Por: Redacción Pares.
Ariel Ávila, subdirector de Pares y director del programa El Poder de semana TV, reveló algunas cifras del último informe realizado por la Fundación Paz y Reconciliación. En la investigación dirigida por Diego Alejandro Restrepo, se muestra cómo el desplazamiento forzado ha aumentado, al igual que los actos de terrorismo y el número de masacres cometidas contra la población civil. En al menos, seis (6) grandes zonas del país, la situación de seguridad de salió de las manos. Allá, no hay soluciones milagrosas. Será demorada la recuperación de seguridad. Por ejemplo la costa Pacífica nariñense, el sur del Cauca, el Bajo Cauca Antioqueño, norte de Antioquia, sur de Córdoba y Bajo Putumayo están en estado crítico, señaló Ávila.
Esta investigación llevada a cabo por el equipo de investigadores de la Línea de Paz y Postconflicto de la Fundación Pares, indica que la presencia del ELN en Colombia ha aumentado considerablemente y hoy en día es en 167 municipios. En 2018, el ELN tenía un copamiento de 99 municipios, es decir, en los dos años del Gobierno Iván Duque ha incrementado en un 70%. Asimismo los actos de terrorismo en Colombia han aumentado desde 2018.
Por otra parte, las disidencias o Grupos Armados Post-Farc que, en 2018 cuando terminó el gobierno de Juan Manuel Santos operaban en 56 municipios, y según la investigación realizada por el equipo de trabajo de la Fundación Paz y Reconciliación, hoy operan en 113 municipios. Es decir se duplicó la presencia de estos grupos armados ilegales en Colombia, y especialmente en los Llanos Orientales, el Pacífico nariñense, caucano y la zona de Buenaventura. Asimismo, el Clan del Golfo, los Caparrapos y Grupos Armados Organizados tienen el control de alrededor de 200 municipios.
Los departamentos más victimizados por minas antipersonal en 2020, revela la Fundación Pares, son Norte de Santander 19,30%, Antioquia 19,30% y Nariño 18,28%. Efectivamente, estas zonas son donde hay mayor presencia de grupos armados colombianos y es donde se ha generado un recrudecimiento de la violencia. Fundamentalmente, como lo advierte este y otros informes de Pares, estas nuevas conflictividades se dan producto de la disputa territorial por el control del mercado de la producción de cocaína.
Resulta importante señalar que la ausencia de voluntad política del Gobierno Nacional en materia de implementación del Acuerdo de Paz ha desatado efectos negativos. Ya que, como bien lo señala el informe, varias de estas zonas corresponden a territorios donde las FARC-EP hicieron presencia a lo largo de la guerra, y donde luego de la desmovilización se configuraron vacíos de poder que no fueron copados por el Estado, pero sí por grupos del narcotráfico.
Según el informe de ONU, hay una leve reducción de las hectáreas cultivadas de coca sin embargo. Hay más producción de coca. Es decir, con menos hoja de coca se produce más cocaína, explicó Ávila. El control de las rutas del narcotráfico cambió, de manera definitiva, con el traslado de más de 13.000 firmantes de paz de la otrora guerrilla de las FARC-EP a lo que se conocieron como las 24 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y que hoy son Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).
En la denominada transición o pos-acuerdo, el Estado colombiano no logró hacer presencia en zonas neurálgicas como por ejemplo: el Bajo Cauca Antioqueño, el Pacífico nariñense, caucano o chocoano. Sí lo hizo la ilegalidad que, durante estos años, se ha disputado a fuego y sangre los territorios para hacerse al control de las rutas del narcotráfico.
Según esta investigación de la Fundación Paz y Reconciliación, si bien indicadores como el homicidio y el secuestro mejoran, hay un deterioro sustancial en temas de desplazamientos forzados, actos de terrorismo y expansión criminal. «Es claro que el gobierno está confundiendo una política de lucha contra las drogas con un política de seguridad. Un error de principiantes» enfatiza Ávila. Culpar al proceso de paz del deterioro de la seguridad, como lo hace este gobierno del presidente Duque a diario, es sencillamente ir en contravía de las evidencias y de los hechos: es no saber leer los números sobre la seguridad en Colombia.