Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Iniciando 2020 se conoció que el Ejército Nacional estaba realizando seguimientos informáticos ilegales a periodistas, políticos, defensores/as de Derechos Humanos y organizaciones, en los que estaban siendo perfiladas cerca de 130 personas. El hecho fue informado a través de Semana y fue conocido como las llamadas “Carpetas Secretas”.
Con esto, el hecho que se ha producido más recientemente tiene que ver con la decisión que tomó en segunda instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca de ordenar al Ministerio de Defensa entregar a la congresista Katherine Miranda información relacionada con las acciones que tuvieron como resultado los perfilamientos.
“A raíz de este caso yo presenté un derecho de petición muy completo pidiendo al Ministerio de Defensa la lista de quiénes habían sido perfilados, seguidos y chuzados. Lamentablemente el Ministerio no me respondió, por lo que me tocó interponer una tutela que fue fallada a mi favor. Posteriormente, el MinDefensa escondiéndose para no darle la cara al país y seguir ocultando estos hechos, apeló esta decisión, pero finalmente el Tribunal nuevamente me dio la razón y el Ministerio debe responder”, aseveró Katherine Miranda en sesión del Congreso.
Con esto se esperaría que en los próximos días desde el Ministerio de Defensa, y como parte de una veeduría política, responda, entre otras cosas, sobre quién dio la orden de los seguimientos informáticos ilegales, y, además, cómo se financiaron estas acciones. Cuestionamientos en los que se ha insistido desde que se hizo público el caso. El mismo en el que la congresista ha esperado respuesta por parte del Ministerio desde hace tres meses y medio.
“No puede perder de vista el Ministerio de Defensa Nacional, que quien hace la petición es una representante a la Cámara por Bogotá y por lo tanto, la información que esta solicita no solo la requiere en ejercicio de su derecho fundamental de petición, sino para poder ejercer el control político que al legislativo corresponde respecto del ejecutivo; por tanto, las respuestas deben ser suficientemente claras a fin de no entorpecer tal propósito”, indica el fallo.
Hechos que se suman
Además de esta decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, también hay que señalar tres hechos recientes que se deben agregar a lo que ha venido conociéndose sobre los perfilamientos realizados por el Ejército Nacional. Por una parte, hay que mencionar que el pasado 06 de agosto a través de Caracol Radio se dieron a conocer pruebas que tienen en sus manos la Procuraduría en las que se involucran a dos generales, cinco coroneles, tres mayores, un teniente, un sargento y un cabo.
Entre los documentos que están siendo investigados, como lo informó el medio de comunicación, estaría un chat que probaría las órdenes que militares recibían de superiores, incluso recibiendo felicitaciones luego de realizar las acciones. Cita Caracol Radio que el documento de la Procuraduría dice que: “Los chats aportados por el sargento Cadena dan cuenta de la forma cómo el comandante de ciberinteligencia alaba su labor de perfilamiento desempeñada”.
Imágen: documento tomado de Caracol Radio.
Adicionalmente, y en relación con el segundo hecho a mencionar, el medio se hace público que en el documento se hacen declaraciones de la responsabilidad de Nicacio Martínez, excomandante del Ejército. “En uno de los folios, uno de los subalternos que rindió su versión le dice a la Procuraduría que aportó una de estas carpetas de perfilamiento al comandante de la brigada de inteligencia militar al coronel, Juan Esteban Zapata y al comandante de apoyo de combate de inteligencia militar, el general Gonzalo García Luna, y que este le dijo que se la daría al propio comandante del Ejército el general Nicacio Martínez”, advierte el artículo.
En relación con esto, y con las implicaciones todavía irresueltas sobre la responsabilidad de los altos mando del Ejército con los seguimientos informáticos, hay que señalar también que el pasado 29 de julio desde el Senado se dio vía libre para el ascenso de 06 militares, decisión que fue reprochada por el sector de oposición del Congreso, que solicitó que no fueran aprobados los ascensos hasta que se resolviera quiénes estaban relacionados con los perfilamientos.
A esto se agrega que, incluso, los llamados para que el Ejército responda por este caso han llegado desde el Congreso de Estados Unidos, en donde con 295 votos a favor y 125 en contra se promovió, en cabeza de Jim McGovern, que se agregara una adenda (medida para modificar, ampliar, o definir los términos de las obligaciones contraídas) para que antes que el país norteamericano hiciera entrega de ayudas económicas a Colombia, el Gobierno estadounidense indague sobre las interceptaciones ilegales realizadas entre 2002 y 2020.
Lo que permitiría avanzar no solo en las investigaciones de los hechos cometidos recientemente, sino también en las interceptaciones hechas en los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez.
No obstante, y con estos pasos dados, la pregunta sigue siendo si ahora sí se recibirán las respuestas sobre los perfilamientos hechos por el Ejército por parte Ministerio de Defensa, el cual ha brillado por su silencio no solo en este caso, sino también en otros hechos en los que se relaciona a la Fuerza Pública con la vulneración de Derechos Humanos, donde solo durante este año se pueden mencionar abusos sexuales, ejecuciones extrajudiciales, persecución y abusos físicos contra campesinos/as, atropellos contra la población civil, además de los ya expuestos perfilamientos.