Por: Germán Valencia. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia
El pasado 7 de agosto cumplió sus primeros dos años el plan tortuga para la paz. Esta es una estrategia utilizada por el Gobierno Duque contra los que impulsan y apoyan la paz en el país. El Gobierno nacional no quiere avanzar con celeridad en las obras que exige la construcción de este importante bien público. De allí que haya adoptado, como forma de llamar la atención, la ralentización de la implementación del Acuerdo Final.
Los planes tortuga, con los que se quiere recordar el caminar de los quelonios, los adoptan, por lo general, los trabajadores que operan servicios de utilidad pública. Son medidas de inacción o cuasi parálisis que toman aquellas personas que prestan servicios públicos o de interés social. Estos servicios se caracterizan por ser necesarios para toda la población, de allí que sea improcedente una parálisis de la actividad.
Entre las estrategias más utilizadas por los servidores públicos para levantar su voz de protesta esta: hacer las cosas de forma lenta. Con esta actuación buscan defender sus derechos o ampliarlos. Actúen como chicos rebeldes, haciendo las cosas de mala gana, pues, a pesar de que no desean hacerlas las cosas, debido a la importancia de su trabajo están obligados a hacerlas. El plan tortuga significa no poner todo su empeño en ejecutar las acciones.
En Colombia la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Los ciudadanos han establecido la paz como derecho fundamental en el artículo 22 de la Constitución Política, y, en el artículo 95, como deber obligatorio del jefe de Estado. De allí que todo el que llegue al poder debe trabajar en la implementación de aquellas acciones necesarias y convenientes para la construcción de la paz en el país.
El Gobierno ha puesto en último lugar la ejecución de la obra pública de construcción de la paz, ha manifestado su descontento con el Acuerdo, ha desaparecido del discurso del Ejecutivo el tema de la paz. Imagen: Pares.
Dentro de estas actividades está el cumplimiento de los acuerdos de paz. En 2016 se firmó el Acuerdo Final para la terminación del conflicto. Este acuerdo de paz fue refrendado por el Congreso de la República, establecido como artículo transitorio en la Constitución con el Acto Legislativo 02 de 2017 y avalado por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-630 del 11 de octubre de 2017. De allí que sea de obligatorio cumplimiento para el Gobierno nacional.
A pesar de esta obligatoriedad, el presidente Iván Duque no ha querido realizar las actividades necesarias para construir la paz en el país. Desde su posesión, hace dos años, se ha opuesto al cumplimiento de lo pactado en el Teatro Colón. Pero debido al carácter obligatorio de la prestación de este servicio público, ha adoptado como estrategia avanzar con paso de tortuga en la realización del mandato constitucional.
El Plan tortuga del gobierno Duque quedó consignado en dos textos oficiales. Primero en su documento “Paz con legalidad”, donde presentó en pocas líneas su estrategia de implementación del Acuerdo de paz. Este es un documento que se caracteriza por proponer una serie de acciones muy relacionadas con las políticas de seguridad y la lucha contra las drogas ilícitas.
Y el segundo documento es el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022. Donde queda ratificado el enfoque de cultura de la legalidad, convivencia y estabilización que le da a la construcción de paz. Allí el Gobierno Duque deja ver su descontento con el Acuerdo Final, por ello insiste que presentará una reforma constitucional para corregir las fallas estructurales que se han hecho evidentes en la implementación de este.
En ambos textos, el Gobierno Duque hace evidente su desacuerdo con la implementación del Acuerdo Final, sentimiento que hace visible cada vez que puede. Como pasó con las objeciones a la Justicia Especial para la Paz (JEP), donde ratifica el deseo de reestructurar de manera unilateral lo acordado, tal como lo prometió a sus electores en la campaña a la presidencia entre 2016 y 2018. De esta manera desconoce lo acordado y utiliza cada que puede en sus discursos conceptos distinto a la paz como estabilización, legalidad o consolidación.
El Gobierno nacional no quiere avanzar con celeridad en las obras que exige la construcción de este importante bien público. De allí que haya adoptado, como forma de llamar la atención, la ralentización de la implementación del Acuerdo Final. Imágen: Pares.
Entre los efectos inmediatos de esta estrategia de deslegitimación de la paz ha sido los avances insignificantes en materia de implementación del Acuerdo Final. Así lo deja ver el último informe del Instituto Kroc, donde muestra cómo, entre diciembre del 2018 y noviembre del 2019, el avance general de la implementación del nuevo gobierno fue tan solo del 6%, una cifra mucho menor que la de los años anteriores.
En este informe del tercer año de implementación del Acuerdo Final se muestra los pírricos avances en la asignación presupuestal para las inversiones en los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET), la poca efectividad en la entrega de tierras a campesinos, comunidades étnicas y víctimas del conflicto, y la parálisis casi total en los planes de sustitución concertada de cultivos de uso ilícito. Además el rechazo a las curules para las víctimas y la inexistente reforma política.
En conclusión, viene operando en Colombia de manera muy clara y efectiva el plan tortuga para la paz. Son dos años donde se ha avanzado poco en la implementación del Acuerdo Final. El Gobierno ha puesto en último lugar la ejecución de la obra pública de construcción de la paz, ha manifestado su descontento con el Acuerdo, ha desaparecido del discurso del Ejecutivo el tema de la paz, ha redireccionado las inversiones y ha puesto todos los obstáculos que sean posibles para impedir la realización de las obras de la paz.