Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Ayer se conoció que finalmente Margarita Cabello había sido elegida procuradora general de la Nación tras obtener 83 votos en el Senado. En la contienda por el cargo también estaban Juan Carlos Cortés y Wilson Ruiz, quienes contaron con 16 votos y cero, respectivamente. “Muy decepcionante la votación en la elección de la procuradora Cabello, la señora obtuvo 83 votos. ¿De dónde? ¿Cómo votó el Partido Verde? Es feo esto. El uribismo se quedó con todos los organismos de control y en esta ocasión con apoyo de gente de la oposición”, dijo León Valencia, director de Pares, a través de Twitter.
Desde antes que se conociera esta decisión todo apuntaba a que Cabello iba a ser la elegida, pues el aval del partido de Gobierno y sus simpatizantes volteaba la balanza hacia la exministra. No obstante, incluso con este panorama a favor, las alarmas se encendieron por el riesgo que significa Cabello en este cargo. ¿Por qué? Por una hoja de vida con varios cuestionamientos y por el peligro para la democracia que significa una partidaria más del uribismo y por supuesto de Iván Duque.
Cabello en su historial tiene la sombra, como hecho más reciente, la masacre cometida el pasado 21 de marzo, cuando se realizaron protestas en 15 centros de reclusión que terminaron en una tragedia humanitaria, tras enfrentamientos que se dieron en 13 de las 15 cárceles, los cuales causaron, por lo menos, 26 muertos (24 en Bogotá, 2 en Cómbita) y 120 heridos, distribuidos entre la cárcel Modelo de Bogotá (83), Modelo de Cúcuta (36) y Bellavista de Medellín (1).
Ante esto la ahora Ministra salió a decir que el hecho se trató de “un plan criminal de fugas, que fue exitosamente frustrado”. Bajo esto, la acción además de ser prácticamente legitimada institucionalmente también dio paso a que las investigaciones quedaran estancadas. Ahora, la pregunta que secunda esa impunidad que ha habido en el caso es ¿en qué quedará la investigación que abrió la Procuraduría sobre este hecho?
Adicionalmente, Cabello llega siendo una cuota entre los Char y el Gobierno Nacional, pues hay recordar que la exministra fue precandidata a la gobernación del Atlántico en 2011 con el apoyo de Fuad Char Abdala, Iván Name y Roberto Gerlein. También, ha sido cercana al uribismo, nombrándose que ejerció durante tres años (2009-2012) como Procuradora Delegada de la Sala
Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, nombrada por Alejandro Ordoñez.
Igualmente, habría sido por medio del exprocurador que Álvaro Uribe, en el 2009, la incluyó en la segunda terna que presentó a la Corte Suprema para elegir Fiscal General de la Nación.
Incluso durante el periodo de Duque, además de su puesto en el Ministerio, también fue ternada para que la Corte Suprema eligiera un fiscal general ad hoc para investigar tres casos del escándalo de Odebrecht, pues el entonces fiscal, Néstor Humberto Martínez, se había declarado impedido. Cabello renunció a la terna porque existían dudas sobre si estaba habilitada. Como se ha insistido desde Pares, la decisión tomada ayer es un riesgo sobre la protección de Derechos Humanos, así como un riesgo en los procesos disciplinarios de sus padrinos y aliados políticos.
La democracia está en peligro
El anterior es solo uno de los puestos que han llegado con el espaldarazo del Gobierno a la dirección de los organismos de control del país. Lo que pareciera ser un autogol para quienes se rasgaban las vestiduras diciendo en campaña presidencial que el país no podía caer en el castrochavismo, pues justo eso que parecían en su momento defender tanto, es lo mismo que ahora están auspiciando: la centralización de los órganos de control en un solo sector político.
Muestra de esto es que no solo la Procuraduría cayó en esta ‘dinámica’, también lo hizo la Fiscalía; con Francisco Barbosa, quien es cercano al presidente desde épocas universitarias, además, fue uno de los arquitectos jurídicos de las objeciones presidenciales a la JEP, adicionalmente, antes de llegar al ente- en enero de este año-, ejercía como consejero presidencial para los Derechos Humanos.
Suerte similar tuvo la Contraloría, la cual quedó en cabeza de Carlos Felipe Córdoba en agosto de 2018. De Córdoba hay que decir inició su carrera política en las juventudes uribistas, desde donde le hizo campaña para la elección en 2002 del ahora preso Uribe. Tras esto, y tras la victoria electoral del exsenador, Córdoba tuvo su primer cargo público como coordinador de proyección social del programa de la Presidencia Colombia Joven.
Tras varios cargos, durante el periodo presidencial de Juan Manuel Santos, Sandra Morelli, contralora para el momento, nombró a Córdoba delegado de participación ciudadano y en el 2012 lo ascendió a vicecontralor.
Ahora, hace tan solo unas semanas se jugó la suerte de la Defensoría del Pueblo, proceso que también estuvo marcado por los intereses del Ejecutivo, los que dieron frutos con la elección de Carlos Camargo, director hasta el momento de la Federación Nacional de Departamentos, quien ha brillado mediáticamente por hechos como la engavetada en el CNE de la investigación en contra de Óscar Iván Zuluaga por la presunta entrada de dineros de Odebrecht a su campaña, también por su entrega irregular de contratos en el FND, y además, por gastos excesivos con tarjetas de crédito de esta misma entidad.
El pasado 14 de agosto Camargo fue elegido por la Cámara de Representantes con una contundente votación a favor (140 votos), poniendo, como desde Pares se advirtió, el trabajo de la Defensoría en un riesgo inminente.
“Esos son golpes duros a la democracia, son golpes duros para la superación de poderes. Nos avocamos a dos años de un gran sesgo al control de la vida pública, un gran sesgo en la vigilancia de las actuaciones del Gobierno Nacional, y esas cosas tendrán que recaer en organizaciones de la sociedad civil. La sociedad civil tiene una responsabilidad enorme en los próximos dos años para vigilar el poder desde abajo, con todas las limitaciones y dificultades, pero hay que hacerlo, lo vamos a hacer”, concluyó León Valencia.