Por: Guillermo Segovia Mora. Columnista Pares
La detención domiciliaria de Álvaro Uribe Vélez ordenada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia es un duro golpe contra la hasta ahora intocable figura del polémico y cuestionado líder. Fracasó la presión desde sus huestes políticas, medios y periodistas, que destaparon su corazón uribista, exigiendo a la Corte desde abdicar hasta prevaricar. Intentan convertir el proceso judicial en escenario de una batalla ideológica y arriesgan el argumento venal de que su papel histórico lo absuelve así sea culpable. Su esposa incluso aduce que los magistrados no obraron en derecho sino alienados por el entorno de animadversión, mas que reclamo de dolor un insulto a la judicatura.
Eluden deliberadamente que este proceso inició porque en venganza por un debate en su contra en el Congreso de Iván Cepeda por paramilitarismo, Uribe lo denunció por manipulación de testigos pero las cosas van en quien actuó así fue el expresidente. No obstante la arremetida, la Sala de la Corte decidió por unanimidad, parece tener suficientes elementos de juicio para encausarlo por soborno y fraude procesal y tomó la medida de aseguramiento basada en un cúmulo de evidencias de su manía de traficar con testimonios. La causa seguirá en un ambiente polarizado en el que sus partidarios se negarán a aceptar algo distinto a una absolución lo que, de no ser por circunstancias extra procesales, parece improbable.
Una decisión judicial que debió honrarse por las otras ramas del poder, a la altura de un Estado de Derecho, intentó interferirse por el Presidente de la República mediante juicios personales de valor de pretensiones absolutorias, fue rechazada anticipadamente con una diatriba del partido de gobierno contra los magistrados vinculándola con una lunática conspiración izquierdista -a lo que se sumaron gremios y funcionarios públicos infringiendo el Código Disciplinario- y la amenaza vengativa de una constituyente para acabar con las cortes, con la mira en la que lo juzga y la denostada Justicia Especial para la Paz.
El encierro obligado del caudillo en “El Ubérrimo” es el epílogo de una gloria desvanecida por múltiples actuaciones cuestionables, varias de las cuales cursan en despachos judiciales. En la misma semana que se le impuso detención domiciliaria, un juez ordenó medida similar contra el mas oscuro de sus abogados por los mismos delitos, se produjo la captura de Francisco Antonio Angulo, alias el ‘Piloto’, vinculado con la masacre El Aro y el homicidio del abogado defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, por sentencia del Tribunal Superior de Medellín que también compulsó copias solicitando se investigue la posible participación de Uribe Vélez, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, condenó a la Nación a pagar una millonaria indemnización al senador Gustavo Petro y su familia por la persecución a manos del departamento de inteligencia de la Presidencia de Uribe y decisiones similares favorecieron al exmagistrado Iván Velásquez y a la periodista Claudia Julieta Duque.
Tras medio siglo de consenso de las principales fuerzas políticas en las razones sociales del descontento y de búsqueda de alternativas para una solución política del conflicto armado y con las Fuerzas Armadas cualificadas para una confrontación a gran escala, gracias al “Plan Colombia”, luego del fracasado intento de negociación en el gobierno Pastrana, un desconocido Álvaro Uribe capturó respaldo nacional con la propuesta de derrota militar de la insurgencia, replanteando la conceptualización de sus causas y su carácter político hacia la calificación de terrorismo, en el preciso momento en que los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York pusieron contra la pared las protestas anti estadounidenses y a las fuerzas beligerantes contra sus aliados.
