Por: Laura Cano. Periodista Pares.
El pasado sábado se hizo el lanzamiento virtual de ¿Por qué los matan?, el más reciente libro de Ariel Ávila, subdirector de Pares. Esta publicación llega en un momento en el que la violencia contra líderes y lideresas ha provocado por lo menos 600 asesinatos entre 2016 y 2019.
En la publicación, como contó Ávila a Yesid Lancheros en el marco de la Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro, se identificó, entre otras cosas que “la violencia se convirtió en un mecanismo para tramitar conflictos políticos”. De esto dan cuenta varios escenarios. Por una parte, como un hallazgo de la investigación, que “el 70% de los victimarios identificados son sicarios que ni siquiera saben quién los contrató y el 30% son disidencias de las Farc, ELN, Clan del Golfo, etc.”.
En este panorama hay que señalar que, aunque la sistematicidad no se ve desde quienes cometen los crímenes, sí se hace con quienes son víctimas y en las zonas donde más se cometen asesinatos contra líderes y lideresas. En ese sentido, y en concordancia con lo anterior, uno de los focos donde se concentra esta violencia es en personas que participan política en los territorios.
“Encontré candidatos a alcaldías que mandaban a matar a líderes sociales y que ahora son alcaldes o lo fueron. Encontré disputas entre miembros de juntas de acción comunal, disputas entre despojadores de tierras y reclamantes, etc. En las regiones prefieren pagar a sicarios para que maten a líderes sociales, lo que varía de lo que se vivió hace años, donde se tenían ejércitos privados”.
En este sentido y entendiendo que estos crímenes también van en vía de silenciar, además de quienes participan en política, a reclamantes de tierra y verdad, y gente que se opone a economías ilegales, hay alertas en las que el Gobierno Nacional debería poner el ojo, entendiendo los patrones en los perfiles de quienes son asesinados y las zonas donde se ubican.
Las alertas que propone Ávila se dan en tres sentidos: “El otro año cuando comiencen a salir las sentencias de la JEP, la situación se agravará para los reclamantes de tierra y verdad. Asimismo, el oro subió su precio a 2.000 dólares la onza, cuando hace un año estaba en 1.200. Y, adicionalmente, se aproximan las campañas electorales para 2022. Así ya se sabe lo qué puede pasar y las zonas con mayor riesgo y Duque debería actuar ahí”.
“Hay una masacre de la democracia colombiana”
Esta oleada de violencia, además de las vidas que se está llevando por delante y el dolor que ha producido, también está dejando como una grave consecuencia el deterioro de la democracia. Si bien, como lo expone Ariel Ávila, se esperaba la crisis en algunas regiones del país a causa de la salida de las Farc luego de la firma del Acuerdo, también se esperaba la reacción e intervención del Gobierno para reducir los riesgos. No obstante, ese accionar todavía no se ha dado, el Gobierno sigue sin llegar a algunos municipios donde la violencia se desató.
Con esta ausencia gubernamental y el control de grupos armados ilegales, lo que se está fortaleciendo, como lo conceptualiza Ávila, es un “autoritarismo” en las regiones, autoritarismo que no permite las denuncias, el control político. Y que, además, se agudiza con lo que el autor llama “homicidios ejemplarizantes”, entendiendo que ”ya no matan 40, 50 personas. Matan un líder y callan todo. Es una alerta porque se somete la democracia local y esos homicidios ejemplarizantes terminan callando a toda una zona”.
Catatumbo es la zona más complicada
Ariel Ávila asevera que hay zonas donde ya no hay marcha atrás, donde no hay soluciones milagrosas y en donde los altos niveles de violencia se vivirán, por lo menos, por dos o tres años más. Una de estas zonas es el Catatumbo, que como lo afirma Ávila “es la zona más complicada en cuanto a seguridad. Matan y desaparecen venezolanos indocumentados y nadie toma en cuenta ese fenómeno para las cifras oficiales. (…)
Además, el ELN se apoderó de la frontera y los grupos que allí estaban se pasaron al lado colombiano (…) y como esos grupos no pueden con el ELN cometen violencia muy selectiva en la zona fronteriza para mandar mensajes a sus adversarios y eso es lo que vive en esta región. A esto se suma, algo que no se esperaba y es que el área rural de Cúcuta está llena de coca”.
Economías ilegales, gobierno y narcotráfico
Otro panorama en el que Ariel Ávila hace los respectivos llamados es lo que atraviesa las economías ilegales en el país, actividades donde centran sus esfuerzos parte de los sectores más amenazados por los asesinatos selectivos. Así, hay que anotar varios inconvenientes que de aquí se desprenden.
