otro no deja de ser problemático, pues justamente ante la falta de denuncias previas a los feminicidios, establecer si el asesinato está o no relacionado con causas de género solo sería posible de establecerse con procesos judiciales juiciosos y responsables.
Por lo anterior, es necesario no dejar de lado que en ese rastreo que se hace desde el Observatorio de Femicidios de Colombia, desde su repaso mediático, en el Valle de Aburrá la cifra sobre feminicidios es de 36, de los cuales 4 son transfeminicidios. Estos han ocurrido en Copacabana (1), Bello (9), Medellín (22), Itagüí (1), Sabaneta (1) y La Estrella (2).
Adicionalmente, hay que mencionar, que por lo menos desde lo analizado por el Observatorio, en el Valle de Aburrá, en los últimos meses y desde abril en esta subregión ha habido 5 feminicidios cada mes, ocurriendo a su vez 6 en marzo, 7 en febrero y 3 en enero. De esta forma solo en el último mes – julio-, de los 5 feminicidios registrados, 4 ocurrieron en Medellín y uno en Itagüí.
En estos hechos las víctimas fueron Adriana Alexandra Acosta de 40 años, quien fue asesinada en el barrio Robledo de Medellín por sicarios de quien todavía se desconoce la identidad. Este hecho fue cometido el 05 de julio. Un día después, en el Barrio Enciso, fue asesinada Shantall Escalona de 19 años, mujer trans de quien al momento se desconoce su feminicida.
El 07 de julio un nuevo caso se conocía, se trataba del de Daniela Santa Jaramillo de 23 años, asesinada en el barrio El Porvenir de Itagüí. De nuevo, no se tiene reporte de sus feminicidas. El 16 de julio en el corregimiento de San Antonio de Prado en Medellín Sara Narváez se convirtió en una nueva víctima, y en un retrato más de la poca información que se obtienen luego de estos hechos sobre los feminicidas.
En este mes también se conoció que Marta Cecilia Cano, de quien se había reportado su fallecimiento el 01 de junio por un supuesto accidente en el que cayó de un tercer piso de un apartamento de un tercero, en realidad había sido asesinada.
Así, hay que mencionar que solo en julio se conoce que en 03 de los 05 hechos ocurrieron en vía pública, uno en la vivienda de un tercero y otro más en una zona verde urbana. Esto de nuevo llama la atención sobre los lugares que habitamos las mujeres y la inseguridad que suponen. Un llamado en el que se sigue insistiendo, mientras los feminicidios sean una realidad diaria y mientras cada mes, de nuevo, haya que decir que seguimos en alerta, pero sin obtener ninguna respuesta, ninguna medida que en realidad sea eficaz y efectiva.