Con un país inclinado hacia la derrota militar de la guerrilla, opción alimentada por un cúmulo de acciones inhumanas y depredatorias y un alto desprecio por la política y encantamiento con las armas por parte de las Farc y el ELN, Uribe logró legitimación para adelantar su estrategia contrainsurgente que, en términos de inteligencia, desmovilizados, bajas, reducción de activos, despeje de zonas, arrinconamiento a las selvas y desprestigio político -junto con la arremetida paramilitar en la que los tribunales indagan la participación de Uribe- , fueron golpes contundentes que debilitaron en forma notoria a la guerrilla, dando un vuelco estratégico a la confrontación. Ese incuestionable logro en la reversión de la correlación de fuerzas hacia las armas del Estado y recuperación de la soberanía en gran parte del país, no pudo ser, sin embargo, el gran triunfo que esperaba Uribe Vélez.
Enceguecido con llevarse el mérito histórico de la derrota de la guerrilla en Colombia, sus dos gobiernos (2002-10) estuvieron salpicados de abusos del ejército, detenciones masivas y arbitrarias, desplazamientos y despojo de tierras, violaciones a los derechos humanos, persecución, espionaje y campañas de desprestigio a sus críticos, magistrados y defensores de derechos humanos, asesinato de opositores con participación de agencias del Estado, envilecimiento del derecho internacional, agresión a países vecinos y el ignominioso caso de los asesinatos de civiles a cambio de dádivas a los militares perpetradores para aumentar el conteo de bajas, como muestra del éxito de la confrontación militar, con miserable desprecio por las víctimas. Uribe pudo haberle causado a la insurgencia el mismo revés estratégico sin haberse llevado de largo el Estado de Derecho, pero su ego tenía afán.
Partícipe de la estrategia y en buena medida sacando partido de los éxitos, como Ministro de Defensa, pero manteniéndose a distancia de los cuestionamientos y fracasos, al lograr la presidencia, Juan Manuel Santos (2010-18), aupado por el uribismo, cambió el rumbo esperado y en lugar de la obstinación con el exterminio de las Farc, advertido de su debilitamiento pero también de que la vía militar era la prolongación por años de un sin sentido, abrió la puerta de la desmovilización mediante un acuerdo sobre condiciones para la renuncia a las armas, medidas sociales para las zonas afectadas y un modelo de justicia restaurativa de gran acogida internacional. La firma del acuerdo de paz con las Farc y el intento con el ELN fue, por encima de la pretensión de la derrota militar, la noticia que premió el mundo. Al parecer -hay testimonios de ello- esa era la puntada final de Uribe pero no alcanzó. El Nobel le correspondió a Santos.
Encantado con su fórmula vencedora, buena parte del país y la institucionalidad le soportó todo a Uribe y aún lo venera, al punto que él se impuso desde su hubris la misión de amasar a Colombia a su imagen y semejanza. Empero, además de la deslealtad con las normas del derecho de guerra y la degradación de los derechos humanos, la violación de la Constitución y los códigos utilizando terceros a quienes premió contra las evidencias criminales, reelegirse con trampa la primera vez, intentarlo reincidiendo en la segunda, favorecer el enriquecimiento de sus hijos, mirar de soslayo la corrupción, sabotear rastreramente los acuerdos con las Farc, armar embelecos ilegales contra sus opositores, querer imponer a sus candidatos con trampas, dividir al país e incentivar el sectarismo, distorsionar permanentemente los hechos a su acomodo, burlarse de los tribunales aparentando acatamiento mientras promueve patrañas y tantos episodios aun no aclarados de su discurrir, son demasiadas sombras éticas como para que sus incondicionales pretendan erguirle pedestales.
Con todos esos antecedentes, hechos probados y varios de sus colaboradores en prisión por los mismos, muy por el contrario a sus ambiciones de ayer, rescatar algo de su legado requeriría un acto de grandeza histórica difícil en un carácter soberbio: acudir voluntariamente a la justicia especial de paz y a la Comisión de la Verdad a esclarecer episodios en los que se lo involucra, lo que sería un gran aporte a la reconciliación nacional. Debería hacer suya la máxima que le espetó al senador Gustavo Petro en el congreso mientras, según denuncia Daniel Coronell basado en escuchas judiciales legales, ordenaba espiarlo y acusarlo falsamente: “una vida sin examen, no merece ser vivida”.