Por una parte, uno de los problemas que se ha expuesto, incluso desde Pares, es la presencia de carteles mexicanos en territorio colombiano. De allí el autor saca varias apreciaciones, una de las más importantes es que “hay cuatro regiones (Buenaventura, Norte de Santander, Antioquia y la Costa Pacífica Nariñense), donde los carteles tienen emisarios de forma directa en Colombia para tres cosas: comprar cultivos de uso ilícito, para esconderse de las guerras en México, y para lavar activos. Hay emisarios, pero no ejércitos propios. Además, los carteles están pagando con armas, realidad que el gobierno está leyendo de forma equivocada”.
Adicionalmente, hay que decir que respecto a las hectáreas de cultivos de uso ilícito el país sigue con una situación cada vez peor. Con esto, vale la pena señalar que a 1995 se registraban 124.000 hectáreas, hoy hay, por lo menos, 170.000. Todavía con este aumento las estrategias para eliminar estos cultivos siguen siendo las mismas que el primer año señalado: fumigaciones, erradicaciones manuales y echar a los campesinos a la cárcel. “Dos décadas después estamos en el mismo punto. Cualquier Perona concluiría que si luego de 25 años se está peor que cuando se empezó la política pública es un fracaso. Me duele que se siga una estrategia fracasada”.
A esta situación, y a la fijación del Gobierno por argumentar que la erradicación forzada es la solución para las problemáticas que atacan al país en materia de seguridad, se le suma otro panorama que se alerta y es la subida en el precio del oro, lo que lleva a Ávila a decir “que los cultivos de uso ilícito van a bajar por los menos un 20%, no por las fumigaciones sino por el precio del oro. Mucha gente se va a ir a sacar oro en lugar de sembrar coca por el disparo que hay en el precio del oro. Con esto el desastre ambiental va a ser brutal”.
A este escenario que se ve crítico social y ambientalmente por donde se le vea, se le agrega que los esfuerzos del Gobierno siguen centrándose en quienes cultivan, en este caso campesinos/as que son el eslabón de más bajo de la cadena de producción, donde perseguirles solo está desatando un circulo vicioso en el que no se disminuye ningún efecto negativo, y por el contrario se siguen fortaleciendo las cabezas del narcotráfico.
“Hoy un gramo de cocaína en calles de Washington vale 160 dólares, es decir 500 mil pesos. A un campesino de Norte de Santander le pagan por un gramo de pasta base de coca 1.900 pesos. Al campesino que gana eso se le fumiga, se le echa a la cárcel y se le persigue, mientras que no se hace nada contra quienes se quedan con los otros 498.000 pesos”, contó Ávila.
¿Qué puede venir en los próximos años?
Hay que iniciar diciendo que en los dos años de periodo presidencial de Duque, Ariel Ávila afirma que aunque se han hecho acciones, estas han tenido cero impacto, por el contrario solo han servido para mostrar reportes en informes, cifras, etc., mientras que, por lo menos, en 250 municipios del país el panorama de seguridad sigue siendo crítico. A esto se suma el poco interés de los gobiernos regionales por atender los asesinatos selectivos y desincentivar la impunidad que cubre a estos crímenes.
Esto además se ha dado en un escenario donde solo en el último mes se han cometido al menos diez (10) masacres, que como Ávila lo explica se debe a un ‘empate técnico negativo’, el cual se nombra “cuando en una disputa no hay un ganador y se comienza una degradación de la violencia, asesinando población civil para mandar mensajes a los otros grupos y a la gente que habita la zona”.
Con esto como lo prevé el autor “la seguridad va a estar un poco peor de lo que está ahorita, y así estaremos seguramente hasta 2022, por eso la seguridad volverá a estar en la agenda de las elecciones para 2022, donde seguramente estén como mucha fuerza cuatro sectores políticos en cabeza de Alex Char, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Gustavo Petro”.
Por último, y extendiendo la revisión completa de el libro ¿Por qué los matan?, Ariel Ávila plantea que hay tres recomendaciones al Gobierno Nacional para que pare la violencia contra lideresas y líderes sociales: “Uno, sabemos las zonas más afectadas de victimización a líderes sociales, hagamos planes para estos puntos. Dos, sabemos que va a pasar el otro año cuando comiencen a surgir los temas de verdad y sustitución de tierras en la JEP, entonces protejamos esos líderes que trabajan desde ahí. Tres, recuperemos la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad”.